El basurero de mentiras y burlas
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Si no atendió en forma cabal y plena el llamado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición forzada en Iguala, Guerrero, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, ¿qué más podemos esperar del gobierno federal de México?
A dos años de la desaparición de los jóvenes normalistas, se reconfirma que se trata de otro crimen de Estado cometido en nuestro país, donde los asesinatos, las desapariciones y las torturas son hechos cotidianos y se mantienen en la impunidad, pues la Procuraduría General de la República sigue inamovible en su “verdad histórica” del basurero de Cocula.
Es decir, la monumental mentira de “los detuvieron, los secuestraron, los mataron, los incineraron, los trituraron, los embolsaron y los arrojaron al río San Juan”, del ex procurador Jesús Murillo Karam, quien para rematar sostuvo que no hay ni una sola prueba que involucre al Ejército y que la investigación se cerrará hasta que todos los responsables sean castigados.
La justicia de mentiras y burlas no solamente es para madres, padres, familiares y amistades de los alumnos desaparecidos, sino para todo el pueblo mexicano, con la reciente decisión presidencial de renunciar a Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal y horas después designarlo como secretario de la Comisión Nacional de Seguridad, una vez que se revelaran sus presuntas actuaciones irregulares en la construcción de la “verdad histórica”.
El movimiento de Tomás Zerón sobrevino después de que la revista norteamericana Science publicara la confirmación del experimento de José Torero, experto en incendios de la Universidad de Queensland y ex integrante del GIEI, sobre la imposibilidad de que los normalistas hayan sido incinerados y sus restos óseos triturados, con base en la inspección del basurero de Cocula y en las evidencias recolectadas por la PGR en el sitio.
Para quienes año tras año salimos a las calles a demandar justicia por las matanzas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 ocurridas en Ciudad de México, así como por la matanza de colonos del 18 de febrero de 1976 en Monterrey, la lucha debe seguir hasta conocer la verdadera verdad sobre los estudiantes desaparecidos.
Ahora más que nunca, la lucha debe seguir con más fuerza para que el Estado Mexicano ponga a las víctimas en el centro de toda la acción de la justicia y esclarezca la verdad sobre los hechos ocurridos.
Es una legítima demanda popular que el Estado vuelva a investigar y dé a conocer la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes, sancione a todos los responsables conforme a las reglas del debido proceso y garantice su derecho a la reparación integral.
Gracias a la atención y cooperación de muchas organizaciones del mundo sobre el esclarecimiento del caso, así como a la lucha de ong’s y grupos de la sociedad civil del país, es como se ha evitado la injusticia e impunidad del gobierno federal, obligándolo a afrontar este tipo de crímenes violentos y de corrupción gubernamental.
Por ello, hay que exigir que se abran las líneas de investigación recomendadas por el GIEI, sobre todo las pesquisas relacionadas con el papel y la responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales, tema en el cual el Gobierno se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras la desintegración del GIEI y la salida de sus integrantes.
No olvidemos tampoco exigir justicia para las familias de las seis personas asesinadas y la decena de heridos antes de la desaparición forzada, pues también a ellas de les debe asegurar justicia y reparación de daños.
Garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias, implica superar muchos retos estructurales y combatir la impunidad en este grave caso de lesa violación a los derechos humanos.
Del actual gobierno federal podemos esperar que siga huyéndole a la verdad, debido a la corrupción e impunidad que impera en el sistema de justicia. Pero, no puede seguir engañado a todo el pueblo y apostándole a que el tiempo borre otra atrocidad contra los derechos humanos, cuando sabe la respuesta sobre quién cometió el crimen de Estado y por qué.
