Manos Unidas por Nuestros Niños
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- El domingo 5 de junio no solamente habrá elecciones en doce Estados de la República Mexicana, sino también actos de protesta pacífica en varias partes del país en memoria de los 49 bebés que perdieron la vida y más de 100 que resultaron heridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
No sorprende que ante la coincidencia de las fechas, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora adelantó las sentencias que purgarían 19 ex servidores públicos estatales, municipales y encargados de la Guardería, por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
A siete años de aquel incendio fatal, el juez federal dictó que Nohemí López Sánchez, quien fuera jefa del Departamento de Guarderías Subrogadas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibiría la pena máxima de 29 años de prisión.
En tanto, César Arturo Leyva, delegado del IMSS en Sonora, así como Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretario de administración de la Guardería, alcanzarían una pena de 28 años de prisión. Misma sentencia para el director de Protección Civil de Hermosillo, el director y el jefe del Departamento de Bomberos, el director de Inspección y Vigilancia Municipal y el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil.
A los directivos de la Agencia Estatal de Control Vehicular y de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, se les aplicarían 20 años por ejercicio indebido del servicio público y por uso indebido de facultades. Cabe decir que tres supervisoras de guarderías del IMSS resultaron absueltas.
Todo lo anterior, como resultado de las 100 denuncias recibidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y las once averiguaciones previas que abrió por los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009.
El año pasado señalamos en esta columna, que la PGR ejerció acción penal contra un total de 22 presuntos responsables en enero del 2015. Nueve meses después, el Juez emite su fallo contra 19 inculpados que actualmente se encuentran libres bajo fianza y pueden impugnar el fallo ante el Tribunal Federal de Apelaciones, el cual podría modificar la sentencia.
Legalmente ninguno de los acusados puede ser detenido hasta que se dicte la resolución en una última instancia, que puede ser de un Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil se mantienen en pie de lucha por la justicia y contra la impunidad, ya que para los padres y las madres de las víctimas faltan varias autoridades entre los sentenciados.
Se trata de una justicia a medias, pues autoridades como Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora y Ernesto Gándara, ex alcalde de Hermosillo, permanecen intocables. Más aún cuando Manos Unidas por Nuestros Niños, la organización creada por los familiares de las víctimas, entregó desde mayo del 2013 un documento a la PGR, donde sostienen que el incendio fue provocado en la bodega de la Secretaría de Hacienda, contigua a la Guardería, para destruir documentos de una deuda millonaria del ex gobernador, a través de un programa de obras llamado Plan Sonora Proyecta.
La solicitud concreta de Manos Unidas es que se abra una línea de investigación sobre tres personas que, presuntamente, bajo las órdenes de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam Félix, secretario técnico del entonces Gobernador, habrían iniciado el fuego.
De los socios de la Guardería ABC, sólo Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido están condenados, pero contra los dueños Alfonso Escalante Hoeffer y Gildardo Urquidez Serrano, no se ha actuado, mientras que Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima de la ex primera dama y ahora aspirante presidencial, Margarita Zavala, fue exonerada en enero del 2012.
A todo lo anterior debemos decir que la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo de la Infancia y Adolescencia, mejor conocida como Ley ABC, sigue sin ser homologada por la mayoría de las Entidades Federativas, incluyendo Nuevo León.
Mientras la prestación de servicios no cumpla con las disposiciones y ordenamientos de la Ley sobre infraestructura y equipamiento, seguridad y protección civil, salubridad e higiene, licencias y permisos, pero sobre en cuanto a educación, salud y nutrición, estimulación temprana y desarrollo infantil, tampoco habrá justicia a la memoria de los bebés ABC.
