Declaración “6 de 6”
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Un anhelo de la sociedad mexicana es que México transite hacia una verdadera democracia, donde las leyes se cumplan y los funcionarios y representantes populares ejerzan su función respetando la Constitución y las leyes...
...promoviendo en el ejercicio del poder el bienestar, el progreso y la prosperidad de la nación, estados y municipios.
Abatir la corrupción, cáncer que mina al Estado Mexicano en su conjunto, es ya una tarea impostergable que se debe impulsar con leyes efectivas que combatan este mal desde su raíz. Lograrlo está en las manos de todos, pero especialmente en los poderes Ejecutivo y Legislativo, por tener la capacidad legal que les hemos otorgado con nuestro voto la ciudadanía.
Estamos en el tiempo y en la oportunidad para avanzar en este gran propósito. Los congresos estatales con la pluralidad partidista e independiente que los representan, cuentan con las condiciones ideales para proponer y aprobar leyes que mejoren el sistema nacional anticorrupción y generen nuevos estilos de gobierno a través de:
a).- Crear una Fiscalía autónoma para combatir la corrupción, el abuso y la impunidad en el sector público y en el sector privado.
b).- Obligar a la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses de manera pública y auditable.
c).- Designar a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias en el Poder Legislativo y no en el Ejecutivo.
d).- Recompensar las denuncias sobre corrupción de funcionarios públicos y de proveedores privados de gobierno.
e).- Sancionar a los servidores y a los particulares en el Tribunal de Justicia Administrativa.
De ahí que también propugnemos por la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para que la ciudadanía tenga el derecho de seguir el rastro al dinero público a través de…
a).- Obligar a informar a los partidos, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos, fondos y asociaciones público-privadas.
b).- Fortalecer la autonomía e independencia de la Comisión de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
c).- Renovar los mecanismos para proteger los datos personales y para acceder a la información pública.
d).- Dar el derecho de atracción al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobre los recursos de revisión de trascendencia local.
e).- Estandarizar los procesos de seguimiento y de archivo de información de los sujetos obligados.
Se trata de reformas históricas para combatir la corrupción y para transparentar el quehacer de los gobiernos federal, estatal y municipal, pero que de alguna u otra manera no se han podido concretar, ya que el “atorón” de este asunto radica en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 10 incorpora la esencia de la propuesta “3 de 3”, respaldada por más de 640 mil firmas ciudadanas para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses.
Ahora lo que se pretende es que las declaraciones estén disponibles al público con excepción de los datos personales, con lo cual habría dos versiones de la declaración: una para el público, que no permitiría conocer en forma alguna el monto del patrimonio, ni cómo se constituyó y, otra oficial, que supuestamente si lo detallaría, sin que se publique su contenido.
Dicha medida sería un freno a la exigencia ciudadana de transparentar las declaraciones de los servidores públicos y conocer si son honestos y actúan conforme a la ley. Pero, quien realmente está frenando la aprobación no son los diputados y senadores, sino los poderes fácticos de este país, al oponerse a que los empresarios o inversionistas de asociaciones público-privadas declaren su “3 de 3”, porque para ellos la corrupción es un fenómeno que sale de las instituciones públicas y no están dispuestos a que se señale la complicidad de las élites empresariales en el saqueo del presupuesto público.
Para construir gobiernos honestos, eficientes y democráticos se requiere combatir la corrupción y transparentar la vida pública y privada. Nuestra propuesta va más allá de hacer pública la declaración de servidores públicos y funcionarios corporativos. Proponemos que la declaración sea auditable en caso de denuncia de corrupción e incluya el examen antidoping, el detector de mentiras y los no antecedentes penales para que sea la declaración “6 de 6”.
