Violencia que pega en la cartera
Jesús González
Monterrey.- Aún no sé si afortunada o desafortunadamente, Monterrey no es como Brasil o Egipto en cuanto a las reacciones de la sociedad civil por el hartazgo hacia los políticos.
Monterrey es una ciudad desmovilizada socialmente desde hace décadas, ni siquiera la barbarie de una guerra con miles de muertos y desaparecidos en el estado, fue motivo suficiente para que de manera masiva, la sociedad neoleonesa tomara las calles y exigiera soluciones al gobierno.
Muchos activistas políticos, viejos o nuevos, conservadores o progresistas, tratan de buscar que la sociedad participe de manera activa ejerciendo presión hacia los gobernantes, en la ruta para solucionar los problemas básicos de la ciudad y el área rural. El problema de los activistas radica en el uso de esquemas obsoletos para interesar en la política a mujeres y hombres hoy, en pleno 2013.
Esos arcaicos esquemas de movilización sólo le dan resultado a los partidos políticos, básicamente porque reparten dinero y empleos al llegar al gobierno. Pero tampoco los esquemas de ruptura con el sistema prendieron a la sociedad en los últimos años. La explicación es sencilla: la gente no conoce otra sociedad en la cual vivir, está acostumbrada a ésta y a su falsa seguridad.
Pero hay un detonador que está comenzando a hacer que la población se interese en participar en las protestas. Tímidamente, pero ya comienza a hacerlo: el golpe económico a las familias.
En Brasil, nos informan, las movilizaciones fueron lideradas en gran medida por las clases medias y bajas, tocadas por el aumento en los servicios públicos. Nuevo León cuenta con clases medias y algunas bajas que pueden comprar una pantalla de plasma y pagar la suscripción a TV por cable para ver el futbol, y aunque hay un porcentaje importante de población que está en pobreza extrema, no se llega a los niveles de Oaxaca o Chiapas.
La guerra contra el narcotráfico enlutó miles de hogares, cierto, pero no dañó en los primeros años la capacidad económica de las familias.
Pongamos dos ejemplos: en el primero, un supervisor de ventas de una empresa líder en Monterrey recibe premios por desempeño, ya que las ventas de cerveza en los años 2010 y 2011 (de los más violentos) alcanzaron niveles récord de consumo. Él explicaba que la población, al no poder ir a bares o centros nocturnos, incrementaron el consumo casero.
En otro ejemplo, vemos cómo algunas personas que fueron lastimadas por la inseguridad optaron por irse del estado, invirtiendo sus recursos en otras ciudades.
Ambas historias nos muestran que uno de los factores para que no hubiera una explosión de descontento, además de la desmovilización social, fue que la población tenía recursos para mantener su modo de vida, e intentaron cuidarlo. Hoy las cosas son diferentes. Casi seis años de guerra constante, han modificado de tal manera el consumismo de la población, que esos recursos de las economías de escala no fluyen.
La gente empieza a quedarse sin dinero: la guerra hoy, si está pegando en el bolsillo.
Hace un año, con el frenesí de las elecciones presidenciales, la población volteo a ver al estado paternalista en búsqueda de soluciones: lo que encontró desde ese entonces y hasta ahora, fue que cada semana estalla un escándalo de corrupción, desde la Torre Administrativa, las autopistas, la deuda pública del estado, y las compras absurdas de los municipios (como las llantas de San Nicolás, las carnes asadas de Monterrey o la recolección de basura en Apodaca).
Al pasar los meses, la población empezó a caer en cuenta de que la corrupción golpea la economía. Si se mantiene la tenencia vehicular es para poder pagar los más de 7 mil millones de pesos de la deuda del Instituto de Control Vehicular. La sociedad comienza a concluir que si no se involucra en investigar la deuda de Agua y Drenaje, mañana tendremos que pagarla por medio de un alza en las tarifas.
Ese es el factor, que al igual que en Brasil, podría sacar a la calle o por lo menos, hacer que la población de Monterrey levante la voz, proteste: la violencia y la corrupción ya les pegó en la cartera.
PD: ¿A cuánto asciende exactamente la deuda pública del estado incluyendo municipios, fideicomisos, órganos descentralizados, etc.? Hay quien menciona una cifra de 60 mil millones de pesos.
¿Cuánto es, y quién la va a pagar?
@proyectoepuente
