Arbitrariedad
Irma Alma Ochoa
Monterrey.- Hace unos días diferentes medios de comunicación dieron la noticia sobre una arbitrariedad, otra más de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos, en esta ocasión con plaza en Querétaro.
La sinrazón, ineptitud, ignorancia o incompetencia para manejar un caso vial son motivo para que las Agentes del Ministerio Público, licenciada María del Carmen Morales Ortiz y licenciada Aurora Alcaya Ibarra, así como al Perito Isaías Moreno López, enfrenten la irritación de la sociedad y los efectos de la Recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, cuyo plazo fijado vencerá el próximo 21 de enero.
Para esa fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro habrá iniciado el procedimiento administrativo en contra de las AMP y del Perito, para investigar y determinar su responsabilidad; habrá iniciado también la investigación sobre la probable responsabilidad penal de las AMP y Perito mencionados y quienes resulten responsables; enviado un exhorto a los Agentes del Ministerio Público para que las investigaciones que tienen a su cargo, las hagan con apego al derecho de las personas menores de edad; aparte dará inicio al procedimiento de reparación del daño material e inmaterial causado al menor de edad.
Este penoso acontecimiento inició a fines del mes de julio pasado cuando una camioneta tripulada por una mujer, atropelló a un niño de cuatro años de edad. El niño jugaba con su bicicleta. A causa del accidente el niño resultó lesionado y requirió hospitalización.
La conductora confesó el atropello y lo confirmaron los testimonios de vecinos, pero el perito en percances de tránsito, Isaías Moreno López, dictaminó que el menor de edad “tenía la obligación de ceder el paso al vehículo de motor”. ¡Vaya desatino!, a partir de allí continuó el absurdo.
Sin tomar en cuenta la confesión ni las testimoniales, la Ministerio Público Especializada en Delitos de Tránsito, en vez de proteger los derechos de la víctima de lesiones lo responsabilizó del delito de daños en perjuicio de la conductora.
Pero no le bastó con señalar al niño como culpable de un delito vial sino que envió la averiguación previa a una Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes y solicitó presentar al niño para la reconstrucción de hechos. Ya me imagino al niño apurado pedaleando su bicicleta esperando el golpe de la camioneta.
Parece que ni el Perito ni la MP saben que las niñas y niños tienen especial protección de la Ley, y que hay convenios internacionales y leyes que hablan del “interés superior del niño”. El desconocimiento de la ley no los exime, sin embargo, de responsabilidad.
A esta cadena de agravios se sumó la Agente Especializada en Justicia para Adolescentes, al enviar el expediente a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para que resolviera sobre “la imposición de medidas de rehabilitación y asistencia social al lesionado”.
Además, la Agente especializada, negó copia de la averiguación al padre del niño, quien la solicitó para tener conocimiento del caso y poder defender los derechos de su hijo.
Es preciso mencionar que la Procuraduría General de Justicia tuvo conocimiento de lo sucedido e inició un expediente de hechos pero no dictó ninguna medida de protección para el niño.
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro con base en lo anterior expresa: “si un menor por debajo de la edad mínima de responsabilidad para infringir las leyes penales desarrolla una conducta prevista en la legislación penal, la respuesta a la misma, no debe ser punible, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, el conjunto de normas en materia de derechos de los niños y atendiendo a las garantías de debido proceso”.
Ojalá que la Procuraduría de Justicia de Querétaro atienda la recomendación emitida por la Defensoría de Derechos Humanos. ¡Basta de arbitrariedades!
