El peso de la transparencia
Samuel Schmidt
Los Ángeles.- En una ocasión, un amigo gasolinero de Ciudad Juárez me contaba que el litro de gasolina lleva incluidos por lo menos dos IVAs y un IEPS.
Éste último es un impuesto que manipula Hacienda, como se le da la gana.
La charla surgió a raíz de que la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos; en el caso de la frontera, el combustible viene del país vecino. ¿Por qué? La respuesta fue clara: son los impuestos.
Para confirmar lo que decía mi amigo, le solicité a Pemex que me dijera cómo se fija el precio de la gasolina. La primera petición fue ignorada, la segunda llegó cuando ya habían pasado meses de formulada, ahí se me explicó menos que lo que me había dicho mi amigo.
¿Por qué razón la empresa oculta lo que verdaderamente cuesta la gasolina? ¿Porque veremos que eso del subsidio a la gasolina es una patraña que no justifica el gasolinazo mensual?
En la misma línea extraña, ni Pemex ni Profeco ponen fin al atraco que se da en las bombas de gasolina. Una y otra vez nos dicen que ya tienen un programa de verificación que se aplaza sin explicación, ¿por qué razón el gobierno tolera que nos roben en las gasolineras; qué el robo no está tipificado? ¿Por qué el gobierno no hace públicas las listas de los gasolineros ladrones? ¿Será por que ahí aparecen muchos políticos?
Venga esto al caso porque resulta que mientras el gobierno presume de grandes avances en la transparencia, Peña Nieto fue a Londres a mostrar los avances nacionales en la materia; cuando uno quiere saber cosas delicadas del gobierno, que no ponen en riesgo la seguridad nacional, las puertas de la información se sellan a piedra y lodo; claro está que podemos esperar a que los consejeros del IFAI dejen de pelearse para que nos generen la información que queremos, sin tener que explicar para que la queremos.
Hace unas semanas un mexicano que está refugiado en El Paso, Texas porque mataron a varios miembros de su familia al negarse a pagar extorsión, se acercó al Consulado General en El Paso para que éste gestionara su petición: recibir los expedientes de la investigación de los asesinatos de sus familiares.
El cónsul le preguntó para qué quería los expedientes, él ciudadano mexicano respondió que eso no era de su incumbencia. El funcionario inquirió si se presentaría alguna queja, y al obtener una respuesta afirmativa de nuestro connacional, respondió que no se entregarían los expedientes.
Qué creería ser ese funcionario consular para abrogarse el derecho de determinar si la causa justificaba que cumpliera con su trabajo. ¿Acaso entregar información depende del uso que le quiere uno dar a la misma?
Los políticos aprobaron leyes para propiciar la transparencia y quitarse presión social de encima, pero resulta que les pesa, porque desnuda los manejos del gobierno, hace visibles los intereses que se ocultan tras muchas de las decisiones de los políticos, le muestra a los ciudadanos las distorsiones que los políticos le meten al gobierno, y éstos parecen no entender que son guardianes de los intereses de la sociedad y que ella tiene el derecho de pedirles cuentas, negarse a ello implica una traición a la confianza de la sociedad.
Es preocupante que los políticos se oculten tras la careta de la seguridad nacional o la defensa de algún propósito superior para ocultar sus actos y decisiones. Cuando de dinero se trata, y casi siempre se trata de eso, el peso de la negativa es mayor. Los políticos parecen no acabar de entender que la sociedad tiene el derecho de solicitar cuentas, y ellos tienen la obligación de entregarlas.
Nos enteramos con espanto que se niegan a hacer pública su declaración patrimonial porque tienen que proteger su privacidad. Si quieren mantener privacidad que se dediquen a otra cosa, porque el ejercicio del poder, por desgracia, se ha desvirtuado de tal manera, que abundan los que abusan de él y el primer abuso es apropiarse de los recursos públicos.
Ocultar la información es un acto antidemocrático porque pone en desventaja a la sociedad frente los políticos, permite distorsionar los actos de gobierno y blinda a los gobernantes de la supervisión de los ciudadanos, y dificultar que éstos intervengan en política y en los actos de gobierno refuerza al sistema autoritario.
Los políticos deben entender que la transparencia no es una ley, debe ser parte de un código de conducta y de comportamiento que debe guiarse por la ética, porque la corrupción es un problema político.
Mientras eso no suceda no dejaremos de ser un país de simulaciones.
