Ley de Niñas y Niños
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Desde el año 2000 nuestro país cuenta con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyas disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, misma que se homologó en Nuevo León hasta el año 2006.

Es una Ley que entró en vigor con un retraso de casi diez años en México, pues se deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989, siendo ratificada por el Senado en 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1991.

A nivel federal la Ley fue promulgada por el presidente Ernesto Zedillo, cinco meses antes de culminar su sexenio, mientras que a nivel estatal fue expedida por el gobernador José Natividad González Páras, a casi tres meses de iniciar su mandato.

Se trata de una Ley cuyo sustento es el párrafo sexto del artículo 4o. (derechos de los menores) de la Constitución Política Mexicana, con el objeto primordial de garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos por nuestra propia Constitución y por la Convención sobre los Derechos del Niño.

De ahí que la Ley obliga a las autoridades competentes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, a tomar las medidas administrativas necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, para darle cumplimiento y que los derechos de la niñez no sean letra muerta.

Para ello, la Ley dispone que la protección de los derechos de niñas y niños (los menores de 12 años de edad) y adolescentes (los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos), es asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo cual implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Con apego a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley estipula como principios rectores para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los siguientes:

1.- El del interés superior de la infancia.
2.- El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
3.- El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma...
4.- El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
5.- El de tener una vida libre de violencia y malos tratos.
6.- El de corresponsabilidad de la familia, Estado y sociedad.
7.- El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos…

La realidad de la niñez mexicana siempre ha estado muy alejada de que dichos principios se cumplan, al grado de que el gobierno peñista en lugar de buscar su cumplimiento envió al Senado, con carácter de preferente (tiene que ser dictaminada a más tardar el 30 de septiembre), la iniciativa de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, argumentando que modifica sustancialmente la Ley vigente, cuando es una simple derogación.

La cuestión es que la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, han señalado que la iniciativa sería un grave retroceso al postular la protección de la niñez en lugar de los derechos para la infancia, calificando sus nuevas disposiciones como paternalistas y asistencialistas.

Lo más contradictorio es que el Presidente promotor de la iniciativa preferente para proteger a la niñez, avale que su nuevo cuerpo de seguridad (la Gendarmería) haya sometido a cateo a niñas y niños para ingresar al Zócalo el pasado 15 de septiembre, vulnerando derechos humanos elementales.  

Con nueva o vieja ley, la lucha por los derechos de niñas y niños debe seguir hasta garantizarles su derecho universal a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en especial la nutrición y la educación inicial.

La lucha debe seguir para que los gobiernos atiendan a niñas y niños en condición de calle y castigar severamente la explotación laboral y el comercio sexual infantil, la trata de menores y la pederastia. Además, para que desarrollen programas de formación de valores encaminados a evitar la tendencia hacia la vagancia o la delincuencia infantil y juvenil.

¡La niñez mexicana debe tener garantizado su derecho a ser feliz!