LA VENTANA INVISIBLE
Destino incierto de las radios comunitarias
[Entrevista a Héctor Camero Haro]
Jorge E. Villalobos

Torreón.- El pasado mes de julio fueron ratificadas por el Congreso Mexicano las leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La cual una vez más discrimina a las radios comunitarias de nuestro país, al negarle la posibilidad de ejercer su quehacer radiofónico en condiciones de equidad. 

Un caso ejemplar de esta marginación, discriminación e incluso criminalización que padecen las radios comunitarias desde mucho tiempo atrás, queda demostrado con la toma violenta, clausura y desmantelamiento de las instalaciones de Radio Tierra y Libertad, en la ciudad de Monterrey, por más de 200 policías federales, el 6 de junio del 2008.

A continuación les presentamos esta entrevista con el doctor Héctor Camero Haro, fundador y director de RadioTyL, quien en la actualidad también preside la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México (AMARC-Mx), informándonos de la situación jurídica actual de la estación, así como sus puntos de vista acerca de la ratificación de las leyes secundarias de la LFTR.

JV: Doctor Camero, la Red de Radio Comunitarias, A.C., la AMARC-Mx y el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos A.C. (Omdhac) denunciaron en el 2008 al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por atropellos en contra de los operadores y locutores de Radio Tierra y Libertad en Monterrey; ¿qué consecuencias ha tenido dicha denuncia, y cuál es el estatus legal de ello?

HCH: Los abogados Gisela Martínez (de AMARC-Mx) y Carlos Treviño Vives (de OMDHAC), presentaron el caso ante la CIDH hasta finales de 2013. No podían hacerlo antes, porque los reglamentos de la Comisión requieren que se agoten todas las instancias legales dentro del propio país. Había necesidad, por tanto, de que dieran su sentencia el Juez de primera instancia, el Magistrado del Tribunal de Circuito y la Suprema Corte. Finalmente, todos ellos ratificaron la condena de acuerdo a los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Para AMARC-Mx la agresión contra Radio Tierra y Libertad y la sentencia en contra de mi persona, sientan un grave precedente de diversas violaciones a los derechos humanos: a la libertad de expresión (por el cierre de la estación y después por el permiso otorgado en baja potencia), al debido proceso (esto por la aplicación desproporcionada y abusiva del derecho penal), al derecho de igualdad (por el trato discriminatorio que ha sufrido la radio), entre otros... Por ello, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH decidió ya admitir el caso. Lo que sigue es la revisión del procedimiento sobre el fondo, donde los peticionarios y el Estado mexicano presentarán sus respectivas observaciones, y de ser necesario apelaran a la máxima instancia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde el 8 de noviembre de 2002, Radio Tierra y Libertad hizo la solicitud en forma y tiempo correspondientes para el permiso de transmisión ante las debidas autoridades en los seis años posteriores hasta el año de la clausura de RTyL, en 2008. ¿Cuenta ya con el permiso la estación?; y si es así, ¿bajo qué condiciones?

La entonces llamada Cofetel acordó el 27 de enero de 2010 otorgar el permiso  de transmisión, con distintivo de llamada XHTYL-FM, en el 98.5 de la banda de Frecuencia Modulada. Consideramos la obtención del permiso un gran logro de la comunidad de Tierra y Libertad y de AMARC-México; sin embargo, hubo una limitación importante al restringirnos la potencia de salida a 20 watts, lo cual sólo permite que nos escuche un sector del noroeste de la ciudad. El perito autorizado por la SCT que asesoró nuestro proyecto, calculó que podíamos solicitar una potencia de mil watts; nuestra solicitud a la COFETEL fue por 500; y nos dieron 20.

El 29 de octubre del 2010 fue condenado usted por un juez de Nuevo León a dos años de prisión; el caso, según recuerdo, llegó hasta la Suprema Corte; ¿en qué punto se encuentra hoy esta situación?

