Magistrados sin experiencia al Tribunal Administrativo
Efrén Vázquez
Monterrey.- La razón se encuentra secuestrada en el Congreso local. Así se demostró con los nombramientos del “novísimo” Tribunal de Justicia Administrativa, pues en contra de los tratados internacionales que México ha firmado para el combate a la corrupción, el órgano legislativo, en las leyes que crea, no sólo ha ignorado las directrices establecidos por la ONU y la OEA para hacer “efectivo” el combate de este fenómeno (del que se nutre, dicho sea de paso, la delincuencia organizada y común), sino que estimula su crecimiento.
Una de las fuentes de corrupción más peligrosa, porque alimenta las raíces de otras fuentes de corrupción y porque es prácticamente imposible demostrar, es la que se genera en los órganos de aplicación del derecho. Ésta recibe el nombre de corrupción judicial. La corrupción judicial es como el gas natural: no se ve pero todos la sienten y percibe su mal olor. A ésta se refirió José María Luis Mora, uno de los constructores de la nación mexicana, diciendo que: “De todas las injusticias, la más odiosa, la menos tolerable, es la que se comete con formas jurídicas, y precisamente por quienes la ley faculta a impartir justicia”.
Y para abatir la corrupción, considerada ahora como asunto de la comunidad internacional, no de cada nación, la ONU y la OEA han establecido, como directrices de política jurídica, que los funcionarios públicos, entre ellos los del poder judicial, sean designados con base a “principios de eficiencia y transparencia” y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. Parte de estas directrices, en lo que se refiere a las consultas públicas, sobre todo de los expertos de la materia de que se trate, concuerdan con los lineamientos del artículo 26 de la constitución federal, que no se respetó en la designación de los referidos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Pero las leyes y la constitución de Nuevo León caminan en sentido contrario. Esto es, en contra de la razón y de lo razonable, ya que para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa no se necesitó ser experto ni tener experiencia en derecho administrativo. No se demandó, tampoco, de criterios objetivos para evaluar capacidades, experiencia y formación de quienes aspiran a esos honrosos cargos. Se requirió, por lo que se ve, sólo de la gracia de los personeros de la política.
Y si no hay conocimientos, formación y experiencia en la materia que se ha de decidir sobre los derechos de los justiciables, ¿cómo esperar que haya independencia y autonomía en los magistrados de dicho tribunal?; ¿cómo esperar que se produzca la realización de la justicia? El saber, la formación y la experiencia, que son tres cosas muy distintas, son el primer requisito para que pueda haber libertad y autonomía en un juez.
Tampoco en el proceso de designación hubo transparencia. Tan es así que el proceso de designación fue duramente cuestionado por el Colegio de Abogados de Nuevo León, por no haberse hecho consultas públicas, como lo establece el 26 constitucional y las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Corrupción.
A propósito, una prueba más de que desde hace buen tiempo la razón está secuestrada en el Congreso del Estado, es que de acuerdo al 26 constitucional, las consultas públicas para la designación de estos altos funcionarios son obligatorias. Claramente se establece como directriz del desarrollo de la cultura jurídica, política, económica del Estado mexicano, entre otras, que el Estado organizará un sistema de planeación democrática. En franca oposición a esta directriz que ha desobedecido el Congreso local, el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que las Comisiones podrán (esto es, si les da la gana), a través de la Directiva, convocar a foros u otros eventos de consulta popular.
Salvo uno de los designados como magistrado con base a normativas inconstitucionales, que al parecer tiene una antigüedad de dos años en ese órgano de justicia administrativa, los demás que fueron designados no tienen ni conocimientos, ni experiencia, ni formación en materia administrativa para ser magistrados.
Entre los designados hay quien sabe de derecho notarial, penal, mercantil, etcétera; pero salvo la excepción referida, no se les conoce como especialistas en materia de derecho administrativo; y esto es muy grave, no sólo porque en Nuevo León hay juristas expertos en derecho administrativo, hasta con doctorado, sino porque a estos mismos juristas se les viola flagrantemente el derecho humano a acceder a los cargos públicos en condiciones generales de igualdad.
Que quede claro: no estoy hablando deshonestidad de ninguno de los magistrados designados. Estoy hablando de su falta de formación, conocimientos y experiencia en materia administrativa. Estoy hablando del peligro de que caigan muy fácil en prácticas corruptas, porque el legislador, consciente o inconscientemente, ha creado normativas que facilita ese tipo de prácticas.
Estoy hablando de que ya es tiempo de que México deje de ser un país de improvisados. Estoy hablando de que hay que abandonar la política de “echando a perder se aprende”. Estoy hablando, sin pretender lastimar sentimientos de amistad que tengo con casi todos los designados como magistrados, de que nos pongamos a pensar sobre nuestras incongruencias.
Queremos un México diferente en el que podamos caminar por las calles sin miedo a ser atravesado por una bala asesina. Pero para vivir en un México diferente, primero tenemos que ser diferentes nosotros.
Ser diferente cuesta mucho. Y no queremos sacrificar nada para vivir en un México diferente, menos una oportunidad que nos brindan los poderosos. Y seguimos haciendo lo mismo, siempre lo mismo.
Luego entonces, no nos lamentemos de la inseguridad que nos asfixia, porque con nuestras acciones generamos el estado de cosas de las que todos los días nos quejamos.
