Crisis política
Víctor Orozco

Chihuahua.- Se dice con frecuencia en los análisis políticos que los momentos de crisis se ofrecen siempre como una pérdida de legitimidad a cargo de los grupos dominantes.

Le antecede a este quebranto una merma sustancial en la credibilidad ante las mayorías o sectores numerosos de éstas. Si nos atenemos a estas caracterizaciones, en México se transita por uno de estos tiempos. El crimen de Iguala, tuvo el impacto suficiente como para sacar a flote viejas tensiones entre las clases, agravios resentidos por los de abajo, debilidades e imposturas entre las élites gobernantes. De pronto, el dolor e indignación causados por el asesinato de los estudiantes y las exigencias de justicia expuestos en centenares de movilizaciones que abarcan todo el territorio nacional, descubrieron la carne viva del sistema. 

El asesinato y secuestro de los normalistas, se produjeron en una secuencia de hechos que por sí mismos descalificaron a las autoridades de los diversos niveles y al mismo modelo de partidos políticos. De estos últimos, no sólo al PRD, en el cual recae la colosal responsabilidad de haber instalado en puestos de gobierno a personajes del crimen. Fraudes, cuchupos, abusos del poder, marcan la senda por la cual caminan todos los partidos. Luego, la incomprensible inacción de las autoridades locales del estado de Guerrero y de las federales acantonadas en esa entidad para detener a los matones vestidos como policías. Después, la tardanza en emprender averiguaciones serias y el inverosímil desconocimiento sobre la suerte de los alumnos desaparecidos, cuando tuvieron en sus manos desde un principio a los autores directos de los delitos. Por último, la versión difundida por el Procurador de la República, afirmando que las víctimas fueron asesinadas en un basurero y luego incineradas, ofreciendo como único sustento la confesión de dos miserables sicarios. Ignoro si se ha confirmado que la noche en que se dice acontecieron estos terribles hechos cayó en Iguala un aguacero. De ser así, la quema de los cadáveres se torna en una falacia.

El deterioro de credibilidad en las instituciones, no se circunscribe a la masacre de Iguala. Justo cuando junto con la perplejidad inicial, el coraje y la protesta crecieron como bola de nieve en el país, salió a la luz el caso de la ya célebre casa blanca, valuada en varios millones de dólares. (El precio fue inflado, clamaría con enojo el presidente, no son ochenta sino cincuenta y siete millones de pesos). Nunca como ahora, el tráfico ilegal con los dineros del Estado, la complicidad para robar con los contratistas privados, había alcanzado la cúspide de la pirámide gubernamental, es decir al mismo presidente de la República. La inadmisible explicación de su esposa, no ha provocado otra cosa que una cascada de sospechas y certidumbres sobre los negocios sucios habidos entre Televisa y los gobiernos federal y del estado de México. Lo peor para los ocupantes de Los Pinos en este tema, está por venir.

Es el resultado del imperio de la frivolidad, el consumismo, el afán por lo suntuoso y superfluo, impropios de gobernantes republicanos e incompatibles con las miras de un Jefe de Estado. Por ello, una duda inmediata es cómo este presidente puede recorrer los cuatro años que le faltan de su mandato. Si lo logra, lo hará de tumbo en tumbo, en el curso de un naufragio ético y político tras otro, con una institución presidencial hundida en el desprestigio y descalificada moralmente para exigir comportamientos ajustados a la ley a ninguno de los cientos de miles de servidores públicos.

El descrédito de las autoridades, antecede al divorcio entre éstas y los gobernados. El grueso de éstos o al menos sectores por demás significativos, ya no aceptan la representación ostentada por los altos oficiales del Estado. Estamos pisando el terreno de la crisis política, que hace aflorar a todas o buena parte de las contradicciones subyacentes en la sociedad. El gobierno se encuentra arrinconado por sus propias contradicciones, carencias y fallas. Uno de los peligros gravísimos es que en la desesperación acuda al uso de las armas para tratar de aplacar a los inconformes crecientes en número. Las cada vez más frecuentes invocaciones a Gustavo Díaz Ordaz y a sus modos de gobernar hacen presumir que algunos quisieran tener ya el dedo en el gatillo. En las circunstancias actuales, un acto de represión mayor, nos precipitaría en el abismo de una fase de guerras civiles a cuyo término
acabaríamos en un país desangrado y debilitado.

La otra salida a la crisis, exige cambios sustanciales en la conducción y rumbo del estado. Para nuestra mala fortuna, los partidos políticos, a los cuales se concibió como portadores de las aspiraciones e intereses de los ciudadanos también han desertado de su misión. Ninguno de sus dirigentes hace otra cosa en su labor cotidiana, que pujar por las subastas de puestos públicos cada período electoral. Necesidades y movimientos sociales, proyectos de transformación, principios, todo quedó subordinado a la mezquina disputa por el reparto de la piñata. La tentativa de Cuauhtémoc Cárdenas para salvar del hundimiento al PRD cambiando su dirección, apunta a enderezar el rumbo, poniendo en pie a otros actores. Aunque ello, en el agrupamiento que él mismo encabezó en su nacimiento, parezca casi imposible por el grado de descomposición interna que lo carcome.

En este panorama, tenemos que volver la vista hacia otros derroteros.  La demanda central en las protestas sociales de estas semanas es la exigencia de justicia. Sin embargo, al mismo tiempo han logrado movilizar y hacer conciencia de la necesidad del cambio profundo a porciones crecientes de la sociedad, mas allá de los que guardan mayor sensibilidad a la tragedia, como son los estudiantes y los profesores. Tal urgencia se manifiesta en una interrogante también generalizada: los normalistas aparecen muertos, ¿Y luego? ¿Nos quedamos a rumiar el dolor y a lamernos las heridas? ¿Nos conformaremos con el encarcelamiento o el “suicidio” de dos o tres sicarios y el juzgamiento del presidente municipal con su esposa?

La ola de movilizaciones puede bajar de intensidad, pero no hay indicios de que se termine con tan frustrantes resultados. El hartazgo producido por la acción de políticos ladrones, la simulación, el parasitismo de castas privilegiadas, está conduciendo a un torrente que no se detendrá. En 1910, un estado de ánimo parecido desembocó en una revolución violenta. Las lecciones de la historia nos dicen que debemos evitar la lucha armada, que tanta ruina y sufrimientos acarrea. Por ello, se hace indispensable aguzar la inventiva, imaginar la nueva sociedad que deseamos.

Si tenemos claras al menos algunas de las causas provocadoras de la debacle política, este amplio movimiento debe construir una bandera en la cual se condensen las aspiraciones de un genuino gobierno republicano. La inseguridad, el irrespeto por la vida de las personas florecen allí donde campean la deshonestidad, la corrupción, el despilfarro. Estos cánceres se extienden a todo el cuerpo político del estado y cada medida dirigida contra tales tumores debe ser considerada. Una de las reformas indispensables debe dirigirse al sistema de partidos políticos. La sociedad les ha confiado una tarea vital, que es la conformación de los órganos del estado, en cuyo cumplimiento fallaron en toda la línea. Sus camarillas se protegen sólo a sí mismas, sirviendo en las cámaras legislativas, en los ayuntamientos, en los mandos ejecutivos, como tapaderas y cómplices. Requerimos otras instancias ciudadanas.