Cuotas para los cuates
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Con la designación de siete consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como de tres magistrados del Tribunal Estatal Electoral, se consumó el artero golpe a la soberanía de Nuevo León. Es un golpe que se asesta a la voluntad ciudadana, como resultado de la contrarreforma política electoral, la moneda de cambio con la que el PRI le pagó al PAN la contrarreforma energética.

Los nuevos comisionados fueron designados desde Ciudad de México, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (el INE), mientras que los magistrados por el Senado de la República, con base en un supuesto proceso de entrevistas y de evaluación de los mejor capacitados.

Sin embargo, tanto en el INE como en el Senado se constató que la selección de consejeros y magistrados de nuevo fue con base en el reparto de cuotas para los cuates, el vil “cuotismo electoral”, entre PRI, PAN y PRD.

En las distintas etapas de proceso prevaleció la falta de transparencia y se puso en evidencia que la decisión se tomó con base en criterios partidistas y no en perfiles profesionales, para elegir a las y los ciudadanos mejor calificados y experimentados para dichos cargos.

Durante todo el proceso de selección no existió información pública, en forma oportuna y transparente, que diera certeza a la sociedad nuevoleonesa sobre los resultados, ni ponderación del perfil profesional de cada uno de los aspirantes. El engañoso proceso sólo obedeció al acuerdo tejido entre tres partidos que hoy se acusan, simuladamente, de cometer ‘faul’.

Con este artero golpe se ponen en riesgo las elecciones de Nuevo León, al quedar en entredicho los responsables de organizar y de calificar los comicios del 2015, donde elegiremos Gobernador, Presidentes Municipales, Diputados Locales, Diputados Federales y Senadores.

Estaba claro que desde su regreso al poder, el proyecto del PRI era controlar los órganos electorales desde el poder presidencial, con la única intención de regresar al monopartidismo.

Ingenuamente el PAN piensa que vamos al modelo bipartidista, como en Estados Unidos. Ingenuamente el PRD piensa que vamos al tripartidismo. La realidad es que vamos de regreso al monopartidismo de los años sesenta, a la dictadura del partido casi único.

Vamos de regreso a las elecciones de Estado y con más fuerza a la compra de votos, al robo de urnas, al uso de presupuestos estatales y municipales, así como de programas de gobierno y de obras públicas con fines electorales, incluyendo los cuerpos de seguridad para desasear las elecciones, todo bajo la mirada renovada de la Comisión y del Tribunal.

En Nuevo León el PRI y el PAN se auto-engañan reclamándose que los nuevos consejeros y magistrados tienen nexos partidistas con unos y otros. Con qué cinismo se acusan y gritan ‘faul’ si ellos aprobaron la contrarreforma y eliminaron el candado que impedía a los aspirantes con militancia partidista a buscar cargos en la Comisión y en el Tribunal.

Con esta estrategia, el bloque del PRI-AN manifiesta su soberbia para someter la rectoría política del Estado y regresar al centralismo presidencial, vergonzosa regresión histórica que se cierne sobre toda la ciudadanía nuevoleonesa y amenaza nuestra incipiente democracia.

Con la contrarreforma política electoral se le quitó al Congreso del Estado la facultad soberana de designar y remover a consejeros y magistrados. Además, la función de organizar las elecciones dejó de ser estatal.

Si el poder electoral es el verdadero poder del pueblo, por ser la auténtica voluntad popular, entonces la organización de las elecciones locales debe ser una función estatal, de manera plena y permanente, a cargo de órganos independientes y autónomos, integrados por ciudadanos nuevoleoneses designados por consenso en el Congreso del Estado.

En la capacidad para autogobernarnos radica que Nuevo León sea un estado libre, soberano e independiente. Hoy, esa capacidad es una atribución federal. Por lo tanto, el camino que nos queda es revocar la contrarreforma política electoral y volver a retomar la rectoría del Congreso del Estado para darle a Nuevo León órganos electorales autónomos e independientes.