ESTADO DE LOS ESTADOS
Crimen organizado en elecciones
Lilia Arellano
Ciudad de México.- Las elecciones de este 5 de junio han presentado situaciones muy particulares al significar partidos políticos de cualquier sigla o manejo –el terreno ideológico pertenece al pasado– un peligro.
Dados sus antecedentes de negociaciones políticas, de penetración de grupos de narcotráfico y sobre la realización de negocios nada claros, plenos de favoritismos. Es pública la venta de candidaturas, sobre todo en lo referente a municipios y curules locales, aunque también llevan como abanderados a quienes les garantizan expansión económica y cierre de inversiones de alto rendimiento o la permanencia garantizada de cacicazgos generacionales.
De las 14 entidades en donde se llevarán a cabo elecciones -12 gubernaturas, una con elecciones intermedias y la Constituyente de la Ciudad de México-, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Veracruz llevan la delantera en ligas con el narcotráfico, secuestro y trata de blancas. Chihuahua en los reportes sobre crímenes. La capital de la República es ejemplo de lo provocado por la contaminación y el mal transporte público así como del daño causado por industrias asentadas en las zonas urbanas. Tlaxcala y Zacatecas están unidas por el empobrecimiento; Oaxaca por el retraso en todos los órdenes. Aguascalientes continúa ocupando el primer lugar en cuanto a la desintegración familiar y el número de madres solteras. Puebla e Hidalgo tienen como denominador común el manejo político con vistas a la candidatura presidencial. Baja California permanece con un flujo inmigrante sin igual y en Quintana Roo se ha logrado exacerbar y dividir a la población en grado ofensivo.
Resaltan hechos y actitudes registradas en la última entidad, en la número uno en el sector turístico, en la significada por el desarrollo y las inversiones hoteleras, la generación de empleos y el crecimiento superior a la media nacional. Un edén acosado por decenas de garras. El lugar ha sido el escenario perfecto para describir las vergonzosas alianzas políticas referidas a pactos secretos, a acuerdos en los cuales no tienen cabida los electores ni ningún ciudadano, de credo o condición social cualquiera. La presencia del matrimonio Calderón-Zavala en apoyo a los candidatos de la alianza formada por el PAN y el PRD, revivió la cadena de traiciones cometidas por el ex presidente y la consigna de ser doña Margarita la candidata blanquiazul a suceder a Enrique Peña Nieto.
Según versiones de los protagonistas recogidas por Álvaro Delgado, durante el desempeño del actual titular del Ejecutivo Federal al frente del gobierno del Estado de México, se llevó a cabo una reunión en la cual Felipe Calderón solicitó el apoyo del priísta para lograr vencer a Andrés Manuel López Obrador quien, un par de semanas antes del día de la elección llevaba una clara delantera. No queda claro si Vicente Fox dio la bendición para tal reunión o fue producto de su idea. En esa entrevista el mexiquense se comprometió a darle los votos suficientes al michoacano para llegar a la presidencia, sabedor de la derrota y la ubicación en un tercer lugar ocupada por el candidato de su partido, Roberto Madrazo.
Es clara la expedición de una fuerte factura por cobrar y el tiempo de hacerlo llegó seis años después, justo cuando Calderón abandonó a Josefina Vázquez Mota, la rodeó de calderonistas fieles al cumplimiento de los compromisos de su jefe, por lo cual no dejaron pasar un solo día o un evento en donde se desaprovechara la oportunidad de hundir a la candidata panista. La perversión de la ejecución de estos actos llegó al extremo de acordar, junto con el triunfo, el apoyo suficiente para ubicar a doña Margarita Zavala de Calderón en las boletas electorales del 2018, fuese cual fuese el escenario. El comportamiento de traición de panistas y perredistas ha sido permanente y clave en la selección de candidatos, sobre todo en aquellos en los cuales se conjuntan.
Un claro ejemplo de lo anterior lo revela “El Amasiato” en la exitosa propaganda lanzada por el pequeño y reducido grupo de seguidores de la Vázquez Mota: “Peña no cumple”, frase cuyos resultados dieron muchos puntos de desventaja al considerado “puntero” de la elección. El argumento para retirarle se basó en la desviación de las preferencias del voto, misma presentada como de apoyo al tabasqueño y no a doña Josefina como se pretendía. Sólo el hecho de retirarla llevó al panismo a un tercer lugar muy, pero muy, alejado del primero y segundo prácticamente empatados. De esa forma, EPN se convirtió en el “ángel guardián” de los Calderón y, las pruebas ofrecidas giran en torno a la impunidad por desapariciones y crímenes, la libertad de Genaro García Luna y de otros operadores tanto en seguridad como económicos del ex presidente.
Las frases sostenidas en la última y primera entrevista concedida por Peña Nieto al diario La Jornada advierten la posibilidad de escenarios totalmente distintos a los hasta ahora previstos para la elección del 2018 y uno de ellos podría ser la aparición de doña Margarita con un registro ajeno al panismo. El recorrido por las 13 entidades referidas de la ex pareja presidencial no tiene lecturas diferentes a las advertidas con relación a buscar el apoyo de políticos y empresarios en preparación para la participación comicial, basada ésta en todo tipo de compromisos, incluidos, por supuesto, los de tipo económico. Es de rigor necesario hacer ver las componendas gestadas detrás del telón de los participantes solos o en alianza por ese partido.
