HORIZONTE CIUDADANO
Confianza en las instituciones
Rosa Esther Beltrán
Saltillo.- Si de algo hay avidez en México, es de instituciones confiables, honestas, creíbles y justas. Esto es así porque, históricamente, se padece la desconfianza social hacia las instituciones públicas, la cual es un lastre tradicional del sistema político; por eso el actual gobierno federal está orientando sus estrategias fundamentalmente a generar confianza y así remontar ese pernicioso déficit.
No obstante, este escollo persiste, y a cuatro meses del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, una encuesta nacional levantada con entrevistas personales en viviendas (Grupo Reforma) revela que la confianza de los ciudadanos en las instituciones nacionales disminuyó en relación a la que tenían hace 6 años.
La disminución más notable, paradójicamente la registra la Presidencia de la República que cuenta con la confianza del 46 por ciento de los ciudadanos, 8 puntos por debajo del nivel que esa institución tenía en marzo de 2007, cuando estaba en 54 por ciento. La Cámara de Senadores registra un 29 por ciento, 7 puntos menos que en 2007, y la Suprema Corte cuenta con un nivel de confianza de 42 por ciento, también 7 puntos menos que en 2007. En tanto que la Cámara de Diputados mantiene el mismo nivel que la de Senadores, con 29 por ciento, aunque la caída fue de 5 puntos respecto al 34 por ciento que San Lázaro tenía en 2007.
Respecto a las más confiables: la Marina obtuvo el 72 por ciento, seguida del Ejército con un 69, éste varió sólo un punto porcentual respecto al 2007, lo que deja ver la estabilidad en la valoración que la población le confiere a esta institución. Las escuelas alcanzaron un 65 por ciento, pero con una baja de 6 puntos en relación a 2007; les siguen las iglesias, con 59 por ciento, 2 puntos menos que hace 6 años. La CNDH estaría en 5 lugar con 55 y después de ella los medios de comunicación, con 53 por ciento de confianza.
Cabe destacar que solamente la CNDH y las organizaciones no gubernamentales no registraron disminución en su nivel de confianza, sino que lo aumentaron, lo cual muestra la valoración ciudadana positiva de esas instituciones.
El IFE aparece con medianos índices de confianza, 50 por ciento, apenas un punto arriba de las televisoras, lo cual es preocupante si tenemos en cuenta el papel chapucero de las encuestas televisivas para el triunfo del PRI en la elección presidencial de 2012 y las omisiones del IFE en ese y otros rubros.
Los partidos políticos (25 por ciento), la Policía (32) y ambas Cámaras del Congreso de la Unión (29) son las instituciones menos confiables para los mexicanos. También es de destacar que la encuesta muestra mayor insatisfacción de los mexicanos con el funcionamiento de la democracia, ya que el 52 por ciento se dice muy o algo insatisfecho, y sólo el 41 se mostró muy o algo satisfecho. En cambio, comparados con 2007, esos porcentajes eran casi inversos: el 50 por ciento se decía satisfecho, frente al 40 por ciento que estaba insatisfecho.
Si nos preguntamos, ¿cuáles son las fuentes de la desconfianza?, ¿de dónde fluye el descrédito institucional? Las respuestas no requieren de mucha sabiduría, las fuentes básicas son la corrupción y la ineficiencia.
El gobierno de Enrique Peña Nieto probablemente ganó aprobación con el Pacto por México y la defenestración de Elba Esther Gordillo, pero mientras sostenga en los sindicatos a líderes corruptos como Carlos Romero Deschamps, que mantiene a su familia en la nómina de Pemex y gasta cantidades exorbitantes en regalos a sus hijos, no ganará confianza entre la ciudadanía, como lo muestra la encuesta.
Y es que nada destruye tanto la credibilidad en las instituciones públicas como la corrupción en los círculos oficiales, o la mínima sospecha de que las manos de los gobernantes están sucias. Por eso la familia Moreira podrá seguir en el gobierno, pero la confianza de la ciudadanía en ellos se erosionó para siempre con la administración fraudulenta de Humberto Moreira; la confianza en el sistema tributario estatal la destruyeron como la termita perfora a la madera.
Posdata
Jericó Abramo Masso y Rubén Moreira Valdez tomaron la decisión de bajar las tarifas del transporte argumentando que es una medida para que los concesionarios cumplan con los compromisos de la modernización del transporte de Saltillo. Me parece que lo que realmente pasó fue que el PRI y el ejecutivo se percataron del descontento profundo que causaron en la población las decisiones y la arrogancia del alcalde, además de la impopularidad de Fernando de las Fuentes y el riesgo de perder votos el 7 de julio. Fue una medida electoral y no por la eficiencia del transporte.
