ANÁLISIS A FONDO
¿Leyes protectoras?
Francisco Gómez Maza

Protección a activistas y periodistas
Aprobada, la Ley General de Víctimas

Ciudad de México.- Al cuarto para las 12, como se dice en lenguaje coloquial, los diputados aprobaron dos iniciativas muy importantes ─aprobadas antes por el Senado de la república─, que ciertamente no servirán para parar los asesinatos y revertir la inseguridad pública, pero que, como lo reconocen muchos, son un buen comienzo: la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y los Periodistas.

Ambas reformas eran esperadas en el salón de sesiones tanto por representantes de la llamada sociedad civil, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como por los periodistas que cubren las actividades legislativas, y los gremios de trabajadores de la prensa, que hoy fueron clausuradas, luego de que los diputados cubrieron el trámite de aprobar y mandar al Ejecutivo, para su publicación, las leyes mencionadas, entre las que también discutieron la ley contra el lavado de dinero.

La Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas sale en momentos en que aún está fresca la noticia del viernes del asesinato de la reportera veracruzana Regina Martínez, y aunque ninguna de las dos leyes parará los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas etcétera de que son víctimas tanto la población en general como los activistas pro derechos humanos y los periodistas, dan cierta certidumbre jurídica. De perdida, hay ya mecanismos que alientan la defensa de los derechos humanos.

Con la aprobación de la ley de protección se ubica a los responsables de cuidar de la seguridad de activistas y periodistas, o por lo menos de estar pendientes, y las autoridades ministeriales no tendrán ya pretextos para no investigar e ir al fondo de los hechos criminales. De alguna manera, la creación de estos mecanismos legales, aunque aún queda pendiente la elaboración de los reglamentos, da cierta certidumbre a la actividad de activistas y periodistas.

La Ley General de Víctimas contiene un sistema integral de atención, en el que se cruzan el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición de los delitos. Esta ley cubre también a los defensores de derechos humanos y periodistas, como tales.

Gracias a la Ley de Víctimas será establecido un Registro Nacional de Víctimas, que tan sólo en 2011 sumaron unas 70 mil en todo el país, víctimas de diferentes delitos. Asimismo, se establece un presupuesto inicial de 270 millones de pesos para la creación de un fondo de atención a víctimas.

Tal fondo será enriquecido con bienes decomisados, bienes producto de la Ley de Extinción de Dominio, bienes abandonados, bienes producto de la delincuencia organizada que son subastados, con las fianzas que se hacen efectivas, con las multas, con los intereses del propio fondo y por donaciones.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU saludó inmediatamente la aprobación de la ley de víctimas y la de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

La aprobación, el día de hoy, por el Congreso de tales leyes constituye un paso significativo para empezar a revertir la situación de precariedad creciente que enfrentan las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, así como las valiosas personas comprometidas con las causas de la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en México, dijo la ONU en un comunicado repartido en la propia sala de prensa del palacio legislativo de San Lázaro.

En la promoción y elaboración de ambas leyes participaron miembros y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de consolidar el reconocimiento a la dignidad de las víctimas y al papel crucial que tienen laws personas que defienden los derechos humanos y las que ejercen labores periodísticas.

A desfondo. El periodo de sesiones de la LXI Legislatura fue clausurado ayer. El pleno nombró a una nueva mesa directiva que está en manos del Partido de Acción Nacional, así como a los diputados integrantes de la Comisión Permanente que sesionará de ahora a finales de agosto en el Senado de la República.

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