Human Rights Watch vs EPN
David Carrizales
Monterrey.- En vísperas de que Enrique Peña Nieto cumpla su primer año de gobierno, Human Rights Watch le envió una carta severamente crítica ante la falta de evidencias (más allá de las palabras) para asumir un auténtico compromiso a fin de erradicar las prácticas violatorias de los derechos humanos y combatir la impunidad.
En la misiva fechada el 26 de noviembre en Washington, José Vivanco, director de HRW, recordó a Peña que cuando asumió la primera magistratura, existía una impunidad casi absoluta por abusos generalizados —incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas—, cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de operaciones contra la delincuencia organizada.
En el discurso que pronunció al asumir la presidencia, “usted se comprometió a hacer realidad los derechos humanos que reconoce la Constitución de México y el primer día de su mandato, emitió una directiva dirigida a las fuerzas armadas que prohíbe el uso de la tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en toda diligencia o actuación”.
Cuando asumió en diciembre de 2012, agregó Vivanco “le dirigí una comunicación pública en nombre de Human Rights Watch, instándole a que acompañara estas declaraciones con un plan de acción concreto y detallado para dar respuesta a los problemas de derechos humanos que heredó su gobierno”.
Reconoció que “en el último año, su gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos: promulgó una Ley General de Víctimas para ofrecer justicia y resarcimiento a víctimas de delitos, pero aún no se ha adoptado la correspondiente ley reglamentaria”.
No obstante, asentó, “a casi un año de gobierno, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico”, pues “su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad”.
Expuso que Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Dijo que entre estos casos se incluye el de Armando Humberto del Bosque Villarreal, detenido el 3 de agosto por miembros de la Marina cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. “Su padre presenció la detención e informó haber hablado con un capitán de Marina, quien le aseguró que Armando sería liberado en breve, pero posteriormente el capitán negó que la detención hubiera ocurrido. El cuerpo de Armando fue hallado el 3 de octubre a pocos kilómetros de un cuartel de la Marina”.
Otro ejemplo, citó Vivanco, es el asesinato de tres dirigentes campesinos en Guerrero, que fueron encontrados muertos el 3 de junio, tras ser llevados contra su voluntad junto con otras cinco personas el 30 de mayo. El día previo a la fecha en que fueron llevados, miembros del movimiento social al cual pertenecían habían presentado una denuncia formal ante las autoridades expresando su temor de que el alcalde y el jefe de policía municipal pudieran ordenar su asesinato.
Un testigo que sobrevivió a los hechos indicó en una declaración que el alcalde y el jefe de policía visitaron el lugar donde él y las demás personas en cautiverio se encontraban detenidas, y el alcalde ordenó que fueran torturados.
Sin embargo, a pesar de evidencias que señalan la participación de agentes estatales, ningún funcionario ha sido consignado en estos casos.
Añadió que al inicio del gobierno, Peña reconoció que la estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada “debería cambiar” y diversos miembros del gabinete federal, han coincidido en sus críticas a la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón, que no consiguió reducir la violencia y provocó un aumento dramático en violaciones de derechos humanos.
“No obstante, no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr este objetivo y cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor, como se ha visto con el envío de miles de soldados a Michoacán, sin más instrucciones que la de restaurar la seguridad”.
Expuso Vivanco que ya quedó demostrado en el mandato de Calderón, que las fuerzas armadas por sí solas no pueden restablecer el estado de derecho ni brindar seguridad ciudadana en forma duradera, especialmente si hay soldados que cometen habitualmente violaciones de derechos humanos, lo cual exacerba el clima de caos y debilita la confianza pública en la autoridad.
Citó asimismo que el informe publicado por Human Rights Watch en febrero de 2013, titulado “Los desaparecidos de México”, documentó la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en numerosos casos de desapariciones, y ofreció ejemplos de que las autoridades rutinariamente no investigaban los casos ni buscaban a las personas desaparecidas.
Tras la difusión del informe, señaló el director de HRW, “su gobierno reconoció la existencia de una lista —elaborada por el gobierno anterior— de más de 26 mil personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y manifestó que se proponía depurar muchos casos que ya habían sido resueltos.”
