Gobiernos contra el desarrollo urbano
Eloy Garza González

Monterrey.- En México, el exceso de regulación del Estado se corrige con más regulación. Parece una contradicción, pero es cierto. Desde su aprobación en 1993, la Ley General de Asentamientos Urbanos nació obsoleta. Es el ayuntamiento quien decide dónde construir casas habitación o centros comerciales. La planeación urbana es en realidad un instrumento para legitimar abusos y corruptelas de los alcaldes.

Ahora, el gobierno federal entra al quite para frenar las irregularidades de las autoridades municipales al otorgar o negar permisos de construcción, de edificación o de uso de suelo. Pero lo quiere hacer mediante la imposición de una procuraduría urbana que revise, dé reversa o avale los permisos y dictámenes de impacto en todos los municipios del país. Esta procuraduría podrá incluso darse el lujo de clausurar una obra en construcción que, a su modo de ver, o soberano arbitrio, no cubra la reglamentación correspondiente.

Esta propuesta es un aviso de más corrupción y de empalme de instancias burocráticas para los ciudadanos que pretendan abrir un negocio de cualquier giro. Las ventanillas de recepción de expedientes y trámites se multiplicarán y los moches se reproducirán ahora, con la presencia de funcionarios del gobierno federal, escudados en una iniciativa que, de aprobarse en el Congreso de la Unión, rebuscará aún más las gestiones de desarrollo urbano: La Ley General de las Ciudades y el Territorio.

Por supuesto, es también un proyecto burocrático que beneficiará aún más a los desarrolladores apapachados por el  régimen, los constructores favoritos del gobierno federal en turno. No en balde, se olvida intencionalmente que las sociedades abiertas no son las que aprueban más leyes sino las que estimulan más la libertad ciudadana. Pero en México, la casta política es la eterna dadora de privilegios que más pronto que tarde acabarán por hundirnos en el caos urbano, mal endémico que según el propio gobierno pretende combatir.