Esa pretendida guerra contra el narco calderonista fortaleció significativamente al clan de un incapturable Joaquín El Chapo Guzmán Loera, curiosamente fugado en el sexenio de otro panista, de Vicente Fox, de ahí lo mal visto y las dudas entre los ciudadanos sobre la limpia participación de candidatos panistas en relación con las mafias en busca de plazas tan atractivas como las relacionadas con el impulso y desarrollo turístico. En relación directa con el abanderado del PAN-PRD en Quintana Roo, la exhibición con esta pareja no le ha resultado de beneficio, como tampoco el aparecer al lado de Agustín Basave quien, como él, fue –y tal vez es- de los grandes beneficiados del priísmo. Su paso por el tricolor incluyó la presidencia de la Fundación Colosio y otras posiciones desde la cuales, dice, se ubicó en la “izquierda”, la misma con la cual se siente satisfecho de unirse a la derecha.
Tampoco lucirse con el tabasqueño Arturo Núñez, con todo y la permanencia en Quintana Roo de miles de originarios de esa tierra le suma electores. La expulsión de su tierra natal ante la inseguridad, secuestros y hambruna reinante, habla por sí sola del rechazo hacia quien prometió restablecer el “edén perdido”. No parecer de utilidad el respaldo de un gobierno fallido y menos aún de uno inserto en la delincuencia como es el de Morelos encabezado por Graco Ramírez, cuya última hazaña ha sido impedir a toda costa sean identificados los 116 cadáveres encontrados en una ilegal fosa común utilizada por sus funcionarios del área de seguridad y justicia. Las versiones extraoficiales hablan de al menos 150 cuerpos. El gobierno de la capital de la República no es ni de cerca el mejor ejemplo, menos aún cuando ha quedado demostrada la incapacidad de establecer la seguridad restaurada por su ex jefe, el “carnal” Marcelo, o de retirar los transportes urbanos contaminantes o marcar las líneas fuera de los automotores.
Sin el menor recato MAM ha iniciado la labor “chantaje” sobre perredistas al señalar participará como “independiente” si los “chuchos” no lo abanderan. Queda clara la existencia de personajes sin necesidad de enemigos, ellos mismos son su más feroz adversario. Carlos Joaquín con esas compañías no puede brindar la seguridad en todos los órdenes perseguida por los quintanarroenses, menos aún cuando pretende la supervisión del Ejército el día de la jornada electoral, lo cual va en contrasentido con quienes le han manifestado su apoyo otorgando días de salario y descuentos a quienes acudan a las urnas. Los uniformados, sabido es, inhiben la participación en los comicios y, particularmente, en éstos en los cuales se recurre a excesos provocadores de la ira femenina, como se ha visto en los reclamos por el comercial en donde se hace gala de premiación sexual a quien cumpla con emitir su voto. Son las últimas pifias de una derrota calificada de “anunciada”.
A lo anterior puede sumársele el renglón delitos electorales. En este aspecto, la FEPADE señala a Quintana Roo junto a Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, como entidades en donde se suman por cientos las denuncias. Son mil 195 las presentadas y de ellas 250 prenden “focos rojos”. Los delitos van desde el acondicionamiento de programas sociales y la compra de votos hasta el llamado “turismo electoral”, referencia dirigida a aquellos votantes ubicados en un sitio que llegan a votar a otro y sobre el cual pesa el 29 por ciento de señalamientos. Y en este número, además de las entidades mencionadas, aparece la delegación Coyoacán como la más demandada. Habrá de recordarse: la FEPADE no persigue a los partidos políticos ni a los gobiernos sino a las personas físicas, a las señaladas por cometer los ilícitos denunciados.
Habrá de verse lo oculto detrás de cada rostro, de las participaciones llenas de deseos de servicio en las cuales se ocultan componendas, acuerdos, tratos como los referidos, causantes de muchos de los males actuales, de los sufridos lo mismo en las personas de manera individual, o en las familias, en la seguridad y en los bolsillos, en la conservación del patrimonio, del empleo, del mejor futuro.
IMPUNIDAD
La crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual la tiene en riesgo de despedir a 40 por ciento de su personal, cancelar las visitas a países del continente y suspender las audiencias previstas para julio y octubre, golpeará directamente a México, en donde fácilmente pudieran elevarse los niveles de impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, los cuales podrían dejar de tener un puntual seguimiento de la opinión pública internacional. Los casos Tlatlaya y los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa son ilustrativos.
En términos generales, la débil vigencia del Estado de Derecho en varias naciones del continente americano enfrenta un riesgo más por esta crisis financiera de la CIDH, uno de los principales factores de contención de las autoridades en materia de derechos humanos y de seguimiento puntual a los mismos. El peligro inmediato es mayor retraso en responder a las víctimas; que quienes soliciten medidas cautelares queden en la desprotección, además de la incapacidad de los comisionados de realizar visitas, lo cual contradice los discursos pro derechos humanos de los presidentes de la región. Ahora, la miopía y mezquindad de los estados americanos pueden fácilmente elevar los niveles de impunidad en toda América Latina.