“Su gobierno creó, en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR), una unidad dedicada a estos casos y propuso reformar el Código Penal Federal para adecuar la definición de desaparición forzada a los tratados internacionales de derechos humanos”.
No obstante, dijo Vivanco, “su gobierno no ha publicado una metodología para revisar la lista de personas desaparecidas, ni ha creado un registro nacional de restos humanos no identificados”.
Human Rights Watch se ha reunido en cuatro ocasiones con representantes de la unidad de la Procuraduría General de la República que se creó recientemente para investigar desapariciones, “y comprobó que los casos avanzan con una lentitud alarmante y que existen graves omisiones en las medidas que adopta”.
En ninguno de los casos citados en nuestro informe de febrero que están a cargo de esta unidad, se han consignado a agentes estatales en relación con desapariciones forzadas. A su vez, la unidad no cuenta con recursos suficientes para tramitar todos los casos de desapariciones a nivel federal, y no existen criterios claros con respecto a qué casos toma a su cargo.
Además, “su gobierno no ha demostrado avances significativos en la investigación de casos pasados de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, expuso Vivanco, y citó como ejemplo la desaparición forzada de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, que fue detenido por policías de tránsito en Nuevo León en noviembre de 2010, y entregado primero a policías ministeriales y luego a la Marina.
“Ningún funcionario ha sido sentenciado en el caso, a pesar de que Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontraron evidencias convincentes de que Sepúlveda había desaparecido a manos de agentes del Estado”.
Tampoco hubo funcionarios consignados en uno de los casos mencionados en la carta que enviamos a pocos días de que asumiera la presidencia, sobre cuatro hombres en Baja California que fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y torturados en una base del Ejército hasta que accedieron a firmar confesiones.
Los hombres aún continúan detenidos a la espera de una sentencia sobre los cargos penales contra ellos, se les ha negado atención médica y psicológica adecuada, y presentan graves lesiones a causa de las torturas sufridas. El caso ha sido aceptado por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Igualmente, “los agentes de la PGR no han demostrado avances en la investigación de los conocidos casos de ejecución extrajudicial de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, o de los niños Almanza, de 5 y 9 años, ocurrido en abril de ese año en Tamaulipas”. En ambos sucesos, dijo HRW, miembros del Ejército dispararon contra civiles que no estaban armados y luego manipularon el lugar de los hechos.
Vivanco señaló por otro lado que periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan enfrentando graves riesgos debido al trabajo que realizan, pues en los casos en que se dictaron medidas de protección, muchas veces fueron inadecuadas, hubo demoras en su adopción o no fueron implementadas plenamente por las autoridades locales.
Asimismo, debido a retardos en la ejecución del presupuesto operativo para el mecanismo, han faltado recursos que pudieran dedicarse al diseño y la disposición de medidas de seguridad a largo plazo, no se brindó asistencia de manera uniforme a periodistas y defensores de derechos humanos desplazados, y no hubo continuidad en la atención de los casos.
En resumen asentó Vivanco, la crisis de derechos humanos en México aún no ha terminado, y en el primer año de su gobierno, “se ofrecieron escasas evidencias de que esté dispuesto a avanzar más allá de compromisos retóricos y adoptar medidas concretas para poner freno a los abusos generalizados que distinguieron a la guerra contra el narcotráfico impulsada por su predecesor, los cuales aún persisten y continúan impunes en la actualidad”.
Advirtió el director de HRW a Peña que cualquier argumento que sugiera que es posible relegar los esfuerzos por mejorar las condiciones de derechos humanos, a la atención de reformas políticas consideradas prioritarias por su gobierno —o peor aún, que las obligaciones en derechos humanos podrían ser subordinadas para lograr apoyo político en favor de las mencionadas reformas—, no sólo evidenciaría la falta de compromiso con esta causa, sino que además representaría un grave incumplimiento de las obligaciones jurídicas de México conforme a su Constitución y los tratados internacionales.
Puntualizó que evitar que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos, requiere investigar aquellas cometidas en el pasado. Y finalmente dijo a Peña que con cinco años de mandato por delante, “tendrá tiempo razonable para revertir el curso, fomentar la justicia por los abusos del pasado y demostrar un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos”, pues cuanto más tiempo espere para abordar estos abusos, “más arraigadas estarán esas prácticas y más difícil será erradicarlas”.
