Política migratoria México-EEUU, VII
(Reforma migratoria en Estados Unidos)
Raúl Ross Pineda

Chicago.- A pesar de que en el debate de la reforma migratoria de Estados Unidos se está jugando con el futuro de millones de ciudadanos mexicanos indocumentados, EPN decidió adoptar el papel de espectador, escudándose en que se trata de un asunto interno de Estados Unidos y que él no está dispuesto a intervenir en los asuntos internos de otros países.

Obviamente que esta postura no satisface a los mexicanos que esperarían beneficiarse de esa reforma ni a quienes están luchando para que suceda. Pero además, las motivaciones expuestas por el gobierno mexicano son cuestionables.

Aunque los asuntos migratorios sean asunto interno de un país, hay antecedentes de que Estados Unidos ya ha tenido en el pasado acuerdos migratorios con otros países , incluyendo a México (recuérdese el Programa Bracero).

La postura de EPN ante Estados Unidos es incongruente con la que --todavía como presidente electo-- adoptó ante Canadá en 2012, cuando el gobierno canadiense decidió exigir visas a los mexicanos que viajaran a ese país. De su encuentro con los gobernantes de ese país habría reportado que: “Hemos hablado sobre los cambios legislativos y espero que cuando la nueva ley sea aprobada en el corto plazo, seamos capaces de evitar este requisito.”
Respetar la soberanía legislativa del Congreso estadunidense y evitar incomodar a los gobernantes de ese país es buena diplomacia, pero eso no es suficiente para justificar la inacción del actual Ejecutivo mexicano. Ejemplos de creatividad y de una actitud más acorde a los intereses del Estado mexicano los ha dado, en el pasado, la administración presidida por Vicente Fox, que abrió negociaciones migratorias con el gobierno estadunidense y, más recientemente, el Senado mexicano, el 14 de febrero de 2013, que acordó integrar un grupo de trabajo, argumentando que el tema no es menor, si consideramos que en la actualidad se calcula que 30.7 millones de personas de origen mexicano viven en los Estados Unidos, de los cuales casi doce millones son nacidos en México; entonces los mexicanos migrantes deben ser una prioridad para el Estado mexicano.

El Senado de la República con base en sus facultades constitucionales, en materia de política exterior, debiera estar atento a los procesos legislativos que en el vecino país del norte se están discutiendo en este momento, ya que de ello depende el futuro y el bienestar de millones de migrantes mexicanos que viven allá y de sus familias que aún están aquí.

El acuerdo consistió de los siguientes artículos:

PRIMERO.- El Senado de la República creará una Comisión de Trabajo para analizar la necesidad de buscar una audiencia con los senadores que están impulsando la reforma migratoria en los Estados Unidos y fijar una agenda de temas que por su relevancia es conveniente que se incluyan en la mencionada reforma.
SEGUNDO.- Esta Comisión de Trabajo impulsará la creación de una mesa de diálogo con el Senado de los Estados Unidos América a fin de exponer, de manera concreta, la importancia de que dentro de la reforma migratoria se contemple y reconozcan los derechos humanos de las personas migrantes, tanto irregulares como regulares.
TERCERO.- Independientemente de los temas que la Comisión de Trabajo acuerde impulsar en la mesa de diálogo con los senadores estadounidenses, deberá considerar como mínimo los temas siguientes:

1. La necesidad de lograr una regularización migratoria amplia para todos los mexicanos que ya viven en el territorio estadounidense;
2.  La urgencia de que los derechos civiles les sean reconocidos a los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos y, por ende, sus derechos humanos.
3.  La conveniencia de que la reforma contenga esquemas de colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para generar programas binacionales de contratación de trabajadores mexicanos de forma temporal y para actividades específicas.

 Que se considere la conveniencia de que Estados Unidos otorgue visas humanitarias, con ciertos requisitos, para facilitar la unidad familiar.

 

Si el presidente de México no tiene la convicción necesaria para dar la cara por sus ciudadanos en Estados Unidos, no vale la pena seguir invirtiendo energía en tratar de convencerlo de lo contrario.

El debate sobre la reforma se mantendrá caliente este año y, si los migrantes mexicanos no pueden repetir la hazaña de la primavera de 2006, habrá que explorar nuevas formas de presión a los legisladores que no han respondido favorablemente al cabildeo y las negociaciones en Washington.

En esa dirección, una propuesta específica sería la siguiente:

1. Identificar las fuentes de financiamiento de las campañas de los legisladores que se oponen a la reforma, seleccionar de ellas una lista de las empresas que más se benefician económicamente vendiendo productos o servicios a los mexicanos, que son bastantes (por ejemplo: Wal-Mart Stores, Home Depot, UPS, Exxon Mobil, Bank of América, Wells Fargo, JPMorgan Chase & Co ) .
2. El paso siguiente sería que algún grupo de organizaciones de mexicanos buscara reunirse con los directivos de estas empresas para solicitarles que se pongan en contacto con los legisladores que financian y abogar para que adopten una posición pro reforma, o al menos neutra, so pena de retirarles el financiamiento. Esto podría ayudar a debilitar la corriente antimigrante en el Congreso. En el caso previsible de que estos directivos opongan alguna resistencia, el incentivo para animarlos a actuar sería informarles de la intención de boicotear a las empresas que apoyan económicamente a los legisladores antimigrantes. Esta táctica tiene el potencial --dependiendo del giro y presencia geográfica de la empresa-- de involucrar en un eventual boicoteo, no sólo a los migrantes en Estados Unidos, sino además a la población mexicana en México e incluso a la de otros países.

* Radica en Chicago. Es miembro de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero y coordinador de HuellasMexicanas.com. Fue director de la revista MX Sin Fronteras (2003-2007) y autor de: Los mexicanos y el voto sin fronteras (1998); Derechos políticos de los mexicanos en el extranjero (2001) e Instituto de los Mexicanos en el Exterior, notas para una discusión (2003), entre otras publicaciones.