LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Reforma educativa al desnudo
Edilberto Cervantes Galván
Monterrey.- Como sucede usualmente con las iniciativas de Ley, sobre la reforma educativa recién aprobada, se dicen muchas cosas, se ofrecen visiones parciales, las modificaciones se interpretan de distinta manera y se especula políticamente.
Para quienes han estado haciendo política sobre la educación desde el sexenio de Calderón, con bandera de “sociedad civil” la pregunta que pareciera interesarles más es la de, ¿acabará ahora sí el liderazgo de Elba Esther?
Por otro lado, se afirma que, como en política todo es materia de negociación, los términos de la iniciativa y las reacciones de sindicato y maestros están representando un juego de fuerzas y que, al final del día, todo se resolverá, no con el texto de la reforma sino con la ley reglamentaria de la reforma constitucional.
El hecho es que la reforma constitucional es ya una realidad, después de pasar por la aprobación de los congresos estatales.
¿En qué consiste la reforma?
Se ha establecido que en el proceso educativo se conjugan una variedad de factores: docentes, educandos, padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. No obstante, en la iniciativa de reforma se reconoce que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante.
Desde aquí se empiezan a manifiestan divergencias, hay quienes afirman que el desempeño del docente es un factor del aprendizaje que sólo explica una tercera parte del mismo. Además de todos los elementos mencionados habría que agregar las condiciones socioeconómicas de la familia y la comunidad, el entorno en el que viven los estudiantes, y otras variables sociales.
Así que, se argumenta, mejorar el rendimiento académico de los maestros no sería suficiente para resolver el serio problema de atraso y rezago educativos. Habría que reconocer, sin embargo, que algo se gana.
Para resolver el problema del bajo desempeño del sistema educativo la reforma contempla dos vías.
La primera es la de la evaluación, otorgando al Instituto Nacional de Evaluación Educativa un estatus de organismo autónomo y fuerza institucional para evaluar a los estudiantes de educación básica y media superior en todo el país.
La segunda es un mecanismo de índole administrativo laboral, un “servicio profesional docente”. Se trata de un sistema que fijará las reglas de aplicación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el estado, mediante mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias de quien aspira o se encuentra dentro del servicio.
Como parte constitutiva del sistema estarán los concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior, que imparta el estado. En este sentido, la reforma propone que la ley reglamentaria del artículo 3o. constitucional fije los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio.
El diseño del sistema de reconocimiento para docentes en servicio, dice la iniciativa: “debe basarse en un proceso de medición y
evaluación justo y adecuado”; los reconocimientos deben considerar la contribución de los docentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos.
El recurso de la evaluación educativa ya se conoce y se ha aplicado, mal o bien, a nivel nacional en los últimos diez años. Se argumenta que el realizado no ha sido un ejercicio adecuado ya que el INEE dependía directamente del secretario de educación, por lo que los resultados de la evaluación los conocía primero el secretario y no había criterios independientes de los directivos del INEE. La solución es darle autonomía al INEE.
Con eso se remedia tal vez la objetividad en la evaluación, pero igualmente importantes son las estrategias didácticas que se debieran aplicar en las escuelas para superar las deficiencias identificadas en la evaluación y así desarrollar el ciclo de la calidad. Esto último ni siquiera se ha intentado en lo que va del siglo XXI.
La otra solución, la del sistema administrativo laboral, tiene el sentido de fortalecer la posibilidad del gobierno y de las secretarías de educación de recuperar la responsabilidad última de decidir quién ocupa los puestos y sus cualidades académicas y de gestión. Aquí sí se modificarían usos y costumbres en los que la organización sindical ha ejercido gran influencia en los proceso de asignación y promoción de los maestros.
Se refuerza la evaluación por un lado, aunque no se establece el ciclo de la calidad, y por otro lado se recupera para el gobierno el control de las plazas y las promociones.
No se trata de una reforma en el ámbito de las aulas, pero sí un cambio en dos aspectos que inciden de manera definitiva en los procesos educativos.
Adicionalmente a los dos ejes rectores de la Iniciativa, se prevé la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa y el fortalecimiento de la formación continua de los maestros, así como la expedición de normas que permitan fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, establecer las escuelas de tiempo completo, impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, llamados “chatarra”. Esto es ya un verdadero programa de trabajo.
La autonomía de gestión de las escuelas es un asunto que podría tener un significado importante si se le reconocieran facultades al director en cuanto a las relaciones en y con los maestros asignados “a su escuela”. Pero al parecer la actuación del director será la de estimular la participación social, muy al estilo de los consejos de participación social de los años noventa. Sólo se le asignan tareas de operación y no de toma de decisiones estratégicas.
En cuanto a las escuelas de doble turno, se le da continuidad a un programa que ya viene funcionando. Lo lamentable es que no se resuelve el problema de fondo que es el del uso productivo (en términos académicos) del tiempo adicional en la escuela; simplemente se agregan más actividades.
Eliminar los alimentos chatarra de los planteles es una decisión sensata y que tal vez no requería de una reforma constitucional sino de un simple “mandato ejecutivo”.
