ESTADO DE LOS ESTADOS
Panadería mediática
Lilia Arellano

Cancún.- Enrique Peña Nieto y Rosario Robles, la titular de la Sedesol y cuya fama la precede como operadora electoral con recursos públicos al servicio del mejor postor, se pusieron las botas de campaña e iniciaron el trabajo de zapa.

Precisamente en el territorio purépecha, uno de los más castigados por el régimen actual, al grado de desplazar al gobernador electo, Fausto Vallejo, e imponer un repudiado virrey o comisionado de seguridad, respaldado por la fuerza militar del Estado, para dominar una entidad, Michoacán, que se ha destacado a lo largo de la historia por su entereza y resistencia a la intromisión centralista.

En ciudad Hidalgo, el mexiquense, con su cachucha de campaña en todo lo alto, arrancó la “Cruzada contra el Hambre”, un programa totalmente electorero, con la entrega de obras y acciones de vivienda –no confundirse con la entrega física de viviendas, sino sólo el inicio de los trámites de crédito para obtenerlas–, una unidad médica, un albergue y escrituras de tenencia de la tierra, tarjetas de Liconsa y del programa “Sin Hambre”, es decir, sólo espejitos para los curtidos michoacanos que conocen de sobra cómo se las gastan los gobiernos centrales cuando de pedirles su voto se trata.

El candidato consentido de Peña Nieto para gobernar ahora Michoacán, Silvano Aureoles, que se ha desempeñado en la Cámara de Diputados federal como mandadero del priísta Manlio Fabio Beltrones, cree que tiene en la bolsa la gubernatura de la tierra del histórico “Tata” Lázaro Cárdenas, toda vez que el PRI mandó como su abanderado a un sujeto de negro historial en la entidad y que no lo quieren ni en su casa, de nombre José Ascensión “Chon” Orihuela, a quien se le veía muy seguido en los restaurantes de Polanco mendigando la senaduría a Emilio Gamboa Patrón. Sin embargo, Aureoles, el dizque candidato de la izquierda, carga el estigma de colaborador de Peña Nieto y abanderado de Televisa y lejos está de contar con la intención del voto de los michoacanos si se basa en las estrategias de la “Chayo” Robles, que incluyeron ayer [antier] la entrega de documentos de jefas de familia.

No hay que pasar por alto que el pueblo michoacano está sumamente resentido con la Federación desde los sexenios panistas, particularmente con el de su paisano, “El Hijo Desobediente”, Felipe Calderón Hinojosa, quien quiso imponer a toda costa como gobernadora a su hermana “La Cocoa”, quien hoy vuelve a competir pero sin el apoyo del titular de la residencia oficial de Los Pinos, con lo que se verá realmente si le sirvió de algo la pasada elección estatal en donde le dieron un repaso los priístas encabezados por  Fausto Vallejo, con todo y que contó con la fuerza militar de ocupación que envío su hermano a la entidad para controlar este rico territorio en recursos naturales que son la ambición principal de las empresas trasnacionales, especialmente estadounidenses, pero también canadiense, británicas y, por supuesto, españolas.

Peña Nieto, acostumbrado a gobernar a través de anuncios televisivos y con base a estrategias mediáticas y no a resultados de gobierno, le apuesta siempre a la desmemoria del pueblo de México, pero éste sabe con certeza que el actual titular del Ejecutivo Federal no ha cumplido con lo marca la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir, pues se ha dedicado a destruirla y a rasgarla con sus reformas estructurales con la ayuda de un Congreso de la Unión tomado por pandillas políticas de todos colores, priístas, verdes, panistas y perredistas, así como los del Partido Anal, al que sólo le han dejado las migajas, y en esta elección ni eso pues los dejaron a sus propias fuerzas para que luchen solos por conservar su registro.

Los mexicanos en general y los michoacanos en particular saben que la llamada “Cruzada contra el Hambre”, es un programa electorero que lleva más de dos años en marcha en manos de la engañada por hombre barbudo y transa, “Chayito” Robles, el cual, cuando se anunció se dijo que atacaría el problema de la hambruna en el país en que estaban sumidos la mitad de los mexicanos, es decir más de 53 millones. Para ese efecto, se difundió, se destinarían 346 mil millones de pesos a diversas dependencias involucradas en este proyecto. Todos estos recursos, que después se supo en los análisis de las comisiones respectivas de la Cámara baja, estaba destinado a paliar sólo la situación de 7 millones de pobres y no de la totalidad, se puso en manos de la ex perredista Rosario Robles, quien ni siquiera esa meta ha alcanzado.

