Pena de muerte en tiempos de TLC
Pablo Vargas González
Pachuca.- La pena de muerte aplicada al mexicano Edgar Tamayo, el pasado 22 de enero, muestra no sólo las enormes diferencias entre Estados Unidos (EUA) y México, sino más bien deja ver el trato discriminatorio y racista hacía gobierno y ciudadanos mexicanos por parte del imperio. A veinte años del inicio del Tratado de Libre Comercio, a pesar de la promoción de los políticos, México sigue siendo una “república bananera”.
En la ejecución de Edgar Tamayo no valieron los “buenos oficios” de la diplomacia mexicana, dedicada vender a México y ser propagandistas de la “reforma energética”, que convoca a comprar acciones a discreción en el extranjero al capital internacional, cosa curiosa para defender intereses de grupo y de partido siempre resultan con gran influencia, pero para defender intereses colectivos y de la soberanía nacional resultan unos lacayos.
El gobierno de Texas, siempre el más recalcitrante bastión de la ultraderecha racista (KKK) tampoco hizo caso de las peticiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que se violaron los derechos humanos de Edgar Tamayo, ante la debilidad y solapamiento del gobierno de Barack Obama, o más bien ante la complacencia; y en el autollamado “país de las libertades” simplemente no consideraron las graves irregularidades del debido proceso.
Tamayo formaba parte de los 51 mexicanos a quienes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) benefició con una sentencia en la que se condena a Estados Unidos por la violación de dos artículos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El “caso Avena”, como es conocido el fallo del máximo órgano judicial de la ONU, es una demanda que México ganó ante la CIJ en 2004, tras demostrar que esos 51 mexicanos no fueron informados a tiempo de su derecho a la asistencia consular; por tanto –como reparación– Estados Unidos debe revisar las penas pronunciadas contra estos reos, pero en este caso no hizo nada.
Esto no quiere decir que esos mexicanos sean declarados inocentes, sino que, como cualquier persona detenida fuera de su país, tengan la oportunidad de defenderse de manera adecuada, recibiendo la asesoría consular respectiva, por lo que es necesario que sus procesos sean repetidos; de lo contrario, persiste una grave violación de derechos humanos que afecta el resultado de cualquier juicio. Ahora serán 50 mexicanos los que se encuentran en el “corredor de la muerte”.
Recordemos la política mexicana. En 2008-2009 el PVEM y el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, desde sus respectivas trincheras, plantearon que la Pena de Muerte era necesaria, desconociendo o más bien ignorando lo que en esta materia ya se había aprobado. México forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, en la que los firmantes se obligan a no restablecer la pena de muerte en los estados que la han eliminado.
En 1976, el país se comprometió con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en 1989 se sumó al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en su artículo primero que “no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado parte”, además de que cada firmante “adoptará todas las medidas para abolir la pena de muerte en su jurisdicción”.
Un compromiso más en este sentido fue asumido por México en 1990, cuando se adhirió al Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte. Y finalmente en 2005 se hizo una reforma constitucional, con la que se abolió la pena de muerte. Además, el país ha suscrito protocolos y acuerdos internacionales para eliminar ese castigo.
Por eso resultan contradictoria las acciones de este gobierno con una gran debilidad para negociar asuntos de derechos humanos y migratorios con Canadá y EUA, sus “socios” del Tratado de Libre Comercio, pero con gran eficacia para promover la venta de México, donde los funcionarios y políticos resultan “una generación orgullosa y exitosa”.
