ANÁLISIS A FONDO
Ayotzinapa y la guerra antinarco
Francisco Gómez Maza

Ciudad de México.- Este jueves se arrimó a la Cámara de Diputados Sir Richard Branson, empresario británico representante de la Comisión Global de Política de Drogas, para dar a conocer al poder legislativo mexicano el informe “Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces”. Recibió al mensajero el presidente de la mesa directiva de la Cámara, el perredista Silvano Aureoles Conejo.

El informe de la Comisión Global, presidida por don Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil (1994-2002), está también avalado por personalidades como Kofi Annan, ex secretario general de la ONU; Ruth Dreifuss, ex secretaria de estado del gobierno suizo; César Gaviria, ex presidente de Colombia; Ricardo Lagos, ex presidente de Chile; Jorge Sampaio, ex presidente de Portugal; Javier Solana, es canciller de la Unión Europea; Paul Volcker, ex de la Fed estadounidense, y Ernesto Zedillo, ex presidente de México, entre otras personalidades.

Vamos a ver si ahora la clase política gobernante repara en las conclusiones de tal Comisión Global, que ha porfiado en denunciar el fracaso de la política contra las drogas, basada en la guerra, en la mayoría de los países del mundo, entre los que México destaca por la violencia hasta ahora imparable.

Los integrantes de esa Comisión han sido vistos y tratados como simples enajenados e irresponsables por los gobiernos guerreristas; en el caso de México por el de Felipe Calderón, que se vistió con una casaca militar que le quedaba guanga, para atacar a los cárteles de la droga, causando miles de miles de daños colaterales – unos cien mil muertos-, pero dejando intocable e impoluta la estructura de las bandas del crimen organizado y el narcotráfico.

Y algo muy similar está ocurriendo durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

El documento de la Comisión Global, correspondiente a este año de 2014, pone énfasis en una serie de recomendaciones a los gobiernos que enfrentan a las bandas del crimen organizado y el narcotráfico, así como al consumo cada vez más creciente de drogas ilícitas. Dichas recomendaciones pueden ser resumidas de la siguiente manera:

1.- Poner la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.

2.- Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.

3.- Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de imponer “tratamientos obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión.

4.- Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, mulas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.

Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.

5.- Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas, empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.

6.- Se debe aprovechar la oportunidad que presenta la UNGASS de 2016 (Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas) para reformar el marco internacional de política de drogas.

Y algo muy real: tanto los objetivos declarados de las políticas para el control de drogas, como los criterios que las evalúan, ameritan una reforma.

Los objetivos e indicadores tradicionales –como el número de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas, la cantidad de drogas incautada y el número de personas arrestadas, juzgadas, condenadas y encarceladas por violar las leyes relacionadas con las drogas– no produjeron resultados positivos.

Mucho más importantes son los objetivos e indicadores enfocados en reducir los daños relacionados con las drogas, como las sobredosis fatales, el VIH/SIDA, la hepatitis y otras enfermedades, así como los daños relacionados con la prohibición, tales como el crimen, la violencia, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, el desplazamiento de comunidades y el poder de las organizaciones criminales.

El gasto en medidas contraproducentes debe terminar, mientras que la probada prevención, la reducción de daños, así como el tratamiento deben recibir los recursos necesarios.

El pocas palabras, la guerra contra las drogas ha fracasado y están surgiendo nuevos enfoques. La prohibición no sólo fracasó en el cumplimiento de los objetivos declarados en su origen, sino que generó alarmantes problemas sociales y sanitarios.

La prueba más reciente para los mexicanos es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, secuestrados por sicarios de organizaciones criminales en connivencia con miembros de la clase política gobernante.

La Comisión propone, en el informe, una amplia hoja de ruta para asumir el control de las drogas, reconociendo que los enfoques previos que se basaban en el paradigma punitivo ha fracasado enfáticamente. La aplicación de este modelo ha tenido como resultado más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos. Lo daños a la salud derivados del consumo no han disminuido, sino que inclusive han empeorado. El enfoque tiene que estar centrado en la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo.

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