Lo más reprobable de todo al actual gobierno federal es que México es uno de los países más ricos del mundo en cuanto a potencial de recursos naturales y humanos, que resiente una administración conformada con una plutocracia que depreda todo para su beneficio personal, y que trabaja para mantener el actual estado de cosas con el fin de enriquecer sus patrimonios familiares. La economía mexicana tiene un gran potencial que no se puede detonar por el modelo impuesto desde Los Pinos y respaldado por la camarilla política en el Congreso de la Unión, que ha puesto tapete de lujo a las empresas trasnacionales para que depreden todos los recursos del país, desde los energéticos hasta los agropecuarios y las riquezas del subsuelo y hasta en altamar. No es gratuito que México pertenezca al G20 al ser la 14 economía del mundo.

Es un país donde la desigualdad es lacerante, que tiene al hombre más rico del mundo, o al segundo, de acuerdo a cómo se desarrolla los movimientos de las principales bolsas de valores del mundo, las de Estados Unidos. De acuerdo con la OCDE (Organización para la Competencia y el Desarrollo Económicos), México es el segundo país con mayor desigualdad económica. Es lamentable que a pesar de que los mexicanos son los que más horas dedican al duro trabajo al año, en comparación con el resto del mundo, sean los que menos ingresos obtienen. Eso se refleja en que más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, de las cuales más del 10 por ciento padece pobreza extrema. Una cuarta parte de la población resiente pobreza alimentaria y más del 12.5% padece desnutrición crónica, más de 2 millones de pobreza, según las mediciones oficiales. El 20 por ciento de la población en zonas rurales padece esta desnutrición crónica, pero la población urbana ya no está a salvo y más del 10 por ciento la resiente. Una de las causas de esta última situación se puede explicar porque en el oscuro, militarizado y violento sexenio de Felipe Calderón, la lactancia materna exclusiva disminuyó de 22.3% a 18.5 por ciento, en términos generales, pero en el medio rural la reducción fue de 36.9 por ciento a 18.5%.

La inseguridad alimentaria es brutal en territorio mexicano. Más del 70 por ciento de los hogares mexicanos se clasifican en alguna de las categorías de inseguridad alimentaria que mide la Encuesta Nacional de Salud. En el medio rural la situación es una bomba de tiempo, con más del 80 por ciento de los hogares en inseguridad alimentaria, y en donde las protestas populares están siendo sometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, bien alimentadas con presupuestos multimillonarios. Se está apostando a la represión popular, más que a la solución de los problemas sociales de raíz, como se puede apreciar claramente no sólo en Michoacán, sino ahora en Guerrero, en donde el aniquilamiento de la protesta por la fuerza parece ser la única estrategia que aplica el militarizado gobierno de Peña Nieto.

La gravedad del problema del hambre en México es inocultable, por lo que el gobierno federal ha tenido que reconocer en el escenario internacional que el país no ha logrado erradicar la pobreza y el hambre como se había acordado al principio de este milenio con la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados por Naciones Unidas, para su establecimiento precisamente en este 2015.

