Pemex y privatización, a consulta nacional
Pablo Vargas González
Pachuca.- La propuesta que faltaba, la que representa la “Joya de la Corona” del “Pacto por México” sin lugar a dudas es la reforma energética, que incluye no sólo abordar cambios sustantivos a la propiedad de los recursos naturales (petróleo, gas, energía eléctrica) sino también el papel de México como un país colonizado; y dado que se juega la soberanía nacional, requiere una consulta extensa a los mexicanos y mexicanas.
Empieza una lucha mediática por ver quién puede convencer. En trincheras como las redes sociales, se adelanta una rotunda negativa a la posibilidad de que se entreguen los recursos naturales a empresarios nacionales y extranjeros. Aunque las redes sociales no son vinculantes, expresan significativamente el estado de ánimo de algunos sectores sociales.
En la TV y la radio comercial (completamente monopolizada por intereses económicos) es preponderante la oferta de “modernización” del gobierno federal. Inclusive hablan de quitar los “mitos” y de “hacer a un lado los prejuicios históricos”. Es decir, se habla de que el nacionalismo sobre el petróleo es un mito pasado de moda. Esto habría que comprobarlo, hace falta una real consulta nacional como ocurrió en 2008, cuando Felipe Calderón también quería imponer una “reforma petrolera”.
Hasta ahora, los postulados de la propuesta presidencial sólo fueron aplaudidos por los países y empresas trasnacionales interesados en la riqueza mexicana. Hay, desde la cancha oficial, muchas promesas (esos si son mitos geniales) que en cinco puntos fundamentales proponen:
1) Permitir al Estado firmar contratos de utilidad compartida con el sector privado, para generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Con los contratos de utilidad compartida el país, se dice que “no se privatiza”, pero pagaría parte de las ganancias a las empresas transnacionales.
2) Propone un nuevo régimen fiscal para Pemex. En la iniciativa de reforma hacendaria se busca un nuevo esquema de contribuciones para Pemex en donde el gobierno ahora si actuará con racionalidad.
3 y 4, tratan de impulsar la reestructura de Pemex. Se promete que la paraestatal se modernizará y que se mejorarán las condiciones de transparencia y rendición de cuentas. Algo impensable mientras se dé apoyo y protección a los líderes sindicales, jeques petroleros del Sindicato (STPRM).
5) Indica reglas de contenido nacional en las compras y proyectos de infraestructura de la paraestatal. Su objetivo es utilizar el gran poder de compra del sector energético como palanca de desarrollo de la nueva política industrial mexicana.
Todo ello tiene fuertes implicaciones en tres ámbitos: a) privatización de los recursos naturales (petróleo, gas y luz) sobre todo por la modificación del Art. 27 Constitucional b) perdida en la soberanía nacional y c) desmejora de las condiciones de vida de los sectores sociales populares.
En caso de los pueblos indígenas no se ha considerado a fondo la magnitud de la reforma energética y el impacto que puede tener en territorios y pueblos, que podrían perder su identidad cultural y el control de regiones y comunidades en zonas petroleras. La reforma del gobierno es también desnacionalizadora, porque descalifica la mano de obra de técnicos y científicos mexicanos.
Hay que ser claro: los recursos naturales son propiedad de la nación y no de algunos gobernantes y partidos políticos. Por lo cual se requiere el conocimiento y acuerdo mayoritario, y no debe circunscribirse a la “democracia representativa”, para que los “representantes populares” tomen la decisión.
Por eso es valiosa la propuesta de cientos de organizaciones civiles que organizan una Consulta Nacional para el 1° de septiembre. En cada plaza pública, al menos habrá una casilla en cada municipio para que el ciudadano dé su opinión: si está o no de acuerdo con la privatización-modernización de Pemex.
