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1537 18 Marzo 2014

 

Prisa por robar
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- La llamada Cumbre de Toluca, celebrada entre Barack Obama, Stephen Harper y Enrique Peña, el pasado 19 de febrero, solamente vino a confirmar la estrategia para entregar los recursos energéticos y, sobre todo, a demostrar que un grupo de empoderados tiene mucha prisa por robarse el petróleo.

En 1994, cuando Estados Unidos, Canadá y México firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC), una cláusula dejó fuera el tema de los recursos energéticos porque la Constitución Mexicana señalaba que son propiedad de la Nación. Veinte años después, una vez reformada la Carta Magna, nada impide que grupos privados y extranjeros se beneficien del petróleo, de la energía eléctrica y, desde luego, de la renta petrolera.

La Cumbre de Toluca, el terruño de Peña Nieto, no tuvo más propósito que ofrecer todas las facilidades para que las leyes secundarias en materia energética se dicten desde Estados Unidos, al acordarse que nuestro país se integra al esquema de "Seguridad Energética de Norteamérica", dejando la soberanía de México limitada, dependiente y, lo más grave, subordinada a intereses extranjeros.

Se confirma así que las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales son una tragedia nacional, toda vez que ahora no será posible tener soberanía energética, ni garantizar una renta petrolera como palanca de desarrollo para atender las necesidades fundamentales en el ámbito social, niveles de vida en general, desarrollo industrial y avance económico.

La renta petrolera ya no se quedará en el país (Pemex, a pesar de la corrupción, contribuye anualmente al Estado Mexicano con 680 mil millones de dólares, ingresos que constituyen hasta el 40% del presupuesto federal) y esto se convierte en una catástrofe que debe traducirse en grandes luchas.

Con toda crudeza podemos afirmar que la reforma energética de Peña Nieto es del tamaño de la expropiación petrolera que Lázaro Cárdenas hizo el 18 de marzo de 1938, pero ¡en sentido inverso! Es decir, la contrarreforma es una entrega de petróleo a cambio de dejar pozos vacíos y la población más pobre, enferma y tuberculosa, mientras que la expropiación fue una de las grandes gestas para garantizar nuestra soberanía e independencia y, sobre todo, para impulsar el desarrollo con los hidrocarburos.

Hoy, de nueva cuenta, regresarán las compañías que se fueron con la expropiación y habrá una mayor injerencia de gobiernos extranjeros, particularmente de Estados Unidos, sin descartar a Inglaterra, España, Alemania, Japón y a China, pues vamos a quedar a merced de sus intereses en un renglón tan fundamental y tan básico para las sociedades modernas.

Frente a esta situación la lucha debe seguir para darle reversa a la contrarreforma y contrarrestar la campaña mediática puesta en marcha por Peña Nieto como “película de Hollywood” para prestigiar su gobierno, que ha generado "ilusiones engañosas" entre la población, al propagar la idea de que habrá desarrollo, más empleos, mayor nivel de vida y hasta modernización de nuestro país, todo lo cual es falso, pues el escenario es totalmente contrario.

Hasta la recaptura del narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es una “cortina de humo” para desviar la atención social sobre la privatización y para aminorar los impactos negativos de los multimillonarios contratos que Pemex otorgó a la empresa naviera Oceanografía, fraude denunciado en Estados Unidos y que implica a los Fox-Sahagún, Calderón, Mouriño, Nava y demás socios panistas cruciales para sacar las reformas secundarias.

Toca a la izquierda mantener la protesta ciudadana en el Congreso de la Unión y en las calles, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abra paso a la consulta popular, para que el pueblo decida si Pemex y CFE se privatizan o no, así como realizar una fuerte campaña de clarificación, para que la población esté clara de los daños que le va a causar la contrarreforma.

Aun con la indiferencia de la sociedad mexicana, generada por la campaña mediática peñista, respecto a las consecuencias de la inminente privatización, la molestia de la población será expresada en las elecciones del 2015, pero sobre todo en las presidenciales del 2018. Ahí es donde se puede lograr el cambio verdadero, que permita la transición hacia un México democrático, justo, igualitario y seguro, sin violencia y sin pobreza.

Un gobierno al servicio de los intereses del pueblo y de las mejores causas del país, que recupere el espíritu nacionalista de la Revolución Mexicana y que recobre el proyecto petrolero del general Lázaro Cárdenas.

 

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