El video
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- El gobierno de Mario López Valdez desde su inicio se ha visto sometido constantemente a la presión criminal. Esto no es de su exclusividad, pues sucede en otros estados, pero aquí ha venido escalando cada vez más alto y con mayor resonancia.

Ya no son sólo las mantas y panfletos acusatorios que buscaban meter miedo, ahora son videos que buscan complicarle la acción de su gobierno. La aparición del video donde el escolta Frank Armenta, que había sido levantado en su domicilio dos semanas atrás, lleva a quien lo escucha por un camino de cuestionamientos y muestra dónde se encuentran las cosas. Es evidente la confrontación de “alguien” contra el gobernador y sus policías.

Y todo apunta hacia el norte del estado, donde opera uno de ellos que se ha propuesto hacerle la vida imposible, si es necesario, hasta el final de su mandato constitucional.

¿Qué hay detrás de esta nueva andanada de ataques contra el gobernador que culmina con este video, que hoy se escucha y se comenta en las redes sociales, medios de comunicación y seguramente en las altas esferas del poder público?

Primero, como ya lo decíamos, los ataques contra el gobierno están escalando de nivel, pues antes de este video fueron desde los volantes y panfletos lanzados desde avionetas en Culiacán y Los Mochis, y se eslabonaron los ataques violentos contra miembros de los cuerpos de seguridad del estado.

Segundo, evidentemente, el escolta que habla en el video no interviene por su propia voluntad, pues en ningún momento lo dice en el video y menos todavía da razones de porqué lo está haciendo, así que es probable que haya una presión muy grande sobre él para salvar su vida, que pende de un hilo.

Tercero, la edición del video está revuelta, en él se encuentran desde conversaciones entre autoridades hasta conversaciones familiares, pasando claro por conversaciones que de ser ciertas, son delincuenciales y ameritan al menos una investigación para demostrar que el gobierno reparte justicia.

Cuarto, las grabaciones pretenden indicar que el enemigo está adentro del cuarto de máquinas del gobierno del Estado. Es decir, que el sistema de seguridad tendría una parte rota en los mecanismos de control interno, como lo demuestra la filtración de estas conversaciones, aunque igual pudiera ser que esas comunicaciones de los hombres y mujeres de la administración están intervenidas desde fuera. El avance tecnológico ya no es privativo del Estado, pues hasta un particular puede comprar estos instrumentos que ahora se venden al menudeo en plazas departamentales.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Qué consecuencias podría traer este nuevo mensaje acusatorio dirigido ahora tanto al gobierno estatal como al federal? Se busca que las evidencias presentadas por Frank lleven al gobierno de Peña Nieto a intervenir en el Estado y detener las presuntas complicidades que tendría el gobierno de Malova con el Cártel de Sinaloa.

Independientemente de la respuesta que pensamos no irá muy lejos, identificamos cuatro efectos inmediatos:

Primero, tiene un efecto mediático, pues después de ser subido en plataformas, redes y charlas de sobremesa se habla del tema insistentemente con lo que podría estar afirmando una mala percepción del “gobierno del Cambio”, pues como sabemos ha estado por debajo de las expectativas, quizá excesivas, pero razonables, de la mayoría de los ciudadanos.

Segundo, dependiendo de lo que escale mediáticamente y más que eso, que haya más evidencia que eleve la preocupación de sectores más influyentes que los mediáticos, logrará llamar la atención del gobierno federal. Desde nuestro particular punto de vista, lo que menos desea el gobierno de Peña Nieto es encender un nuevo foco rojo en el País, y menos todavía persiguiendo al Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), por el costo que traería para su propia imagen.

Tercero, el video cayó sobre el proceso electoral que recientemente culminó, en medio de señalamientos críticos de actores por el desempeño del Consejo Estatal Electoral. Hay que destacar, además, el pronunciamiento de Malova sobre el riesgo de interferencia en las elecciones de grupos delincuenciales, cosa que el Presidente de aquel organismo no compartió.

Sin embargo, si el video es un capítulo que forma parte de una estrategia podría haber otros agresiones, o mejor dicho ya sucedieron con el ataque criminal contra Eleazar Armenta Acuña, quien coordinaba la campaña electoral de Esteban López Beltrán, primo del gobernador, y candidato a la Alcaldía de Sinaloa municipio, derrotado en las urnas el pasado domingo.

Este evento sangriento ya marcó estas elecciones de la misma forma que lo hizo cuando en el 2004 y en el mismo municipio, fueron asesinados el Diputado panista Saúl Rubio y su secretario particular y chofer, Omar Ruelas. La consecuencia fue que la contienda por la gubernatura se polarizó entre Jesús Aguilar del PRI y el filopanista Heriberto Félix, donde sólo 11 mil votos hicieron la diferencia entre ganador y perdedor.

Igual, se repite la historia previa a los comicios locales de 2010, cuando fue asesinado Enrique Mendívil, aspirante a regidor del Cabildo de Culiacán, y generó un atmósfera adversa a los comicios que, paradójicamente, no desestimuló la participación ciudadana, sino por el contrario, se situó por encima del 58 por ciento, siendo derrotado el candidato del PRI.

Finalmente, desde una perspectiva ciudadana, el video exhibe la fragilidad del sistema de seguridad que demuestra que puede ser intervenido en cualquier momento y lugar, con los efectos subsecuentes, lo que significa no sólo la inseguridad para sus miembros, sino también para los propios ciudadanos, que al estar infiltrados los servicios de seguridad, incrementan su incertidumbre.

La reacción de algunos sectores empresariales y políticos fue inmediata en contra de estas estrategias desestabilizadoras. No era para menos, el gobierno necesitaba de apoyos que hicieran contrapeso mediático y evitar la imagen de un desamparo absoluto.

Quizá, por eso faltó un pronunciamiento político de todos los partidos y organismos electorales en contra de estas manifestaciones, pues es evidente que los hechos sangrientos de Sinaloa de Leyva enlutaron el proceso electoral y como lo han señalado algunos liderazgos, especialmente de la coalición Unidos Ganas Tú, elevó la incertidumbre en las campañas por los votos y se reveló nuevamente uno de los cambios que vienen ocurriendo en estados con problemas de violencia política: las campañas dejaron de ser actos masivos y programáticos para transformarse en actos urbanos, mediáticos e irrelevantes.

Llama la atención el silencio del CEE sobre el tema o mejor dicho lo distraído que se encuentra en sus propios manejos internos, las decisiones ilegales por ser personales de su presidente, como sucedió con la asignación del PREP que debió someterse a concurso entre todas las empresas capaces de hacerlo, y no dejar ese aire de duda que hoy se respira, sobre quién o quiénes podrían estarse beneficiando con los más de 7 millones de pesos que costó. 

Finalmente, el gobierno del estado debería aprovechar está turbulencia de violencia para cambiar su política de comunicación social, que es un desastre, pues genera más desconfianza que confianza entre los ciudadanos. Para empezar, no es posible que el gobernador sea el vocero en la gran mayoría de los temas que tienen responsables institucionales.

En definitiva, el video incriminatorio del escolta levantado en su domicilio, toca varios ángulos de la vida pública que merece una revisión en cada uno de ellos, y tomar decisiones que aunque difíciles en el equilibrio del gobierno, son indispensables para lo que resta de esta administración, que ofreció como nunca cambios, y lo entregado no es mejor de lo que había al final de 2010.