La traición de PAN y PRI desde el Congreso
Jesús González Ramírez

Monterrey.- Es una vergüenza: los coordinadores de diputados del PAN y PRI en el Congreso de Nuevo León dicen que “no hay prisa” para hacer, o modificar, las leyes que harían operativa la Ley de Participación Ciudadana ganada después de 13 años de lucha; ojalá en el 2018 la población lleve al Congreso a personas que sí la representen y dé la espalda a estos partidos.

Miren, la ley de Participación Ciudadana con Revocación de Mandato entra en vigor en la primera quincena de noviembre, es decir, en menos de un mes, y el Congreso de Nuevo León no ha aprobado las reglas por medio de las cuales, tú y yo, vamos a poder rechazar un acto del gobernador o presidente municipal, o bien aprobar o rechazar una ley o reglamento; también no le corre prisa por hacer la reforma constitucional con la cual se podría ya ejercer el derecho a la Revocación de Mandato o, en otras palabras, a quitar a alcaldes, diputados o gobernador si consideramos que no la están haciendo o que afectan los intereses de la población. Es grave, muy grave; aun piensan que pueden manipular y engañar.

La semana pasada acudimos al Congreso y entregamos un escrito para exigir que se diera rapidez a la aprobación de estas leyes secundarias; el Congreso lleva 5 meses y, salvo una o dos diputados, no se han puesto a trabajar en ello; el escrito lo recibió el presidente del Congreso en persona, Andrés Cantú, y se comprometió a dar una respuesta apoyada por lo que llamó “argumentos técnicos” este miércoles 19 de octubre. El caso es que se les pasan los días y de las leyes pendientes no se ve claro.

Yo propondría que, al siguiente día de entrar en vigor la ley, solicitáramos dos consultas, una estatal y una municipal: la estatal, para que la población decida entre los proyectos que buscan dotar de agua al área metropolitana de Monterrey y entre todos decidamos el menos costoso y más eficiente; la municipal en aquel municipio donde el reglamento de tránsito sea más dañino para la población y así echarlo abajo.

Al pedir las consultas, amparados en que la ley ya entró en vigor el estado, tendrían que hacerlas y obligaríamos al Congreso a aprobar las leyes pendientes, o entraríamos en una crisis, porque el estado nos negaría un derecho ya ganado.

Hay que hacerlo, enseñarles a mandar obedeciendo.