México y EUA: la frontera que cerrará Trump
Eloy Garza González
Monterrey.- La andanada de ataques de Donald Trump en contra de los inmigrantes mexicanos es una ola expansiva que abarca ya a todos los Estados Unidos. No es una moda represiva cuyo futuro dependa de que Trump gane o no la Casa Blanca. Las políticas anti-inmigrantes llegaron para quedarse.
Son las señas de identidad más vergonzosas de un imperio en decadencia que pretende aislarse de la globalización hasta morir de soberbia y destemplanza.
Fuerzas que apoyan a la patrulla fronteriza como los tradicionales Minutemen se han dividido porque algunas de sus facciones han abogado por un mayor uso de la fuerza, ya de por sí escandalosa. Este es el caso de los Cochise Country Militia, quienes actúan como verdaderos paramilitares contra los inmigrantes indocumentados, portando rifles y escopetas. El silencio de la migra es revelador, aunque sepan que estos grupos paramilitares violan abiertamente la ley.
Leyes estatales de EUA como aquellas que criminalizar el transporte de inmigrantes ilegales, confirman que el racismo y la discriminación van en peligroso aumento, y que antes que azuzadas por la campaña de Trump, en realidad son terreno fértil en donde se cultivan las creencias retrógradas del aspirante presidencial republicano.
El racismo que concentra Donald Trump en contra de los inmigrantes mexicanos se agudiza día a día, en una espiral sin freno que casualmente va en proporción directa al endurecimiento de la política inmigratoria. Las deportaciones selectivas, de quienes eran atrapados como liebres al tratar de cruzar la frontera, han dado paso a operativos claramente paramilitares de limpieza étnica, que emprenden redadas salvajes en empresas e incluso escuelas. Los centros de detención de los servicios de inmigración, son verdaderos hacinamientos humanos que rememoran los campos de concentración nazi. Los detenidos pueden durar meses e incluso años antes de ser deportados y suelen ser sedados como práctica sistemática: toda una violación a la ética médica.
La migra detiene a un indocumentado, le entregan la acusación entre tres y cuatro semanas después de tenerlo preso y se le niega al abogado del acusado el acceso al expediente. Un trato propio de criminales, que viola la sexta enmienda de la Constitución de EUA, que otorga el derecho a la representación legal. Este ejerció inhumano del poder estadounidense provoca la desintegración de familias enteras, la denigración de lis mal llamados “invasores morenos” y el abandono de menores a su suerte en un país ajeno al suyo. EUA no es un país de leyes sino de racismo legalizado.
El trasfondo de este dislate no es ideológico sino comercial. El proceso de privatización de las cárceles de EUA ha beneficiado a dos grandes empresas ganadoras, entre varias otras, que construyen y administran prisiones para The Federal Bureau of Prisions, The U.S. Marshals Servicie y, por supuesto la Inmigration and Custom Enforcement. Me refiero ala CCA y GEO. Para estas empresas, cada preso significa una ganancia de entre 3.5 y 5 dólares diarios, lo cual explica la política de emitir sentencias cada vez más largas contra los inmigrantes. Incluso en las cláusulas del contrato que establecen con CCA y GEO, el gobierno estadounidense se compromete a una cuota determinada de presos mensuales por prisión. Como si se tratara de aportar ganado al rastro. GEO, por ejemplo, administra las cárceles de Guantánamo y la mayoría de las presiones de Texas.
Sigue la ruta de los inmigrantes ilegales y te encontrará con el Departamento de Seguridad Nacional, la border patrol, prisiones con prácticas ilegales y abuso de autoridad. Sigue la ruta del dinero y no sabes con qué te encontrarás. Pero los indicios apuntan a una película de terror y ciencia ficción, que no es más que la pura realidad.
