ANÁLISIS A FONDO
El cuento del Estado
Francisco Gómez

 

Ciudad de México.- Entonces les asistiría la razón a los Indignados cuando proclaman que el de Iguala es un crimen de estado. “Fue el Estado” es una acusación que enerva a los turiferarios del presidente, porque con la conciencia bastante sucia creen que la acusación va contra el gobierno, y más señaladamente contra Peña Nieto.

Aunque en cierto sentido hay razón porque el gobierno –los órganos de inteligencia que sabían lo que podía ocurrir– no actuó a tiempo para prevenir la violencia y ese crimen abominable en Iguala, y todo Guerrero, en donde no se sabe dónde está la línea divisoria entre la delincuencia y las estructuras de gobierno estatal y municipal.

Y tienen razón los padres y las madres de los 43, los que protestan en las calles, los que exigen que los regresen vivos, cuando acusan al Estado. La verdad es que, con razón o sin ella, están acusando al gobierno. Y a quién le echan la culpa.

Si los muchachos están muertos, a ellos no les consta. Sólo quieren que el “Estado” les repare a sus hijos, a sus pequeños hijos que querían ser profesores y que querían salir de la pobreza; muchos, de la miseria; pero que les quemaron el cuerpo, les asesinaron sus sueños, y ahogaron sus cenizas en el río de Cocula.

Fue el Estado, dicen. Aunque también confunden al Estado con el gobierno.

Y aquí hay una gran confusión sobre el significado real de esa palabra fantasiosa, que denomina una realidad inexistente, demagógica.

El mismísimo general secretario lo precisó este lunes, aunque en los términos equívocos en los que el mundo emplea las palabras: “Inseguridad y crimen son problema de Estado; no de gobierno.”

Por lo que dice, el general secretario cree que el Estado abarca la totalidad. El gobierno, la sociedad, las llamadas instituciones, las religiones, todo. Los turiferarios del presidente difieren del general secretario. Están seguros de que el Estado es el gobierno, la administración pública.

Dos concepciones diferentes y contradictorias:

Una, la que confunde al gobierno con el Estado –pero, qué es el gobierno, en realidad; igual, una palabra ficticia, porque si vamos a ser justos, el presidente, los legisladores, los jueces sólo son empleados públicos que deberían servir a la gente y no servirse de ésta–.

La otra, la que establece la diferencia entre Estado y gobierno, aunque de todos modos juan te llamas porque ni gobierno ni estado son realidades, sino expresiones fantasiosas de fantasías, que no de realidades.

Ojalá los actores políticos, económicos y sociales pudieran darse cuenta. Un poco difícil dar el brazo a torcer. Pero que por lo menos reflexionarán en que no van a ningún lado, cuando emplean tal terminología, esas palabras fantasiosas de realidades inexistentes.

Pero ni tirios ni troyanos se dan cuenta de que, al hablar de Estado, emplean una palabra ficticia, una de tantas fantasías constitucionales, como también lo son, por mencionar algunas, soberanía, constitución, nación, que no tienen ningún sentido y que sirven sólo para que quienes detentan el poder dominen a la población, a los individuos; les enajenen la mente y el corazón y con mayor facilidad exploten su fuerza de trabajo, la mano de obra.

Una de las maneras más efectivas para impedir la participación de la sociedad en las cuestiones que tienen que ver con gobierno, con política y con el orden jurídico, es el uso de un lenguaje ficticio, fundado en abstracciones y entes imaginarios como Estado y soberanía que, como palabras de prestigio, sirven para llenar de orgullo y al mismo tiempo de temor a la población.

Lenguaje deformado, lleno de confusiones y ambigüedades, como las que se establecen, sin duda intencionalmente, en las leyes y en las constituciones entre ese Estado imaginario y la nación o el pueblo, y en la presentación de los hombres del gobierno como el Estado.

Lenguaje basado en el uso de palabras y expresiones distorsionadas para designar a las personas, a las funciones y a las entidades, que empieza por llamar a nuestros empleados públicos, a quienes les pagamos precisamente para que nos sirvan: “Las autoridades”.

Dentro de ese esquema imaginario y un poco infantil que se llama “Teoría del Estado”, que se enseña como una materia en muchas de las escuelas de Derecho continental europeo –no así, en general, en las escuelas de Derecho anglosajón, en donde se enseñan también algunas tonterías, pero diferentes–, la sociedad aparece simplemente como un elemento de un “Estado” imaginario que expresa sus deseos a través de un gobierno dividido en tres departamentos o secciones, a las que se les llama “poderes”.

En cada uno de esos departamentos, las personas que los dirigen y que tienen, como única razón de existir y como único objetivo de su trabajo, el servicio a los habitantes que les pagan precisamente para que les sirvan, usan nombres de prestigio para distinguirse del resto de los seres humanos a los que se supone que deben servir y, para empezar, se llaman “autoridades”.

Así que mejor habrá que precisar: aún no está probado que los asesinos hayan sido de una banda de la delincuencia organizada, aunque todo apunta de que así fue.

Aún no hay pruebas contundentes de que la orden vino sólo de la presidencia municipal de Iguala.

Aún no está probado que el presidente municipal y su mujer sean el nudo gordiano de este crimen de lesa humanidad.

Aún no está probado nada. Y yo me atrevería a ser un agnóstico irredento: aún no está probado que los restos atribuidos a Alexánder Mora Venancio sean de Alexánder Mora Venancio. No sé por qué me cuesta creerle a Chucho Murillo.

Ah, espero que haya quedado menos confuso eso de la palabra “Estado”.

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