¿Instituto Nacional Electoral?
Juan Reyes Del Campillo
Ciudad de México.- Los partidos opositores han propuesto en el curso del Pacto por México la necesidad de establecer una Ley de Partidos Políticos, así como una autoridad única que organice en todo el país los procesos electorales. El gobernador Arturo Núñez Jiménez ha planteado recientemente la posibilidad de que las elecciones locales de 2015 en Tabasco las pueda regular y administrar el Instituto Federal Electoral. No obstante, si bien una ley de partidos es algo benévolo y promisorio, dar el paso de una instancia federal y 32 locales a una autoridad central se antoja una decisión difícil y complicada.
Una ley de partidos es una discusión que tiene ya varios años en el ámbito nacional, con la cual se pretende separar lo que es propio de las organizaciones partidarias de los códigos electorales, con tal de que en estos últimos se concentre la organización de las elecciones y sus aspectos procesales. Una ley de partidos tendría que ver con alianzas y coaliciones, financiamiento, transparencia y rendición de cuentas, candidatos, democracia interna e intervención en ello de autoridades electorales.
La idea de un Instituto Nacional Electoral surge ante la poca confianza y transparencia que han mostrado algunos organismos electorales locales, lo cual es no solamente un asunto complejo sino que nos lleva a presentar, por su dificultad, más preguntas que respuestas. Se dice, o más bien se sabe, que la mayoría de las instituciones electorales locales dependen prácticamente del gobernador en turno, que toman decisiones para beneficiar a su gobierno y para buscar garantizar sus expectativas en la siguiente elección. Se encuentran, en este sentido, bastante desprestigiados.
Son varios los argumentos que se expresan para apoyar la idea de una autoridad única, como el abaratamiento de las elecciones, mayor eficiencia o profesionalismo. Sin embargo, son meras quimeras que ponen los partidos en la mesa, cuando de lo que se trata es de contar con organismos fuertes, independientes, verdaderamente autónomos. Estaríamos de gane si un INE estuviese por encima de los poderes locales.
Ahora bien, quienes piensan que con un organismo nacional se van a disminuir drásticamente los costos de las elecciones, cometen un grave error. El nuevo IFE tendría que hacer crecer su organización para atender las elecciones en los distritos locales y en los municipios (entre Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán y el estado de México son más de 1000). Además, ciertas entidades tienen necesidad de organizar otro tipo de procesos como consultas ciudadanas, plebiscitos, referéndums, elección de comités ciudadanos, de presidentes de comunidad, elecciones por usos y costumbres, aspectos con cierta complejidad en las que el organismo federal no tiene ninguna experiencia.
En cuanto a eficiencia y profesionalismo, los organismos locales lo han demostrado con creces en cada una de las elecciones que realizan. En ninguno de ellos se ha inventado el hilo negro y en realidad reproducen casi siempre la misma estructura del IFE en los estados. Pero se han capacitado funcionarios en la organización de elecciones, fiscalización de los recursos partidarios, capacitación, cartografía e informática electoral y divulgación de la cultura cívica, profesionistas que a través de los años han adquirido una importante experiencia.
Si realizamos una revisión somera de la configuración de los organismos electorales, observamos que sólo el IFE y el Instituto Electoral del Distrito Federal cuentan con órganos desconcentrados en su estructura permanente, mientras la mayoría funciona con una pequeña organización (de entre 25 y 40 funcionarios) y cuando se acerca el proceso electoral desarrollan sus instancias distritales y municipales para preparar y llevar a cabo la elección.
Un asunto fundamental es el de la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos políticos en los procesos locales. Si la institución nacional organiza las elecciones, ¿también les va a otorgar financiamiento como se les otorgan los tiempos en radio y televisión a los partidos? O van a ser los estados quienes les den recursos y la instancia nacional los va a fiscalizar.
Sin duda, estos puntos de la agenda política se encuentran en la cancha de los propios partidos. Son ellos los que van definir el alcance y las limitaciones de las propuestas de una Ley de Partidos y la posibilidad de una autoridad electoral nacional.
Visto el asunto desde el centro del país, es fácil pensar que con una autoridad electoral única se van a resolver todos los problemas que presenta la organización de las elecciones. Por ello es importante asumir que la consolidación democrática, si bien es un asunto de todos, mucho tiene que ver con las actitudes de las élites políticas.
