¿Quién votó por la reforma educativa?
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- El paquete de las llamadas “reformas estructurales” promovidas por el gobierno de Peña Nieto y apoyadas incondicionalmente por las cúpulas de los partidos firmantes del Pacto por México, han quedado en la historia como los grandes traidores de la Patria, al despojarnos de los bienes estratégicos más importantes que garantizaban nuestra independencia y soberanía, tales como lo son el petróleo y la energía eléctrica.
La reforma educativa fue parte de dicho paquete de reformas, impulsada sediciosamente por el grupo de ultraderecha Mexicanos Primero, fundado por Televisa hace 10 años, siendo los promotores de la denostación y del diario linchamiento de maestros y maestras en los noticieros de televisión y en la gran mayoría de los medios masivos de comunicación, difundiendo su “versión” de la educación y del trabajo docente, endosando culpas ajenas al magisterio que tenía que ver con prácticas y manejos turbios del SNTE.
Queremos reiterar que la reforma educativa, aprobada el 8 de diciembre de 2012 en San Lázaro, no pasó por el rigor que ameritaba una reforma constitucional de tal envergadura.
Pasó por un Congreso de la Unión comprado, cooptado, sometido y comprometido con la élite gobernante y con los poderes fácticos. Es decir, sin discusión, sin consulta y sin considerar a los maestros y a las maestras como principales actores protagonistas del proceso de la educación.
Para la aprobación de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, de 500 votos se contabilizaron 424 a favor, 39 en contra y 10 abstenciones. Los únicos diputados y diputadas que votaron en contra fueron los del Partido del Trabajo y del Partido Movimiento Ciudadano.
Lo mismo sucedió en Nuevo León el 31 de enero de 2013, al someterse a votación la minuta de la reforma constitucional en materia educativa en un período extraordinario, donde de 42 votos se contabilizaron a favor 20 del Partido Acción Nacional (PAN), 15 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y un independiente. Pero, con seis votos en contra, tres del Partido Nueva Alianza (PANAL), dos del Partido del Trabajo (PT) y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La reforma educativa es en el fondo una contrarreforma laboral, administrativa y punitiva, que pretende privatizar la educación, así como embestir o eliminar los derechos laborales de maestros y maestras.
No plantea una trasformación de la educación, ya que no propone un nuevo modelo educativo que eleve verdaderamente la calidad de la educación a través de una reforma integral que contemple planes, programas y metodologías de enseñanza-aprendizaje, basadas en las innovaciones científicas y tecnológicas más avanzadas.
La reforma educativa tampoco contempla, ni desarrolla un sistema de perfeccionamiento magisterial, mediante el cual se profesionalice y se actualice al docente, incrementando sus competencias y destrezas, así como disminuyendo sus desventajas y debilidades, formación que a la par debe ir con el otorgamiento de incentivos laborales y mejoras salariales.
De frente a quienes sostienen que la reforma educativa no es punitiva, repasemos lo que dice el texto adicionado en la fracción III del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…
“La Ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y las condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación”.
¿Cómo transitar hacia la calidad educativa? Cuando primero se requiere que las niñas y los niños coman bien, que las escuelas mejoren y que a los padres y madres de familia no se les traslade la responsabilidad de sufragar los gastos de la escuela por la llamada “autonomía de gestión”, lo cual es lo mismo que privatizar la educación.
Por ello, reiteramos nuestro respaldo a las demandas centrales del movimiento magisterial: a).- la abrogación de la reforma educativa por ser anticonstitucional y de carácter administrativo, laboral y punitivo para los trabajadores de la educación; b).- la transformación de la educación, mediante el más amplio debate y consenso plural tendiente a lograr la calidad educativa y, c).- el cese de la represión y de todo acto que afecte derechos laborales.
