Lo público y lo privado
Víctor Orozco
Chihuahua.- El artículo 27 de la constitución mexicana establece: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”.
Amargas experiencias debieron ocurrir para que este principio se inscribiera en la ley fundamental del país. No sólo aquí, sino en todo el mundo. La propuesta inicial de colocar límites al poder de los dueños del capital, vino de los trabajadores y de los luchadores sociales.
Anarquistas, socialistas, republicanos radicales, comunistas, advirtieron muy pronto que la fuerza de los grandes propietarios avasallaba y subordinaba a todo otro interés, incluyendo el colectivo o de las naciones en su conjunto. Las viejas demandas obreras: jornadas máximas, salarios remunerativos, derechos de sindicación y de huelga, prohibición del trabajo infantil, pago de salario igual por trabajo igual, son también limitaciones al uso y abuso de los grandes poseedores de la riqueza social.
Al parejo de la depredación ejercida sobre la fuerza de trabajo, devorando las energías incluso de los niños, las empresas capitalistas se convirtieron en devastadoras de los recursos naturales de los pueblos. Hombres, animales, montes, ríos, mares, yacimientos minerales, petrolíferos: todo estaba allí para ser explotado sin barreras, hasta agotarlo, siempre en función del supremo objetivo, el de maximizar las ganancias.
¿Son estas palabras tan sólo ecos del pasado? ¿Constituyen una admonición obsoleta? Ni una ni otra cosa. En cualquier país o región del mundo, se sigue debatiendo en torno a la primacía de un interés sobre otro: o el privado o el de las colectividades. Hay ejemplos extremos y dramáticos, como el caso de Somalia, nación arrasada cuya población se muere de hambre y cuyos mares costeros eran hasta hace poco ricos hábitats de múltiples especies marinas.
Aprovechando la debilidad del gobierno y las divisiones internas, las flotas europeas tomaron posesión de esta riqueza primero y luego convirtieron a estas aguas en albañales para volcar allí miles de toneladas de desechos tóxicos, desde basura nuclear hasta la generada en los hospitales. ¿Quién se los podía impedir? Cuando unos pocos de los pobladores se armaron y secuestraron alguno de los barcos-basureros o pesqueros, medios de comunicación occidentales los hicieron famosos llamándolos “piratas de Somalia”, contra quienes se enviaron luego tropas francesas y españolas, para proteger a los saqueadores y a las cargas de la muerte. Como ésta, se pueden contar cientos de historias en los cinco continentes.
El gobierno de Argentina expropió a la antigua empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), uno de los emblemas económicos latinoamericanos, la cual había sido vendida a la (dizque) española Repsol en su mayor parte, durante 1999, dentro de la ola privatizadora que en aquellos años arrastró entre otros países al nuestro y al de los argentinos. El argumento sencillo y central de la presidenta Cristina Fernández consiste en que los accionistas privados de YPF cada año se quedaban con la tajada de león repartiendo las utilidades de la empresa y reinvirtiendo unos cuantos dólares para su indispensable expansión, necesaria a su vez para satisfacer las necesidades energéticas del país: “Entre 1999 y 2011 Repsol ganó utilidades por 16 mil 450 millones de dólares, de los cuales se quedó con 13 mil 246”.
En otros términos, de cada peso generado por los 13 mil 500 trabajadores de su plantilla, en Argentina, los dueños de la empresa se asignaban bonitamente ochenta centavos y medio. El resultado ha sido el creciente desabasto de hidrocarburos, que obligó a importarlos pagando el año pasado nueve mil 397 millones de dólares, con el consecuente desequilibrio en la balanza de pagos, al que la presidenta llamó gráficamente “vaciamiento” de los fondos sociales.
La expropiación argentina constituye un acto de Estado, de legítima defensa de los intereses nacionales. Provocó el alineamiento de fuerzas políticas ya esperado: el gabinete derechista español, los europeos protectores de las empresas trasnacionales, el de los Estados Unidos, las diversas agencias internacionales administradoras y cuidadoras de los tenedores de acciones.