Enrique Peña Nieto no ha cumplido la Constitución del país, que le ordena desde la posición de titular del Ejecutivo Federal, trabajar para abatir la pobreza y el hambre, un derecho fundamental de todos los mexicanos. Tampoco ha respetado sus promesas de campaña, firmadas ante notario, por lo que el pueblo mexicano está en su derecho de cobrarle la factura en las urnas en la elección intermedia federal. Hay más pobres, más de la mitad de la población; hay más desempleados, alrededor de 15 millones que se han tenido que colocar en el comercio informal para sobrevivir y llevarles de comer a sus familias; y la enorme riqueza poblacional del país que son sus jóvenes está desperdiciada en las calles sin escuela, trabajo y sin presente ni futuro. Son los 10 millones de “ninis” que sobreviven gracias a que sus padres salen a las calles, a los tianguis, a los cruceros, al campo marginal, a las empresas trasnacionales que los explotan sin que sus recortados derechos laborales sean respetados,  a trabajar para darles de comer y pueden sobrevivir. Este ejército de reserva es el que alimenta al crimen organizado, al que opera en las calles, no al que tiene su guarida incrustada en las burocracias federal y estatales.
A pesar de sus enormes esfuerzos, éstos trabajadores cuyas familias representan cerca de la tercer parte de la población del país,  tienen ingresos que no les permiten adquirir ni siquiera la canasta básica de alimentos ni mucho menos cubrir sus gastos de salud y de educación. Y los llamados “pobres de patrimonio”, quienes además no pueden cubrir los gastos de vestido, vivienda y transporte, ya superan el 50 por ciento de la población.
Más que el tema de la seguridad, que tanto obsesionó a Calderón y lo lanzó estúpidamente a una “Guerra contra el narco”, obligado por el gobierno estadounidense en la llamada “Iniciativa Mérida” o Plan México, una estrategia de dominación de las rutas del tráfico de estupefacientes y de migrantes  a territorio estadounidense, los temas que deberían ocupar al régimen de Peña Nieto como prioridades de gobierno y no como programas electoreros temporales, son el combate a la pobreza y la seguridad social.
El gobierno mexicano no ha cumplido su obligación de garantizar la alimentación de la población del  país. Sus burócratas se han dedicado a negociar con el hambre del pueblo y han delegado esta responsabilidad en trasnacionales que están enfocadas al enriquecimiento de sus filiales. Un asunto que es de seguridad nacional fue descuidado totalmente en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto está haciendo lo mismo. En los sexenios panistas la balanza comercial agropecuaria fue deficitaria en 4.2 mil millones de dólares con el guanajuatense, y con Calderón el déficit se incrementó en 160 por ciento, con lo que las importaciones de productos del campo fueron casi 11 mil millones de dólares.

Peña Nieto tampoco ha estado a la altura de los restos sociales que se marcaron al inicio de su administración. No ha logrado revertir la situación de miseria en la que se encuentra más de la mitad de la población. El reajuste de recursos federales, aportados por todos los mexicanos, para reducir el hambre y la pobreza del país no se ve por ningún lado. Lo que se aprecia es un escandaloso enriquecimiento de la alta burocracia, empezando por la familia presidencial y sus más cercanos colaboradores. Es una entrega estúpida de los recursos naturales del país, particularmente los energéticos. Es una política represiva contra los grupos sociales que se oponen a esta situación. Es la criminalización de la protesta, característica esencial de los regímenes autoritarios a lo largo de la historia.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO
Existen diversas formas de buscar que se aplique la justicia, sobre todo cuando se sabe que la razón existe y es totalmente comprobable. Sin embargo tal parece que nada supera a la denuncia pública, al señalamiento del proceder de los malos funcionarios, de los que abusan de sus posiciones y sin el menor reparo tiran por la borda los esfuerzos de todo un gabinete. Tal es el caso de don Fidel Villanueva y un equipo cercano de colaboradores y jueces que más que estar al servicio de la Ley lo están al de los intereses o pretensiones del jefe en turno.

Resulta que han tejido toda una red de protección en contra de un sujeto de nombre Luis Mora y, si bien la historia es larga, no es menos dramática e ilustrativa. Este sujeto firmó acuerdos con el Hospital Americano y no cumplió. Al ser requerido para abandonar el nosocomio empezó a destruir toda el área de urgencias y radiología por lo que el doctor Sergio de la Fuente acudió a la policía para que de inmediato intervinieran. Aún y cuando los sorprendieron en plena acción delictiva, de manera inmediata dejaron libres a los participantes en el hecho. Se ufanó Mora de ser socio de Isaac Hamui, lo cual a su decir lo convertía en intocable. Más tarde se supo que era mentira.
Comenzó el calvario de las demandas. Han tenido que transcurrir muchos meses, años, para que se dictara una sentencia a la cual se le han otorgado plazos para apelar de manera extraordinaria. Habrá que resaltar que en el inter hubo cambios en el dictamen hasta llegar a que una cifra que alcanzaba más de 6 millones de pesos por los daños causados y el equipo sustraído, llegara solo a 500mil pesos dejando un renglón salvador para que se cubra el resto de daños causados. Para mantenerse libre e incluso sostener el contrato que Luis Mora firmó para hacerse cargo de la clínica de los taxistas, no han dudado en hablar de una protección que reciben de este diario, lo cual es totalmente falso, involucrando en ello al ex secretario particular del ex procurador Bello Melchor.

