LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Propaganda política
Edilberto Cervantes Galván

Monterrey.- El proceso electoral de 2006 concluyó con una evaluación negativa de la actuación de varios de los agentes políticos y de los poderes fácticos. Las violaciones fueron graves y así se reconocieron, en particular las del entonces presidente, Vicente Fox. Sin embargo, el criterio o justificación para no anular la elección fue que no había manera de medir el impacto de las violaciones a la ley en la votación específica de los candidatos. El escenario para la guerra sucia electoral de aquel entonces fueron los medios electrónicos y en particular la televisión.

La diferencia de votos entre Felipe Calderón y López Obrador fue tan reducida, en términos porcentuales, que cualquiera de las violaciones que se produjeron podría haber sido suficiente para  modificar el resultado de la elección. También se señaló que las estadísticas de votos, al irse dando a conocer los resultados, siguieron un patrón que reflejaba la aplicación de un algoritmo en el procesamiento.

Como todo aquello fue un ejercicio en desaseo, la reacción de príístas y perredistas, por lo menos, fue que había que modificar la ley electoral a fin de limitar el uso faccioso de los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión. La reacción de las televisoras no se hizo esperar, amparándose en una defensa de la libertad de acceso a los medios y  de la libertad de expresión trataron de echar atrás  cualquier medida que afectara sus intereses. En el proceso electoral de 2006 las televisoras y las radiodifusoras obtuvieron ganancias del orden de los dos mil millones de pesos. 

La disposición más determinante  en la nueva legislación electoral fue la de prohibir la compra de tiempo para mensajes políticos en radio y televisión y la asignación de espacios gratuitos en el tiempo que corresponde al estado para la difusión de spots de los partidos y de los órganos electorales. Este nuevo régimen de propaganda política se aplicó por primera vez en las elecciones de 2009.

Con estos ordenamientos se limitó el negocio de las radio-televisoras (un sector en el que no hay competencia sino concentración de frecuencias en pocas manos) aunque hay quienes afirman que de alguna forma logran evadir las restricciones mediante “acuerdos comerciales” de los que no siempre hay documentación.

De otro lado, la legislación vino a configurar con precisión los contornos de una cultura de la propaganda política basada en el spot: mensajes cuya duración se limita a treinta segundos. En este caso, como en otros de la política, la forma es fondo (decía el maestro Reyes Heroles) o bien aquí el formato es fondo. Además la ley expresamente impide que esos espacios se puedan acumular como para ofrecer verdaderos ejercicios públicos de análisis y debate.   

En abril de 2012 ya empezamos a experimentar el inicio del bombardeo de lo que serán millones de spots transmitidos hasta en 48  minutos diarios de cada estación de radio y televisión. Esta cultura del spot no es más que la consecuencia lógica del enfoque de marketing político que sigue  prevaleciendo como modo de hacer campaña político-electoral.

Se delimitó el uso de los espacios, que al fin de cuentas son meras concesiones del estado, pero se profundizó en el modelo de campaña basado en los criterios de mercadeo; aquí no importa el fondo ni la profundidad con la que se traten los temas, lo relevante es acreditar la diferencia entre los productos que ofertan los partidos. ¿Que cómo se hace la diferenciación? Empaque, diseño gráfico, color, sabor, ventajas de uso.

En lugar de frases cortas, con poses estudiadas en cursos exprés de actuación y con voz que busca impresionar, lo relevante sería conocer con claridad las diferencias ideológicas y de filosofía de gobierno, de cada candidato y partido. Lo demás es lo de menos.