ANÁLISIS A FONDO
¿Modernizar Pemex como Telmex?
Francisco Gómez Maza
El capital privado, incluso extranjero, no es garantía
Lo que urge es eficiencia en el manejo administrativo
Ciudad de México.- En un intento por modernizar la industria petrolera mexicana, el presidente electo Enrique Peña Nieto prepara una iniciativa preferente, como la de la Ley Federal del Trabajo, que presentaría al inaugurarse, en febrero, el segundo periodo de sesiones de la LXII Legislatura.
Propondría una reforma constitucional que permita la participación de capital privado, inclusive extranjero, en refinación e inyección de presupuesto en infraestructura a fin de fortalecer la paraestatal.
La iniciativa incluiría candados en la inversión de los nuevos recursos a fin de usarlos exclusivamente en infraestructura, por lo menos en los primeros años en los que entre en vigencia esta reforma, que apenas se redactará y que deberá entregarse al Congreso de la Unión dentro de cinco meses.
Peña Nieto ha puesto los ojos en la experiencia del gobierno progresista de Brasil, dirigido por la presidenta Dilma Russell, cuya administración mantiene un esquema de participación privada en la petrolera brasileña Petrobrás, en la que el Estado es accionista mayoritario. La participación de empresarios particulares condujo a la petrolera a ser una empresa competitiva y grande, fórmula que, de acuerdo con los expertos de Peña Nieto, permitiría que Pemex apalanque un mayor desarrollo económico que favorezca la generación de más inversión productiva y mayor generación de empleos.
Ese modelo permitiría, de acuerdo con Peña Nieto, el fortalecimiento del Estado para detonar políticas públicas que, como se ha hecho en Brasil, permitieran combatir y atender necesidades de quienes más lo necesitan, de sectores de mayor marginación y menos favorecidos.
El problema de Pemex no es su régimen de propiedad, sino la efectividad de su administración. Tan puede ser eficiente, moderna, productiva y competitiva en manos del Estado como de la iniciativa privada. El hecho de que tenga participación de capitales particulares no significa que las cosas vayan a cambiar. No ocurrió con Teléfonos de México, por ejemplo que, siendo un monopolio estatal, fue convertida en otro monopolio privado ineficiente y sólo productivo para sus dueños, encabezados por el multimillonario Carlos Slim, para citar un ejemplo.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recordó, el pasado 18 de este septiembre, en la Jornada Internacional “Desafíos de la política energética”, organizada por la Fundación Friedrich Ebert en la Universidad Torcuato di Tella, en Buenos Aires, que a partir de 1982 se dio un cambio grave, cuando se puso en práctica una férrea y destructiva política de dependencia, que dura ya por tres décadas y, en materia petrolera, ha centrado la prioridad en la exportación de petróleo, destinándose los ingresos producidos a nutrir los fondos fiscales del Estado (hoy el 34% de esos recursos proceden de la exportación de crudo), ya ni siquiera a la expansión e integración de la propia industria del petróleo, y consciente y deliberadamente se procedió al desmantelamiento de la industria, abandonando los proyectos para incrementar las capacidades de refinación (en la actualidad se importa el 50% del consumo nacional de combustibles) y para alargar las cadenas de producción de petroquímicos, cediendo esos mercados a intereses extranjeros y cancelando para el país importantes oportunidades de desarrollo.
Una consecuencia más de esta política ha sido la reducción drástica de la inversión en la exploración y consecuentemente la reposición de reservas, estimándose que en la actualidad las reservas probadas ascienden a 13, 810 millones de barriles, lo que de acuerdo con los volúmenes de extracción que se están obteniendo, les da una vida de sólo 12.9 años. De mantenerse esta situación, contraria a las buenas prácticas internacionales en la materia, existe riesgo en relación a la seguridad energética del país.
A partir de 1982, los gobiernos que se han sucedido en el país han tratado de entregar el aprovechamiento de los hidrocarburos a intereses privados, ajenos a los del país. En 1992 se modificó la estructura corporativo-administrativa de Petróleos Mexicanos, fracturándola, con el claro propósito de inducir y facilitar la privatización por segmentos de la industria. Esta división estableció una separación rígida y una relación comercial entre filiales producto de la fractura, que las ha hecho conducirse como si se tratara de negocios separados y en competencia, lo que dificulta la operación y que desde su adopción ha traído consigo la multiplicación de redes burocráticas y un grave desatino económico en la promoción de la rentabilidad global de la industria petrolera, tanto al interior de Pemex como en su relación con proveedores y clientes, ya que en esas condiciones, Pemex se ve obligado a entregar materias primas a precios altos, dejando con ello fuera de competencia a productores mexicanos que había venido abasteciendo, así como a sus propias filiales, salvo a Pemex Exploración y Producción, que se ubica en el origen de las cadenas productivas. Por ese camino, además, se ha impedido que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se coordinen, consoliden y modernicen dentro del marco constitucional que los define como organismos que deben desempeñarse en actividades industrialmente integradas, creando una inconsistencia entre obligación legal y operación que hace surgir numerosos obstáculos en el funcionamiento del sector energético.
El señor Peña Nieto tiene que asesorarse cuidadosamente y de verdaderos expertos. El economista David Ibarra, secretario de Hacienda del presidente José López Portillo, advirtió en un artículo del 19 de febrero de 2008: “En algunos países, las rentas de la explotación de hidrocarburos se usan como pivote del desarrollo de las economías (Arabia Saudita, Rusia, China), de su industrialización (China, Noruega, Indonesia, Brasil), del cumplimiento de objetivos distributivos (Venezuela, Nigeria, China, India, Noruega, Irán), de satisfacer metas geopolíticas (Saudi Arabia, Venezuela) o de mantener tasas impositivas anormalmente altas (México, Nigeria). Más aun, algunos gobiernos impulsan a sus consorcios petroleros a tomar un papel activo en el ámbito internacional, ya sea adquiriendo reservas, penetrando mercados o comprando participaciones en empresas extranjeras (China, India, Malasia, Saudi Arabia). En cualquier caso, la norma prevaleciente es la de satisfacer las metas nacionales que cada país petrolero se fija, pero donde la optimización mercantil de las ganancias es una entre muchas”.
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