ANÁLISIS A FONDO
El peligroso oficio de informar
Francisco Gómez Maza
Entre la violencia y la impunidad
La Feadle sirve para un carajo
Ciudad de México.- El ombudsman Raúl Plascencia Villanueva entregó ayer a la Suprema Corte el informe de labores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual dedica un párrafo, no por conocido, menos inquietante: en 2012, los periodistas y defensores civiles de los derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso, ya que se registraron 98 quejas correspondientes a agravios contra de comunicadores y 51 contra defensores civiles.
La organización defensora de derechos humanos con sede en Londres, Inglaterra, Article 19, presenta hoy miércoles 13 de marzo, a las 11 horas en el Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México, su informe anual 2012 sobre la violencia contra el periodismo y la impunidad de los criminales: “Doble asesinato: la prensa, entre la violencia y la impunidad”.
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), por su parte, envió ayer a los medios informativos un comunicado para advertir que la vida de los periodistas mexicanos continuará en riesgo, mientras la impunidad siga siendo el principal instrumento para quienes tienen la necesidad de ocultar información, o ven amenazados sus intereses particulares frente a los intereses de la sociedad.
Es ya nota vieja, pero no por ello olvidada que, en los últimos días, han ocurrido el asesinato del periodista Jaime Guadalupe González Domínguez, en la ciudad chihuahuense de Ojinaga, y la desaparición del trabajador de El Diario de Ciudad Juárez, Víctor Javier Campos, hallado muerto en Agua Prieta, Sonora. Ocurrieron también repetidos ataques contra los periódicos El Siglo de Torreón y El Diario de Ciudad Juárez, así como contra la televisora Canal 44 de ésta última ciudad.
No menos grave para la libertad de expresión y el derecho a la información es la reciente decisión del diario Zócalo en Coahuila, en el sentido de que, “en virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de ayer, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”.
El pasado jueves 7 de marzo aparecieron en diversos lugares de Coahuila alrededor de 50 mantas donde amenazaban a la familia Juaristi, dueña del diario con sede en Saltillo y subsidiarias en Monclova, Ciudad Acuña y Piedras Negras. El caso del Zócalo de Coahuila no es inédito; en Tamaulipas los medios han omitido las noticias sobre el crimen organizado.
El 20 de septiembre de 2010, El Diario de Ciudad Juárez, en el editorial titulado “Qué quieren de nosotros”, pregunto, dirigiéndose a las bandas criminales, entre otras cosas: “… somos comunicadores, no adivinos. Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros”, y agregó: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto de esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo”.
Hasta hoy, el estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones del GT-EPU (Grupo de Trabajo - Examen Periódico Universal), emitidas en febrero de 2009 por la ONU, en lo que concierne a la erradicación de la impunidad en las agresiones contra periodistas. Las recientes reformas constitucionales son inocuas en tanto no se modifique la legislación secundaria. Siguen ausentes la verdad, justicia y reparación.
Los cambios y el marco institucional tanto en la Feadle, el programa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como en los mecanismos de protección y prevención contra la violencia no han derivado en resultados contundentes, que favorezcan el ejercicio de la libertad de expresión en México. La política estatal de protección no ha cumplido su objetivo. La mayoría de las agresiones contra periodistas provinieron de agentes del estado, por lo que debería de adoptar protocolos y medidas al respecto, para evitar y disminuir las agresiones.
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