Jubilación dinámica en la UAS
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- El problema de fondo estaba ya en el 2000. El entonces rector Jorge Guevara Reynaga (1997-2001), como miembro de una comisión de rectores de universidades públicas, tenía la tarea de realizar un estudio sobre los efectos financieros que estaba teniendo la jubilación dinámica en el 78 por ciento de esas instituciones.

Este grupo de trabajo había llegado a la conclusión que la mejor forma de tener una salida a este problema, sin afectar derechos laborales, radicaba en la creación de un fondo multipartita donde contribuyeran trabajadores, universidades y gobiernos estatales y federal.

Era una propuesta que resultaba razonable, pero que no tendría futuro, si uno o varios de estos actores se negaba a hacer su aportación a ese fondo que daría estabilidad a un sistema universitario con un hoyo que rondaba ya los 70 mil millones de pesos y hoy se ha duplicado.

No tengo información de cuántas universidades lograron consensuar estas aportaciones, lo que sí sabemos es que la UAS sigue destinando una cantidad creciente de sus recursos ordinarios para cumplir con este compromiso laboral.

En tanto, retiene porcentajes diversos de los salarios para un fideicomiso que ahora se nos dice tiene mil 300 millones de pesos y se supone daría sustentabilidad a esa prestación. Pero la obligación con los trabajadores crece, de manera que hay tres activos por cada jubilado.

Los convenios uaseños
Siendo ya rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, en las postrimerías de 2007, se firmó un acuerdo secreto entre él y el perredista Rodrigo Lucas, Secretario General del Suntuas Académico, con la titularidad ante la junta de las dos secciones sindicales. Este convenio que se entregó el 28 de septiembre a la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje, modificaba la cláusula 86, punto 8 del Contrato Colectivo de Trabajo, que salió a la luz entrado el 2008, lo que implicaba que los empleados de nuevo ingreso se jubilarían a los 35 años de antigüedad laboral, o a los 62 años de edad biológica.

Los trabajadores fuera de ese rango, lo podían seguir haciendo a los 25 de servicio o los 55 años por edad biológica, que es una soberana tontería hablando de educación, pues a esa edad un académico está en su madurez y tiene mucho que dar por lo que la universidad tendría que generar estímulos para retener a los mejores. Pero las tonterías no sólo las cometen los académicos, sino también las autoridades hasta hoy, hasta que se convirtió en discrecionalidad, con cargo a programas académicos.

Sin embargo, aquello elevó una gran protesta entre los trabajadores que veían cómo su “líder” conculcaba de un plumazo derechos laborales. No pasó de ahí, pues todo lo que se hizo terminó en los archivos alegándose legitimidad, pues  tenía reconocimiento la firma de Rodrigo Lucas, y eso bastaba. No obstante, esa decisión contribuyó a envenenar las relaciones humanas en las secciones sindicales de la UAS.

Finalmente, se escalonó la jubilación en función de los años laborados con recursos de la institución. Pero el problema de fondo no estaba satisfecho: ¿cómo garantizar en el largo plazo las jubilaciones de quienes de acuerdo al CCT, llegaban a los 25 años de labores o la edad de jubilación? Las gestiones ante las autoridades de la SEP y los gobiernos estatal y federal no habían fructificado sino parcialmente, pues hasta ahora se viene pagando con gasto corriente de la Universidad. Sin embargo, la vía es insostenible.

¿Petate del muerto?
Además, desde 2007 los activos y jubilados hacen las aportaciones correspondientes y eso explica la exigencia de los jubilados anteriores a 2007, que reclaman que el convenio no podía ser retroactivo, por lo que exigían devolución de lo retenido. Y eso es parte de la problemática que hoy se vive en la casa rosalina, porque una franja de esos trabajadores jubilados reclamaron jurídicamente la decisión, e independiente de si es racional, lo cierto es que lo habrá de resolverla un juez definitivamente.

De ahí, una declaración reciente del rector Guerra Liera, señalando que si lo indica una resolución judicial acataría el fallo y devolvería el dinero retenido a estos jubilados, que dicho de paso varios de ellos ven esta lucha una forma de resistir al grupo que gobierna la UAS.

Pero también en la misma declaración del rector saca el tema de la sustentabilidad de la jubilación dinámica que, según su decir, ha sido observada por la SEP, como un inconveniente del financiamiento universitario  y al margen de que sea una suerte de “petate del muerto”, lo cierto es que poner el tema sobre la mesa, juega un papel coactivo que polariza.

Entonces, estamos en un match subrepticio entre jubilados y no jubilados de la UAS. O mejor todavía, en lugar de que el rector haga frente con ese gran número de rectores de universidades públicas con problemas de “sanidad financiera”, como lo llamó Guevara Reynaga, busca asumir el problema como interno y mejor todavía, contra quienes se han pronunciado sobre la forma de control y conducción de la UAS.

Evidentemente, existe el problema financiero de la Universidad pública, y lo digo en general porque es un problema nacional de grandes dimensiones que reclama una respuesta como lo recomendaba el sabio griego Hipócrates: “A grandes males, grandes remedios”.

En efecto, el problema no es de la UAS, es de ese 78 por ciento de universidades públicas con problemas financieros y en última instancia del Estado/gobierno mexicano que debe ir más allá del simple desconocimiento de la prestación laboral.

Un problema serio del rector Guerra Liera son sus alcances. Lamentablemente todo parece verlo en clave interna, lo asocia a sus críticos de casa, cuando él y sus asesores deberían estar construyendo escenarios y estructurando alianzas con otros rectores preocupados por la situación financiera de sus instituciones.

Muchos universitarios quisiéramos escuchar al rector Guerra Liera, como lo hicieron otros rectores en los foros de ANUIES, incluido Cuén Ojeda, ofreciendo ideas no para salvar a la UAS, sino a la Universidad pública, pero hasta ahora eso no parece dársele por falta de autonomía y coraje.

Interrogantes
A la UAS le falta serenidad para discutir el problema de la jubilación dinámica en todas sus aristas, porque no se trata simplemente de deslizar la idea de que sus jubilados son unos privilegiados, como si la UAS fuera un paraíso laboral. Hay entre los jubilados una gran masa de administrativos y profesores de asignatura, y los menos son profesores de medio y tiempo completo con sueldos bajos que dependen mucho de la antigüedad y los estímulos al rendimiento académico.

Así que reflexionemos sobre lo siguiente: hay universitarios que dieron a la UAS 25 y más años de servicio, pero no tienen la edad suficiente para pensionarse en el IMSS. ¿Qué va a pasar con ellos en el caso de que se elimine la jubilación dinámica? ¿Se les pagará con el dinero del fideicomiso o va a dejárseles sin un ingreso? ¿O se les va a reincorporar a las aulas?; y en aquellos casos donde la jubilación modesta de la UAS se complementa con la pensión del IMSS, ¿se pretende dejarlos con los mínimos de sobrevivencia? Peor aún, ¿qué va a pasar con profesores con problemas de salud que no satisfacen sus necesidades en las instituciones de gobierno?

Entonces, no estamos hablando de un problema de caja, sino de la calidad de vida de muchos jubilados que la tendrían más difícil, y es ahí donde se debe ver la altura de un rector, cuando es capaz de defender conquistas y garantizar el derecho a un ingreso digno y suficiente para todos los de esta comunidad, por encima de las diferencias políticas.

El problema de estas autoridades duras hacia adentro, son blandas en el debate educativo nacional.

Quizá, por eso extrañamos a los otros rectores, y debamos empezar por explicar didácticamente la dimensión del problema y elaborar una estrategia común para enfrentarlo sin sectarismo.