Hace un par de días giraron una orden de aprehensión en contra del doctor de la Fuente basada en unas supuestas facturas apócrifas, lo cual no es sino otra de las muchas patrañas con las que las víctimas de Mora han tenido que batallar y en las cuales, paradójicamente y estando comprobada la culpabilidad del sujeto mencionado, buscan lograr atemorizar al galeno, meterlo en la cárcel y lograr así que les otorgue el perdón. Y como estas pueden verse a diario injusticias de todo tipo, aplicaciones de la Ley a modo. Ahora resulta que el agredido tiene que andar con un amparo bajo el brazo en tanto que el agresor se pasea muerto de la risa alardeando de contar con la protección del diario de mayor circulación en la Península, lo cual, con tan solo leer estas letras se demuestra que es totalmente falso.
Incluso se ha mencionado que, perteneciendo a esa mafia que ya existe entre los dueños de ambulancias, Mora sobresale por tantas acciones de voracidad y engaño. Ya se verá en este, como en muchos otros casos cual es el verdadero final.  

DE LOS PASILLOS
Un día sí y otro también, se aprecia la ineficiencia del gobierno para el manejo de la economía, que no crece, que no genera riqueza, al menos para el grueso de la población, y que no cumple con las expectativas de los trabajadores y de sus familias. En este contexto, el INEGI reportó este miércoles que durante noviembre de 2014, la inversión fija bruta perdió fuerza, aumentó sólo 5.4% a tasa anual desestacionalizada, un nivel inferior en 1.8 puntos porcentuales respecto al incremento de octubre del 2014. La inversión se desaceleró desde noviembre del año pasado y esta desaceleración continuará en el resto del año. Dicha  desaceleración se derivó de un menor ritmo de la construcción, cuyos gastos avanzaron en 4.0 por ciento el periodo previo a 2.4% en el penúltimo mes del año pasado. El apartado residencial se elevó 7.7%, mientras el no residencial descendió 1.7%.

La firma Moody´s Investors Service advierte que una posible reducción de los ingresos petroleros del país, ocasionada por la caída de los precios internacionales del crudo, si bien no impactará en la calidad crediticia de los estados mexicanos en este año, sus finanzas sí podrían quedar presionadas si continúa esta tendencia hacia 2016. Explica que “la estrategia de cobertura del gobierno federal, el IEPS a los combustibles, y el fondo de contingencia protegerán los ingresos de los estados si los precios del petróleo permanecen bajos durante 2015”.

Pero no hay que pasar por alto que las transferencias federales representan alrededor de 90 por ciento de los ingresos totales de los estados mexicanos. Las aportaciones y los convenios están protegidos por una opción “puf” sobre el precio del petróleo que contrata el gobierno de México, de tal forma que los ingresos que respaldan estas transferencias están aseguradas contra fluctuaciones en los costos de energéticos, pero las participaciones a los estados no gozan de esta garantía.

Aunque el gobierno federal tendrá la capacidad de distribuir las participaciones en 2015 aún si el precio promedio del crudo mexicano cae a 40 dólares por barril, según Moody´s, durante este año no se utilizará el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que es el principal fondo utilizado para compensar las insuficiencias en las participaciones. Dicho fondo contaba el año pasado con 2 mil 400 millones de pesos.

Pero hay tres factores que pueden ejercer presión en las finanzas públicas estatales si los precios bajos persisten en 2016: una caída potencial en las transferencias federales en caso de que el gobierno federal revise sus supuestos de precios petroleros a la baja; una reducción o modificación al régimen fiscal de la gasolina; y una merma considerable del FEIEF, que por cierto no sabemos en cuánto está en estos momentos…

La propuesta anticorrupción lanzada por el Ejecutivo Federal fue bien recibida por los gobernadores y no podría ser de otra manera. El blindaje con liluputenses al frente está más que garantizado, ¿o no?