Gobierno abierto y transparente
Lupita Rodríguez Martínez

 

Monterrey.- Desde el 4 de mayo de 2015 cobró vigencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación como reglamentaria del Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley establece –ni más, ni menos–, los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.

Se trata del derecho de la ciudadanía para pedir y recibir información de cualquier servidor público o funcionario que maneje el dinero del pueblo; es decir, la facultad popular para ejercer un gobierno abierto y transparente.

Debido a este cambio federal y a poco más del plazo de un año que marca la Ley General, en Nuevo León se aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tomando en cuenta que en febrero de 2015 se armonizó el Artículo Sexto de la Constitución Política del Estado con su similar de la Constitución Federal.

Como ciudadana mexicana y habitante de Nuevo León, la esperanza nuestra es que la Ley sirva para mejorar todas las funciones y los servicios públicos, a través de la administración eficaz y eficiente del erario público y mediante la calidad y la innovación de la gestión pública.

Esperamos que con la nueva Ley se eviten dudas en la interpretación de las obligaciones que tienen los sujetos obligados en cuanto a:

a).- Los principios para garantizar que la ciudadanía ejerza el derecho de acceso a la información pública y a la transparencia gubernamental en la rendición de cuentas;

b).- Las bases y la información de interés público que cualquier autoridad o dependencia debe difundir proactivamente;

c).- Los procedimientos y las condiciones para regular el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procesos sencillos y expeditos;

d).- El apego a la cultura de la transparencia en la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas a través de políticas públicas y mecanismos que garanticen la máxima publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

e).- El pleno respeto a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas, con el fin de contribuir a consolidar la democracia directa y,

f).- Los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva  aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Es importante destacar que tanto la reforma constitucional como la nueva Ley convierten a los partidos políticos en sujetos obligados directos en materia de transparencia y acceso a la información pública.

A partir de ahora las dirigencias nacionales, estatales y municipales de los partidos tienen la obligación de cumplir con las nuevas responsabilidades de transparencia y rendición de cuentas como entidades de interés público.

Será un cambio profundo en la actividad político partidista frente a una sociedad más demandante y exigente, que no sólo quiere conocer cómo se gastan los recursos públicos, sino también cómo se toman las decisiones en cada partido que recibe dinero del pueblo.

Con la configuración del nuevo Sistema Nacional del Transparencia, la ciudadanía podrá y deberá ejercer libremente su derecho de acceso a la información pública, con reserva de los datos personales y de la vida privada, así como desarrollar la cultura de la transparencia, del conocimiento y de la rendición de cuentas y, con todo ello, generar una mejor calidad de vida.

Por todo lo anterior, en el Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía y asumimos el cumplimiento cabal de tales responsabilidades, puesto que la transparencia y el acceso a la información pública no son una moda, sino un mandato constitucional y legal.