¡Vivos los queremos!
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- Ya pasó un mes de los criminales hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, pero no aparecen los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de represión, detención y desaparición forzada por parte de policías municipales y bandas del crimen organizado.

Las investigaciones aún no dan resultados a las familias urgidas de volver a ver con vida a sus hijos, ni a la sociedad mexicana que al unísono clama “¡Vivos se los llevaron!... ¡Vivos los queremos!”, reclamo de justicia que respaldaron varios países y agrupaciones internacionales, como el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La lentitud de las investigaciones refleja la incapacidad del gobierno, en sus tres niveles, para solucionar este y muchos otros casos, como lo evidencia la aparición de más restos humanos en fosas clandestinas. Además, refleja que en nuestro país persisten la injusticia y la impunidad históricas.

Las autoridades están emplazadas a dar pronta respuesta y, sobre todo, a presentar vivos a los detenidos y desaparecidos. No se puede permitir que este asunto se quede en el letargo, en la impunidad y en el olvido. Resulta ocioso partidizar el tema, pues más bien se tiene que actuar ya para esclarecer los hechos y castigar a los responsables de manera ejemplar.

Cada día que transcurre se recrudece el sufrimiento de los familiares ante la incertidumbre de lo que pasó aquel 26 de septiembre, otra fecha en la historia negra mexicana, ya que nada justifica el uso de la violencia y menos con la saña con que se atacó a los estudiantes.

Es inadmisible que este tipo de barbaries se perpetren, condenables desde cualquier perspectiva. La historia nos enseñó, desde las matanzas estudiantiles del ‘68 y del ‘71, que no debemos permitirlas nunca más.

Ni con la renuncia del gobernador Ángel Aguirre, ni con la desaparición de poderes, se dará solución a la violencia que carcome al estado de Guerrero. Lo que se debe hacer es conjuntar esfuerzos entre sociedad y gobierno para erradicar la violencia desde su origen, mediante políticas públicas que coadyuven al desarrollo de sus comunidades.

Se deberá juzgar y castigar con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de tan cobarde acto, sin reparar en filiaciones partidistas. Ya la PGR confirmó la colusión del alcalde perredista de Iguala y de su esposa con el crimen organizado, pero también descubrió que el alcalde priísta del municipio de Cocula está involucrado en el caso, por lo que nadie debe lavarse las manos sino asumir las consecuencias de sus actos.

Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que regrese la represión y el autoritarismo ante las legítimas manifestaciones ciudadanas. Los gobernantes tienen la obligación de liberar a la sociedad de los lastres del crimen organizado, de la corrupción de nuestras instituciones y asumir su responsabilidad, en lugar de sumirse en dimes y diretes.

El caso se perfila como otro crimen de Estado, orquestado ahora por un alcalde y su esposa y cometido por policías municipales en colusión con bandas delincuenciales. Se prenden de nuevo focos rojos que deben atenderse y resolverse. La cuestión es ¿o se reestablece el Estado de derecho o seguimos condenados a ser un Estado fallido?

Lo más lamentable es que se proyecta como un crimen de lesa humanidad, un asunto incluso de seguridad nacional que da cuenta de la grave descomposición que padecen esferas del poder y del tejido social.

No permitamos que prevalezca la impunidad sobre la justicia. Hay que atacar de raíz la inseguridad en la mayor parte del territorio nacional, con políticas públicas orientadas al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Es un largo y sinuoso proceso, pero debemos comenzarlo ya; el país está a punto de resquebrajarse por las malas decisiones de quienes lo gobiernan.

Es una lucha que debe darse en conjunto con la sociedad, ya que no es posible que nos estemos acostumbrando a un sistema en el que la tortura, las desapariciones forzadas y las muertes con alto grado de violencia, sean el pan de cada día. Nos debemos resistir a ello y trabajar de manera permanente.

Nuestra total solidaridad con los familiares de los estudiantes normalistas reprimidos, desaparecidos y asesinados y con todos aquellos que levantan su voz en demanda de justicia.