4 mil millones para partidos
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- En la última sesión extraordinaria del Consejo General del IFE, presidida interinamente por el doctor Lorenzo Córdova, fue aprobado un presupuesto multimillonario para los partidos registrados y eventualmente los que lo podrían obtener en el verano de este año. Fue una sesión ritual donde luego de aplicar la fórmula prevista en el Cofipe, se determinó la cantidad que habrá de distribuirse entre todos ellos. Nadie objeto nada; para qué, si a todos les fue muy bien en el reparto de esa gran cantidad de dinero de los contribuyentes.
Y es que mire: el monto es resultado de una fórmula matemática progresiva que obliga a que cada año se incrementen los presupuestos de los partidos, pues la riqueza de los partidos se determina por el número de personas que está dada de alta en el padrón electoral, que ahora ronda en los 80 millones de mexicanos, multiplicado por el 0,65 por ciento del salario mínimo de DF. O sea, cuando vemos las colas en las sedes de los consejos distritales para obtener la credencial de elector, cada una de esas personas, inconscientemente las más de las veces, está provocando que los partidos obtengan más dinero público.
Claro, sin considerar que muchos de ellos nunca vayan a recoger la credencial, o peor tantito, que habiéndola recogido oportunamente, decide no votar la oferta que ofrecen los partidos políticos. Así, como pese a que en las elecciones federales de 2009 el porcentaje de la votación recibida haya sido escasamente del 40 por ciento, y en las pasadas elecciones estatales sinaloense, en los principales centros urbanos osciló en torno al 35 por ciento, en uno y en otro caso el presupuesto no disminuye, sino todo lo contrario, se incrementa paulatinamente.
Sin embargo, este comportamiento electoral, que mucho se explica por el bajo rendimiento, el desprestigio de los partidos y sus políticos, en otra sociedad, o en ésta donde tanto se habla de eficiencia pública, debe o debería definirse el presupuesto con base a los niveles de participación que reduciría significativamente el costo de la política y obligaría a estas “entidades de interés público” a esforzarse para animar a la participación y atraerse votos y con ello garantizar la legitimidad de sus conquistas electorales.
El mecanismo de asignación de esos recursos es de un 70 por ciento proporcional, tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados: y el 30 por ciento en forma igualitaria (no es lo más justo). Y es que así, los partidos políticos tienen pocos incentivos para buscar incrementar la participación en los comicios. Al menos que los anime alcanzar la Presidencia de la República, que es la máxima aspiración en las contiendas electorales.
Incongruencias
Pero los excesos no terminan ahí: los partidos políticos recibirán para “actividades ordinarias y específicas”, en este año “no electoral”, 3 mil 925 millones de pesos, más otros 78 millones por franquicias postales y telegráficas, lo que significa una cantidad superior a los 4 mil millones de pesos y representa un incremento del 6 por ciento respecto del año pasado.
Y hay más: los partidos no pueden pagar por ley tiempos, ni espacios, en los medios electrónicos e impresos, porque eso se cubre con los del gobierno, que evidentemente tiene un costo fiscal alto. Es decir, quizá entonces estaríamos hablando de cientos de millones más con cargo a los contribuyentes, que aun con molestia deben cumplir con sus responsabilidades fiscales anuales.
Pero las incongruencias que derivan de la ecuación partidos ricos-pueblo pobre, no termina ahí. Los partidos firmantes del Pacto por México (PRI, PAN, PRD), en el punto 90 se habían comprometido a una “reducción y mayor transparencia del gasto de partidos”, lo que han refrendado en el acuerdo 13 sobre Partidos y Elecciones para incorporarlo a la reforma electoral. Sin embargo, como ha sido costumbre, ninguna de ellas fue incorporada a la reforma electoral y eso significa que continuará el actual derroche de recursos y la opacidad en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Más aún, el 6 por ciento del incremento es superior al que manifestó los salarios mínimos, que escasamente fue del orden del 3.9. Una miseria para millones de mexicanos que perciben ingresos con base a ese criterio; que según el artículo 123 constitucional: “El salario mínimo general deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria a sus hijos”.
