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1039 18 Abril 2012

 

HORIZONTE CIUDADANO
Gobernanza en medianía
Rosa Esther Beltrán

Saltillo.- La gobernanza supone una interacción compleja entre diferentes actores políticos, es válido incluir en esta categoría elementos como la necesidad de transparencia, la lucha contra la corrupción, o la situación económica, ya que éstos afectan a la sociedad en general y son además determinantes en la formación de un consenso por parte de la sociedad civil, influyendo, tanto en la legitimidad y viabilidad del poder político como en la capacidad de influencia de las formas de autorregulación social sobre el Estado y el gobierno. En la concepción moderna de gobernanza la participación ciudadana es fundamental.

A cinco meses de iniciada su gestión, los poderes de Coahuila se muestran entrampados, incompetentes. La lentitud con la que procesan y responden a las situaciones de urgencia que se presentan a la sociedad local revela falta de visión, ineficacia para dar viabilidad y asegurar la gobernanza.

La problemática más candente sigue girando en torno a la seguridad pública. Aunque las páginas de los diarios locales y los medios electrónicos aparecen saturadas de información política por las campañas, los hechos delictivos ligados a la delincuencia organizada siguen presentes, sobre todo en la Región Lagunera.

La información sobre los mil 700 desaparecidos y el reconocimiento por parte del Ejecutivo de que es previsible que las cifras de desaparecidos aumenten, es muy grave, cabe preguntar, ¿qué hizo la administración de Humberto Moreira al respecto? Es imposible pensar que lo desconociera, puesto que Rubén Moreira se refiere a que están recibiendo denuncias de desapariciones de otros tiempos.

Por otra parte, el reciclaje de funcionarios de medio pelo de la administración pasada muestra la falta de cuadros que den el ancho para el tamaño de los problemas que vive el estado.

Para muestra un botón. El aparato de justicia del Estado mostró el grado de penetración de la delincuencia organizada cuando los hermanos Torres Charles fueron denunciados por presunto involucramiento en una red de protección a delincuentes, ya que presuntamente Humberto daba protección a los delincuentes a cambio de un pago mensual de 300 mil pesos.

Por si fuera poco, la PGR integró una investigación para desarticular la red  que operaba en Coahuila, en la que participaron funcionarios y ex funcionarios federales y estatales como Jorge Luis Valbuena Flores, Enrique González Nava y Humberto Torres Charles  por los que se ofrecían hasta tres millones de pesos como recompensa a quien aportara datos útiles que permitieran su localización y detención.

Además, Rubén Moreira permitió que Humberto Torres Charles renunciara sin dar explicación alguna, ah, pero eso sí, el gober proclama a voz en cuello que “no tolerará la impunidad”.

El sistema judicial estatal está impregnado de una impotencia procesal que además presenta altísimos niveles de corrupción. Por eso ahora que don Rubén nombró a Homero Ramos Gloria como Procurador General de Justicia del Estado, miles de cejas se levantaron con la exclamación de ¿what? Y es que muchos recuerdan cuando Ramos Gloria quería ser diputado local, pero olvidó que al haber sido consejero electoral la ley le impedía tal promoción; un olvido así resultaba absurdo en un jurista. Pero ahora llega al más alto cargo del Poder Judicial estatal.

Igualmente, el reciente nombramiento  de Armando Luna Canales como ombudsman, muestra un acentuado surrealismo político, ya que el que fuera Secretario de Gobierno con Humberto Moreira, también fue el que en el 2008 propuso la implantación de la pena de muerte en Coahuila y a nivel nacional y además informó que Coahuila ya estudiaba si los delincuentes mayores deberían ser muertos en la silla eléctrica, en la cámara de gas o con una inyección letal, pues ahora este sujeto es defensor de los derechos humanos de los coahuilenses.

Por eso es oportuno el amparo presentado por la organización Claridad y Participación Ciudadana A.C., argumentando que con ese nombramiento se violó el Artículo 102 de la Constitución, que establece que ese funcionario debe ser nombrado mediante consulta pública, además de que la cercanía de Luna Canales con la familia Moreira y su pertenencia al PRI le resta imparcialidad en el ejercicio de ese cargo.

Muchas decisiones del don Rubén tienen un marcado tinte kafkiano, pero por fortuna contamos con instrumentos legales para defendernos de las arbitrariedades.

Posdata
Telmex sigue siendo un dolor de cabeza para los usuarios de Infinitum; la lentitud y las fallas se suceden con mucha regularidad en ese sistema; se llevan un premio en ineficiencia.

 

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pq94

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