En México, se apresuraron a condenarla el presidente Felipe Calderón, así como los candidatos Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. La política económica ejecutada por el primero ha cumplido invariablemente con las exigencias del gran capital y el proyecto de los segundos se ciñe también a los intereses de éste. Durante el último cuarto de siglo los gobiernos mexicanos priístas y panistas, se han creído a pie juntillas o han aparentado creerlo, que postrarse ante el gran capital, entregarle recursos naturales, la fuerza de trabajo atada de pies y manos, convertiría a México en el emporio de los inversionistas, del empleo, de la buena vida.
El resultado de este sometimiento incondicional a las tesis del neoliberalismo (al cual deberíamos buscarle ya otro nombre, pues la palabra “liberalismo” viene de una prosapia histórica asociada a la conquista de libertades, en tanto los seguidores de la Thatcher y de Reagan, sus dos adalides de mayor renombre, promueven como única libertad la de explotar sin piedad a sus semejantes), ha sido la caída de los salarios, el empobrecimiento de un número cada vez mayor de mexicanos, el deterioro y destrucción del medio ambiente en un grado desconocido y últimamente, como una consecuencia indirecta, la escalada de violencia y crimen.
Pocos gobiernos ha sido tan dóciles como el mexicano a los dictados del gran capital: transferencia de utilidades sin restricciones, bajos impuestos, salarios ínfimos, uso y abuso de recursos naturales sin cortapisas. Y todavía, a ello se le agregan las facilidades obtenidas por medio de los sobornos a los altos burócratas, como los perpetrados por los ejecutivos de Wallmart y puestos en evidencia gracias a periodistas norteamericanos la semana pasada. Esta empresa (que opera bajo múltiples siglas: Wallmart Supercenter, Superama, Suburbia, Vip’s, Sam’s Club y Bodega Aurrera) según el candidato Andrés Manuel López Obrador, obtuvo ingresos por 400 mil millones de pesos de los cuales pagó apenas el dos por ciento por concepto de impuestos, la quinta o la sexta parte de los cubiertos por un asalariado medio.
El poder de las trasnacionales es inversamente proporcional al de las sociedades donde se implantan. Allí donde existe una colectividad fuerte, consciente de sus intereses, con instrumentos para salvaguardarlos, los grandes depredadores no pueden actuar con impunidad. Uno de estos instrumentos, el de mayor importancia, es la existencia de un Estado comprometido con la sociedad, integrada su clase política por hombres y mujeres con visión de largo plazo, alejada de estos horizontes estrechos de los políticos oportunistas, prontos a los sobornos, desde las pequeñas coimas hasta los encumbramientos por hechura de los medios de comunicación.
El artículo 27 de la constitución sigue allí, como síntesis de las lecciones recibidas a lo largo de siglos y como proyecto histórico para la nación mexicana. Es el mismo principio aplicado por los argentinos para defender sus recursos y hasta el de la desesperada acción de los “piratas de Somalia”. ¿Qué harían con los nuestros estos candidatos presurosos a doblegarse, si llegan al palacio nacional? Josefina, rápida como Calderón, declaró una barbaridad, aun antes de pedírselo: “Lo último que yo tendría en mi agenda como presidenta de México sería el camino de la expropiación, mi camino es el de la libertad”. La expropiación, una institución constitucional y un procedimiento jurídico empleado por los Estados... opuesto a la libertad. Ignorancia supina y riesgosa. Aparte, ¿cuál libertad? ¿De quién? Y todavía dice en su slogan que es "diferente". Quizá en la tosquedad de los juicios.
Ni modo, hoy, aunque a varios intelectuales “modernos” ─en realidad, resonadores de antiguallas conservadoras─ les parezca arcaico, el interés de México está en el compromiso con este principio: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público...”
