ANÁLISIS A FONDO
Política laboral menos injusta
Francisco Gómez Maza

Propuesta de la OCDE
A falta de pan, buenas…

Ciudad de México.- Suenan más “razonables” (conste que entrecomillo), dentro del modelo de libre mercado imperante en México porque por el momento no hay otro menos injusto, las recomendaciones clave en materia de política laboral “sugeridas” por la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico (OCDE) al nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.

La Organización espera un panorama sombrío: que la tasa de desempleo en México continúe por encima de los niveles previos a la crisis, especialmente por el debilitamiento de la recuperación económica en los demás países miembros de ella.

Por lo mismo, la entidad supranacional advierte que se requieren importantes reformas orientadas a fomentar el empleo formal para que el mercado laboral contribuya a elevar el nivel de vida de los trabajadores y a consolidar un crecimiento incluyente.

Lo más preocupante por el momento para el fisco es la economía informal o subterránea, submundo en el que se han refugiado millones de trabajadores para quienes no hay oportunidades en la formalidad, que no pagan impuestos por miles de millones de pesos.

Al respecto, si bien el empleo informal ya era elevado antes de la crisis, después de ésta se incrementó aún más y en mayor medida que en recesiones previas. Inicialmente, este fenómeno se debió al descenso del empleo formal, derivado a su vez de la caída en la demanda de las exportaciones por la caída de los mercados del exterior.

Posteriormente, el aumento del empleo informal reflejó sobre todo la incorporación de trabajadores procedentes del sector formal que perdieron su puesto de trabajo, además de otros desempleados que buscaban compensar la disminución del ingreso familiar. Aunque a partir del segundo semestre de 2011 la tasa de empleo formal mejoró ligeramente, está lejos de recuperar el nivel que tenía antes de la crisis.

La caída del empleo formal afectó especialmente a los jóvenes y a los poco calificados, en su mayoría varones, en comparación con otros grupos de población en edad de trabajar. A pesar de que el empleo formal se contrajo 5% en general, para esos trabajadores la caída fue dos y hasta tres veces más fuerte. Este fenómeno refleja la relativa vulnerabilidad de los trabajadores del sector formal, son poco calificados y que tienen contratos temporales, los cuales cuentan con poca o ninguna protección social, por lo que suponen costos relativamente bajos de contratación y despido.

Según informes de la OCDE, el crecimiento de la informalidad revela que son insuficientes las medidas de apoyo al ingreso con que cuentan los trabajadores que se quedan sin empleo. De hecho, México es el único país de la OCDE que carece de un sistema de protección por desempleo. Pese a que los trabajadores del sector formal que pierden su puesto de trabajo y tienen una cuenta de ahorro para el retiro pueden disponer de esos fondos, en la práctica las condiciones para hacerlo son muy restrictivas. Por ello, la Organización advierte que la creación de un seguro de desempleo debe tener la mayor prioridad en la política del mercado laboral. Podría diseñarse con base en un sistema de ahorro individual y combinarse con una aportación pública, de acuerdo con las recomendaciones de la OCED.

Esta organización sugiere reformar la ley del trabajo, pero para fomentar el empleo formal y el crecimiento de la productividad. Propone las siguientes acciones:

Aumentar los incentivos para el empleo formal, integrando los diversos sistemas de atención a la salud y haciendo que el componente subsidiado del Seguro Popular dependa del ingreso de las personas. Ampliar la cobertura de la seguridad social y el acceso a servicios tales como vivienda y guardería.

Fortalecer las medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, como parte de una estrategia integral para alentar a los trabajadores informales a registrar sus actividades.

Simplificar el régimen tributario, que no ofrece incentivos para contratar trabajadores poco calificados. El gobierno podría considerar la posibilidad de volver obligatorias las aportaciones a la seguridad social de los trabajadores independientes, especialmente en el caso de quienes tienen ingresos superiores a cierto nivel.

Promover contratos temporales y de tiempo parcial para alentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, asegurándose al mismo tiempo de que cuenten con garantías y protección.

Adoptar nuevas formas de capacitación laboral, como los contratos de aprendizaje.

Fomentar periodos de prueba, siempre que estos busquen facilitar la conversión de los contratos temporales en contratos de más largo plazo y eviten los abusos.

Y por último, poner en marcha una reforma laboral integral y equilibrada, la cual debe contemplar: reducir el costo de la contratación y despido de los trabajadores (sobre todo los de poca antigüedad), facilitar el uso de contratos temporales sin que por ello deje de cumplirse la legislación de protección del empleo; aumentar la libertad de los sindicatos y mejorar la representación de los trabajadores en los contratos colectivos, y crear un plan eficaz de protección para los trabajadores en caso de desempleo.

Obviamente que no es lo que el escribidor, los trabajadores, la izquierda y lo bien nacidos quieren, pero a falta de pan buenas son semitas. Lo otro implicaría una revolución.

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