Finalmente, el incremento a los partidos contrasta también con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde vemos que las cantidades propuestas por el Ejecutivo para el llamado sector social quedaron prácticamente iguales aun cuando es evidente el incremento de la demanda de los ciudadanos. Por ejemplo, en Desarrollo Social, el Ejecutivo federal propuso 115 mil 178 millones y se aprobaron 111 mil 211 millones de pesos; en el Sector Salud se solicitó 130 mil 120 millones de pesos y se le otorgaron 130 mil 264 millones de pesos; en Educación se propuso 289 mil 972 millones y se le incrementó hasta 292 mil 548 millones de pesos. Ninguno de ellos obtuvo recursos superiores al 1 o 2 por ciento de lo propuesto.
En suma, lo que tenemos es que los incrementos, cuando los hubo en el sector social, fueron porcentualmente inferiores al incremento que se le dio a los partidos.
Al llegar a este punto, no puedo menos que recordar que de acuerdo a las encuestas de percepción difundidas por Consulta Mitofsky sobre las instituciones, los partidos y los políticos mexicanos se encuentran en la parte más baja de la escala de apreciación social. Su percepción se encuentra en el nivel de los policías. O sea, como las instituciones más corruptas. Y ante esto, no puede uno menos que asumir que las cosas deberán cambiar en beneficio de la distribución de los presupuestos federales y estatales.
Nuevos partidos
El próximo 31 de enero se vence plazo para que las organizaciones interesadas en constituirse en partidos políticos cumplan con los dos principales requisitos, que son haber celebrado las 20 asambleas estatales, o las 200 asambleas distritales y la Asamblea Nacional Constitutiva. Aquella con al menos 3 mil afiliados; y la otra con al menos 300 afiliados en cada uno de los distritos electorales.
Hasta ahora, de los 52 intentos que se presentaron inicialmente, sólo quedaron 3 de ellas, que todavía están sujetos a lo que dictamine la comisión revisora del IFE. Las organizaciones que sobreviven son Morena, Encuentro Social y Partido Humanista, que han logrado superar el escollo de las asambleas estatales o distritales; sin embargo, no hay nada definitivo. Pero si lo logran, las organizaciones que alcancen el registro, que ocurrirá hasta agosto, podrán disponer del 2 por ciento del presupuesto total, que significa 76,2 millones de pesos. Una cantidad que corresponde de agosto a diciembre de este año. O mejor dicho, es el punto partida de las elecciones intermedias 2014-2015.
El dicho de Lorenzo Córdova
Se ha hecho costumbre que quienes han presidido el Consejo General del IFE, en forma constitucional o interina, sostengan sin problema que la “democracia es cara”, que es una “contribución a la convivencia civilizada en democracia”, o es un “gasto indispensable”; y ahora el consejero presidente interino, ha justificado los incrementos bajo el argumento discutible de que la “generosidad del financiamiento público” ha evitado la “intromisión de recursos de procedencia ilícitas” en las contiendas electorales. Lo que sin duda representa un desatino retórico de este académico, que parece querer quedar bien con los dirigentes de los partidos por tres razones:
Una, porque era innecesario decirlo en el máximo foro de organización electoral; dos, porque se ha documentado cómo intereses privados y delincuenciales han intervenido en una gran cantidad de contiendas electorales, incluso definiendo los resultados; y por último, que se destine cada día más dinero público a los partidos, no significa necesariamente una mayor calidad democrática, pues puede provocar todo lo contario, ya que los hechos nos demuestran que los partidos, al tener una vida muy resuelta económicamente, tienen pocos incentivos para estimular la participación política, que es estratégica en cualquier democracia representativa o participativa.
En definitiva, el incremento de los presupuestos de los partidos y el escaso compromiso de éstos en rendir cuentas con esos recursos multimillonarios, sólo muestra que la democracia mexicana está viviendo un estancamiento que amenaza seriamente la estabilidad del sistema político electoral.
Y eso, como nota adicional, explica la incapacidad de procesar problemas como el que estamos viendo con azoro y temor en Michoacán, donde la representación política, literalmente, no halla que hacer y éstos escalan en niveles nunca vistos.
Pero, eso sí, van esos 4 mil millones de pesos.
