Hacia la restauración del presidencialismo
Efraín Poot Capetillo
Mérida.- En el transcurso de las últimas dos semanas han ocurrido dos hechos de carácter político que han llamado poderosamente la atención de la sociedad mexicana y de la prensa internacional.
1) La detención de Elba Esther Gordillo Morales, lideresa del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acusada de corrupción por la malversación de los fondos de dicha organización; asociación delictuosa; y lavado de dinero. 2) La reforma de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional que allana el camino para que los legisladores tricolores, en las cámaras de diputados y senadores puedan, legal e ideológicamente, libres de su pasado revolucionario, apoyar decididamente las reformas que el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto impulsará en materia petrolera y para gravar con IVA a alimentos y medicinas.
Ambos acontecimientos nos dan una clara idea de los alcances y limitaciones del nuevo rostro del PRI, incansablemente publicitado durante la campaña presidencial de 2012; todo parece indicar que el camino de la “modernización” que el partido oficial ha escogido se basa, por un lado, en el reciclamiento de antiguas formas autoritarias de someter a adversarios para ganar legitimidad social y, por otro, en la liquidación de los principios ideológicos y disposiciones legales partidistas que comprometían al tricolor a defender la propiedad nacional sobre los recursos energéticos y la economía de las clases populares.
Las acciones contra Gordillo Morales han sacado del baúl de los recuerdos situaciones similares practicadas en el pasado, también por el partido tricolor, contra otros líderes corruptos que fueron erigidos, tolerados, consentidos, apoyados, mientras fueron útiles para mantener la subordinación de los trabajadores y garantizar los miles de votos cautivos que le permitieron adueñarse del aparato de gobierno por más de 70 años, y que fueron aniquilados en cuanto amenazaron con convertirse en fuerzas políticas competidoras.
En enero de 1989, Carlos Salinas de Gortari la emprendió contra Joaquín Hernández Galicia, “la quina”, el líder del sindicato petrolero que en las elecciones presidenciales de 1988 apoyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia de la República, y hoy, el régimen presidencial lo hace contra Elba Esther, quien no sólo fue aliada de los dos presidentes emanados del PAN, sino que utilizando la estructura del SNTE fundó un partido político a modo, Nueva Alianza, que le sirvió de instrumento legal para presionar, chantajear y lograr canonjías de poder en cada uno de los niveles de gobierno por todo el territorio nacional.
La detención ha dejado al descubierto la que es tal vez, la artimaña más sofisticada usada por los políticos para ocultar sus actos de corrupción: la triangulación de recursos que comprende un complejo entramado para desviarlos utilizando prestanombres; millonarias cuentas y transacciones bancarias y comerciales, tanto en territorio nacional, como del extranjero; e incluso, empresas fantasmas. Lo paradójico es que, en este caso la triangulación de recursos fue puntal para las indagaciones de la PGR, mientras que resultó insuficiente para multar al PRI por rebasar los topes de gastos de campaña de la elección presidencial.
Los priistas se han encargado de repetir una y otra vez que: “nadie debe estar por encima, pero tampoco al margen de la ley”, de que “no hay intocables”, pero también han reconocido abiertamente la necesidad de contar con “un presidente fuerte”; dichas declaraciones ponen de manifiesto que la existencia del PRI depende de la figura señera del ejecutivo. Los doce años fuera del poder federal significaron confusión y atomización de fuerzas, de allí que el regreso al gobierno federal sea la gran oportunidad para mantenerse unido a través del acatamiento de las órdenes emanadas de un poder superior.
La centralidad y la verticalidad que son la esencia de la vida partidista tricolor quedaron de manifiesto en la reciente reforma de sus estatutos, pues al incluir al presidente de la república, en el Consejo Político Nacional y en la Comisión Política Permanente, legalizaron su intervención en la toma de decisiones partidistas y en el aval de las candidaturas a diversos puestos de elección. Así mismo, el partido abrió la posibilidad de avalar la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, así como permitir el ingreso de la iniciativa privada al sector energético. En los hechos estos cambios significan la formalización legal de la subordinación del PRI al Ejecutivo Federal y la manifiesta intención de restaurar el viejo presidencialismo autoritario.