La CIDH recibe una parte sustancial de su presupuesto, casi 5 millones de dólares, de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando requiere casi 30 millones de dólares para su adecuado funcionamiento. Las aportaciones de los países de la región son de apenas 214 mil dólares, por lo que es indispensable elevarlas. México dejó de pagar sus cuotas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pagar la asistencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Iguala, aseguró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo del organismo. “En 2014, México le dio a la CIDH medio millón de dólares. En 2015, le dio al GIEI un millón 250 mil y este año dio 750 mil. De los 2 millones que le dio al GIEI, no fueron recursos para la Comisión, o sea la Comisión dejó de recibir medio millón de dólares”, precisó Álvarez Icaza.
Por lo que toca a nuestro país, este año, la austeridad del gobierno federal no tocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la cual se le asignó un gasto total de mil 546 millones de pesos, apenas superior a los mil 465 millones que le fueron destinados en 2015. Por la crisis de la CIDH están en riesgo los procesos en curso por violaciones a los derechos humanos, como en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya en México, donde esta Comisión ha desempeñado un papel fundamental en el análisis de varios casos de violaciones graves a los derechos humanos. El de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es el que más atención internacional ha recibido, pero no es el único.
Al involucrar a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado en la administración de Felipe Calderón se corrieron muchos riesgos, entre ellos la violación a derechos humanos de la población por parte de los uniformados, la cual está en la impunidad. Ahora bien, “las tareas de combate a la inseguridad y el combate al crimen organizado no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos, el prevenir que en el desarrollo de estas tareas se presenten violaciones a los derechos fundamentales adquieren particular relevancia, pues los costos ante la opinión pública y ante la sociedad sobre estos hechos son muy grandes”, como lo destacó Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
“Los problemas que se susciten en nuestras filas –cuando se presenten denuncias por violaciones a los derechos humanos-, los resolveremos de frente, dando la cara, con acciones firmes y hechos contundentes”, respondió el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina, durante la firma de un convenio de colaboración con la CNDH. Si en el cumplimiento del deber se incurre en excesos, pondremos a disposición de las autoridades correspondientes, a quien quebrante la ley, “ya que ello empaña o podría disolver la misión encomendada”, resaltó.
Y sin embargo, la impunidad persiste.
MISERIA
En el primer trimestre de 2016, un millón 64,000 personas se sumaron a la pobreza salarial en el país, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza aumentó 1.1% en ese periodo. El porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta básica alimentaria con los recursos que obtienen por su trabajo se ubica en 41.7% entre enero y marzo, de acuerdo con información del observatorio México ¿cómo vamos? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra a 32 millones de trabajadores mexicanos en diferentes niveles de miseria, pues su ingreso resulta insuficiente para adquirir la canasta básica.
El aumento de la pobreza salarial fue producto del estancamiento real del ingreso laboral por persona en el primer trimestre de este año, el cual se ubicó en 2,046 pesos, el mismo de hace un año. El ingreso nominal tuvo un avance de 6% en ese periodo, pero fue contrarrestado por el incremento de 6.1% en el precio de la canasta básica alimentaria. En las últimas tres décadas, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario en México es cercana a 80 por ciento. Actualmente, para poder adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) se requiere un salario mínimo mensual de 6 mil 403.80 pesos, sin considerar otras necesidades de la familia como transporte, pago de renta, energía eléctrica, gas, agua, vestido, calzado, salud, educación o esparcimiento.
DE LOS PASILLOS
Durante la semana que concluyó el viernes 20 de mayo, las reservas internacionales de México cayeron en 330 millones de dólares. Los activos internacionales del país se ubicaron en 177 mil 323 millones de dólares el viernes pasado, reportó el Banco de México… Esta caída fue producto principalmente de la compra de dólares realizada por el gobierno federal al Banco de México por 52 millones de dólares, y a la disminución de 278 millones de dólares al cambio en la valuación de los activos internacionales que maneja el instituto central…
Ola de violencia en Veracruz. Los cuerpos desmembrados de cinco hombres fueron localizados en la autopista que une a la entidad con la capital del país. Al lado de los cadáveres fueron dejados dos mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos del país y que se disputa con Los Zetas y el Cártel del Golfo el control de la región para el trasiego de drogas, la extorsión y el secuestro… Apenas el domingo pasado, un grupo de sicarios atacó un centro nocturno de Xalapa y causó la muerte de cinco personas y lesiones a 13 más…
El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, fue citado a declarar como testigo el próximo 15 de junio en el juicio abierto contra Elba Esther Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada. De no asistir a la cita, sin una causa justificada, se ordenará el uso de la fuerza pública para obligarlo a comparecer, advirtió el juez Alejandro Caballero Vértiz en la notificación. Desde hace 21 meses, Gordillo ha requerido el interrogatorio judicial de Díaz de la Torre, pero no lo ha conseguido porque éste litigó con un amparo su citatorio.
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