HORIZONTE CIUDADANO
Infancia usurpada
Rosa Esther Beltrán

Saltillo.- La reiterada denuncia sobre la explotación de los niños mineros de la Región Carbonífera emitida por la Familia Pasta de Conchos, es un fenómeno conocido y delatado desde hace años; también ha sido estudiado y enérgicamente repudiado y censurado por las organizaciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos y de la infancia.

Los reportes y datos de Familia Pasta de Conchos no pueden sino causar furia, indignación, ¿quién lo permite, no hay autoridades que pongan un alto a este latrocinio y rapacidad contra nuestros niños?

Ver los rostros de esos infantes con su indumentaria de mineros resulta aterrador. Esta es una realidad tan alarmante en materia laboral como el desempleo, que orilla a los adultos a enviar a los niños a trabajar para ayudar a solventar los gastos del hogar.

Según los datos de la citada organización, un 18 por ciento de las minas de la Carbonífera emplean como trabajadores a menores de edad porque su baja estatura facilita la extracción del carbón, trabajan de 8 a 12 horas y además porque para los empresarios es una mano de obra más barata, lo cual revela lo adverso y perjudicial que es esa zona para la niñez, parece que nacer en la Carbonífera es una maldición porque significa la posibilidad de estar condenado a la esclavitud en el trabajo cotidiano de la obscuridad de las minas, a la inviabilidad de recibir educación escolar y al desarrollo humano, a perder el derecho de jugar y de tener acceso a la cultura y a la protección familiar y social.

Mientras los funcionarios públicos de Coahuila roban y llenan sus cuentas bancarias con dinero del erario público y además gastan en viajes internacionales inútiles, en hoteles de lujo y opíparos alimentos, como Hilda Flores Escalera y compañía y los del Poder Judicial, aquí, el desempleo se mantiene entre los índices más altos del país, cuarto lugar con 5.8 por ciento, la marginalidad crece y los niños se ven obligados a renunciar a vivir su infancia para trabajar en las minas, porque representan ahorros para las empresas formales y para los pocitos así como exiguos ingresos para sus familias ya que reciben la tercera parte, o menos, del pago de un adulto, denuncia la organización.

Familia Pasta de Conchos también reporta que por la forma de ubicación de los pocitos, es fácil esconder a los niños cuando los inspectores se acercan o se les avisa que los han visto en la zona, pero además denuncia que los menores de edad también son víctimas de mutilaciones y muerte en las explosiones o derrumbes mineros, como el ocurrido en el pocito 3 de la empresa Binsa donde se comprobó que trabajaban varios menores de edad.

Hace varios años la Comisión Nacional de Derechos humanos denunció que los niños trabajan en condiciones nefastas, con largas jornadas y a temperaturas extremas, manejan maquinaria pesada y herramientas sin protección y entran en contacto con productos químicos que en muchos casos dejansecuelas físicas irreparables.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha sido sumamente omisa en el cumplimiento de sus responsabilidades legales para con la vigilancia e inspección de las empresas mineras de la Región Carbonífera, de manera que por lo general consienten de manera interesada las infracciones a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas el trabajo de los niños y adolescentes.
¿Qué esperan las autoridades del trabajo para actuar y corregir las ilegalidades que las empresas cometen contra los niños y adolescentes que ilegalmente laboran ahí?

México es un país en el que la ley se queda en el papel, si bien nos va. Los niños y niñas son la población más vulnerable y si no se ataca la desigualdad y se invierte más en políticas públicas orientadas al bienestar de la infancia será imposible construir un país con plena vigencia de los derechos para este sector.

Por eso la autoridad debe establecer ya acciones concretas que combatan la inequidad en la población infantil mediante inversiones que tengan mayor eficacia en el gasto, con el reforzamiento de políticas de protección social, educativas y de salud.

Es una exigencia mínima e inaplazable en las minas de carbón.