Cuando los jueces determinaron que se debía aplicar la sentencia de prisión, por ser delito no considerado como grave se me permitió la libertad bajo fianza. Sin embargo, ésta no comenzó a contar mientras el abogado presentara una apelación. El abogado de AMARC buscó entonces que la SCJN atrajera el caso, lo cual efectivamente se consiguió, pero finalmente la Suprema sostuvo la sentencia. Esto fue hasta el 2013. En ese momento no hubo ya nada más que apelar ante la justicia mexicana; comenzó a contar el período de la condena y ya fuera del sistema nacional se hizo la presentación del caso ante la CIDH. Esta puede tardar años en dar su dictamen, pero aún así, es importante para las radios comunitarias echar abajo la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales, independientemente que yo hubiera ya concluido con el período de castigo, porque dicha ley criminaliza el derecho de libre expresión. Se trata de liberar a otros de esa acción punitiva del Estado. En cuanto al permiso, como lo expresé antes, éste se consiguió en enero de 2010, antes que el Juez de Distrito dictara la sentencia. Fueron dos procesos simultáneos, pero separados. El permiso se consiguió ante la Cofetel, pero el Estado se desquitó con la condena en el proceso penal. La baja potencia fue desde luego una decisión arbitraria, discriminatoria, pero no ligada formalmente al proceso penal.

¿Cree que el trato discriminatorio padecido por usted y la estación, así como el atentar contra la libertad de expresión por parte del gobierno calderonista ha cambiado con el actual régimen de EPN… y qué espera de éste?

La mejor muestra de la actitud del actual régimen hacia la democratización de los medios y el respeto a la libertad de expresión, de información y de comunicación, así como su actitud ante los medios sociales, está en la iniciativa de ley que presentó Peña Nieto para la aprobación de la Ley Secundaria de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Es una ley que por un lado refuerza el enorme poder del duopolio televisivo, y por otro limita severamente la existencia y el desarrollo de los medios sociales, echando al voladero las expectativas generadas con la reforma constitucional de 2013. Lo único que cabe esperar en esas condiciones, es tener que seguir luchando cuesta arriba para no permitir que se mantengan cerradas las vías al derecho de libre expresión de las grandes mayorías de este país.

¿Observa algún cambio en la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que beneficie a las radios comunitarias en el país?

El beneficio trascendental, “histórico”, como se acostumbra decir, fue el reconocimiento de las radios comunitarias e indígenas en la Constitución. Por lo demás, continúa la discrecionalidad en los requisitos para obtener las concesiones; en los plazos para resolver sobre los permisos, pues no se señala qué defensa tienen los solicitantes cuando el plazo se agota y no hay respuesta de las autoridades; se adjudican arbitrariamente los espacios más alejados del cuadrante, para reservar un 10 por ciento, en lugar del 30 solicitado para los medios sociales, espacios que presentan dificultades técnicas especiales; se niega la posibilidad de allegarse recursos mediante la venta de publicidad regulada para la reinversión, no para fines de lucro, permitiendo sólo allegarse recursos de un 1 por ciento del fondo de la publicidad oficial, con los consabidos riesgos de censura contra los medios críticos; se coloca a los medios indígenas bajo la tutela de la oficialista Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y se les niega el derecho a contar transmisiones en su lengua en los medios públicos y comerciales; se mantiene la criminalización y se elevan hasta el absurdo las multas por el uso del espacio radioeléctrico sin autorización, entre las principales afectaciones de la nueva ley a los medios indígenas y comunitarios.

¿Cuál es el futuro de Radio Tierra y Libertad?

Radio Tierra y Libertad es un instrumento de lucha y organización del pueblo trabajador. A los poderosos les estorba cualquier instrumento que sirva para que el pueblo se oriente y avance en sus luchas; quieren al pueblo desarmado e indefenso. Prevemos por eso que el pueblo quiera que su instrumento tenga mayor alcance y sea más escuchado, y por lo mismo, que sus oponentes quieran desaparecerlo con cualquier pretexto. Nos preparamos y preparamos al pueblo para su defensa. Tratamos de cumplir con todas las obligaciones de ley, pero estamos conscientes de que, llegado el caso, el Estado mexicano en defensa de la clase en el poder hace a un lado sus propias leyes. En estas luchas se educan las masas trabajadoras y ellas tienen finalmente la última palabra.

Por último, la Secretaría de Gobernación será la encargada de “vigilar” (como desde 1960) que las transmisiones de radio y televisión respeten “la vida privada, la dignidad personal y que no ataquen los derechos de terceros ni provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden público” (según el artículo 218). Algunas asociaciones de la sociedad civil mantenían la esperanza de que el gobierno derivara en otras instituciones la vigilancia de los contenidos y evitar que Gobernación tutelara y pudiera controlar la línea editorial de algunos medios críticos; ¿qué comentario le merece a usted esta situación? 

Es una de las graves pérdidas en el recuento de daños de la aprobación de la ley secundaria; representa crudamente la aprobación de la censura encima de los medios.