INTERÉS PÚBLICO
Duarte y la propiedad privada de lo público
Víctor Reynoso

Puebla.- Hace treinta años Gabriel Zaid publicó su ensayo “La propiedad privada de las funciones públicas”. Es título es una definición de la corrupción política. El contenido del ensayo es no solo testimonio de que desde los ochenta el tema, la corrupción, ya estaba en el centro de nuestra agenda pública.

Es también un buen análisis del problema, que explica a la corrupción como sistema y la distingue de otras formas de corrupción, como la personal o tradicional. Treinta años después la corrupción es más notable que antes. Si no mayor, al menos sí más visible. ¿No ha cambiado nada? ¿Estamos en el mismo punto que en 1986?

Es mucho lo que ha cambiado. La agenda contra la corrupción se dejó de lado, por varias razones. Quizá porque es un problema más complejo de lo que se piensa. Quizá porque simplemente ha faltado la voluntad política para combatirlo: Fox y Calderón no quisieron o no pudieron hacerlo y Peña Nieto no parece tener el mejor perfil para enfrentar el uso privado de las funciones y los bienes públicos.

Pero entre las razones hay que señalar que el país se centró en otros cambios. Concretamente el cambio electoral. No fue fácil pasar de un sistema de “partido casi único” a otro donde el acceso al poder se decide en las urnas. Cuando se empezó a hablar de este cambio, en la segunda mitad de los ochenta, muchos creyeron, creímos, que el cambio electoral sería el cambio que traería todos los cambios. “Buscad la democracia electoral y todo lo demás se os dará por añadidura”.

Algo de razón tiene el argumento. Un sistema autoritario difícilmente es un sistema de transparencia y rendición de cuentas. Por definición es un sistema opaco, donde los gobernantes pueden actuar con discreción. Los sistemas democráticos, con elecciones libres y competidas, hacen más probable la transparencia y la rendición de cuentas. Y con ello es más probable detectar y combatir a la corrupción. Son la base y el fundamento para ese combate.

Pero un sistema con elecciones competidas no asegura el fin de la corrupción. Lo hemos visto en México hasta el hartazgo en los últimos lustros. Se requiere algo más: el “entramado institucional” de transparencia y rendición de cuentas por medio del cual detectar y castigar el uso privado de los bienes públicos.

Algo se ha avanzado. En el sexenio de Fox se fundó el Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy INAI), a iniciativa de un grupo de ciudadanos. Sin la transparencia que genera una institución como esta, no hubiera sido posible evidenciar algunas de las obvias malversaciones en las que incurrió Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz.

Hay también una prensa más libre y más crítica que la de los años ochenta. Y una sociedad más preocupada y ocupada en estos temas. Falta mucho por hacer en todos estos ámbitos, pero los cambios son claros y positivos.

Otro cambio respecto a los años ochenta del siglo pasado es la descentralización del poder. Hoy los gobernadores tienen mucho más poder que antes. Anteriormente estaban subordinados, de manera informal pero clara, al presidente de la República. No se llegaba a gobernador contra la voluntad del presidente en turno. Los casos en los que los gobernadores “pedían licencia” o eran retirados del cargo al enfrentarse al Ejecutivo Federal fueron relativamente numerosos, hasta el sexenio de Salinas inclusive. Hoy ya no existen. Duarte se fue semanas antes de concluir su mandato y por otras razones.

Hoy los gobiernos de los estados tienen acceso a un presupuesto mucho mayor al que tenían en el viejo régimen. Lo que da mayor oportunidad para generar bienes públicos. O para convertirlos en bienes privados, como parece que ha ocurrido con varios gobernadores.

Mientras persista la impunidad, mientras las sanciones sean solo en los medios y en la opinión pública, la corrupción continuará. Sólo cuando se generalice la aplicación de la ley a quienes han abusado de sus cargos para beneficiarse personalmente de los recursos públicos se irá disminuyendo la corrupción. Tenemos ya una opinión pública que lo demanda, leyes adecuadas, instituciones pertinentes. ¿Falta voluntad política?