Mazatlán.- El pronunciamiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de que no habrá elecciones en el estado de Guerrero, si éstos no aparecen con vida, constituye un hecho inédito en la historia electoral.
No hay antecedente en la era del PRI absoluto, ni en el periodo de elecciones competitivas, de que los comicios en un estado se suspendan y se genere un vacío de poder; asimismo, no existe un hecho social que haya alcanzado las dimensiones que tienen los 43 estudiantes desaparecidos.
Ni siquiera, el movimiento estudiantil de 1968, o el jueves de Corpus de 1971, donde se masacró igualmente estudiantes en las calles de la ciudad de México.
La razón radica en el grado de difusión este trágico acontecimiento, gracias a las redes sociales y el escaso control del gobierno sobre ellas.
Entonces, si bien las autoridades centrales del INE, acaban de declarar que las actividades de su órgano local están llevándose con absoluta normalidad y quizá, lo mismo digan, las autoridades electorales que tendrán bajo su responsabilidad la celebración de los comicios de gobernador, legislativas y municipales.
Tensión
Sin embargo, la tensión persiste por las movilizaciones que constantemente están realizando las organizaciones convocantes dentro y fuera del estado.
Más aún, las precampañas de todos los partidos y coaliciones, a diferencia de otros estados donde son un lastre en Guerrero, me dicen, tienden a ser relativamente menos públicas.
Y es que al menos en la elección de gobernador, vale la máxima de quien la gane se estará sacando la rifa del tigre, ya que Guerrero quizá como ningún otro estado, reúne los indicadores de Estado fallido que utiliza en su clasificación Freedom House (escaso control del gobierno sobre el territorio, índice alto de criminalidad, pobreza, etcétera); y eso significa problemas serios para garantizar la gobernabilidad.
O quizá habría que plantearse la hipótesis más temeraria: que aun con todo lo que se hace y dice, la verdadera disputa sea entre los candidatos avalados por los cárteles que siguen controlando el estado.
Y si es así, el escenario se complica tremendamente, porque veremos una elección con un elevado nivel de protesta social, la acción de los grupos criminales, la guerrilla que promueve las movilizaciones populares y unas instituciones electorales que están diseñadas para condiciones de normalidad democrática, pero no para situaciones excepcionales, como las que se presentan en este estado del sur del país.
Necesidades
Las elecciones en sistemas democráticos exigen condiciones mínimas para que tanto los partidos y sus candidatos puedan llevar su oferta política a los potenciales votantes, que los ciudadanos tengan garantías de que verdaderamente existe un libre juego de ofertas políticas y que pueden escoger la suya sin temor alguno, en tanto los órganos electorales necesitan una atmosfera adecuada para la promoción del voto, la capacitación de ciudadanos, la organización electoral, la celebración de los comicios en todo el territorio estatal y el escrutinio, cómputo y calificación electoral. La pregunta es si Guerrero tiene estas condiciones y si las tendrá en los próximos meses. Creo que no y la situación es previsible que empeore en lugar de mejorar.
La principal demanda, está visto que el gobierno no la podrá cumplir, porque simplemente la semana pasada dio a conocer la “Verdad Histórica” del desenlace que tuvo la detención y desaparición de los 43 muchachos normalistas. Para el gobierno todos ellos están muertos. Sólo queda deslindar responsabilidades entre los detenidos, además de buscar aquellos que están prófugos de la justicia.
Entonces, deja intacto el argumento de los promotores de la movilización, bajo la consigna de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, que sin duda alguna lo aplicarán en cada una de las etapas del proceso electoral, generando un ambiente de mucha tensión y crispación, que seguramente propiciará una atmósfera pesada para todos los actores políticos y eso habrá de influir en los niveles de participación que son de por sí bajos en elecciones intermedias.
Ingobernabilidad
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y los miembros de la CETEG van abiertamente contra las elecciones en Guerrero, salvo que lleven al Estado a una situación de ingobernabilidad absoluta, no les alcanzara para evitar que haya elecciones generales el 7 de junio en todo el estado, pero sí influir en los niveles de participación.
Lo que salvará la situación es que estos comicios son concurrentes, de manera que a la par de la elección federal, donde se elegirán nueve diputados y dos senadores de mayoría, estarán también en juego la posición de gobernador, 89 alcaldes y 46 diputados por los dos principios de representación. Está visto que en este tipo de elecciones la gente sale a votar. Le interesa saber quién será su alcalde o su diputado.
El escenario, si bien no es nuevo en el estado de Guerrero, dada la violencia y la pobreza endémicas, lo que podría influir en los resultados de todas las posiciones en juego, será el voto duro y la capacidad clientelar de cada uno de los partidos y coaliciones.
Es decir, bajo la atmósfera de tensión ya anunciada, los partidos van a ir a la búsqueda de los votos, con sus singulares mecanismos de compra y coacción en segmentos de votantes para obtener votos a cambio de dinero, obras o despensas.
Y en ese sentido, es previsible que haya un cambio en el comportamiento electoral; el PRD difícilmente volverá a la gubernatura, y el PRI pudiera regresar a gobernar el estado (de hecho, Ángel Aguirre era priista, antes de ser candidato a gobernador del PRD). Nunca se fue.
Entonces, lo que tendríamos es un escenario paradójico: mientras por un lado hay un sector muy radicalizado pidiendo la presentación de los desaparecidos y/o la renuncia de Peña Nieto, por otro lado los que votarían, como quiera que sea, podrían estar regresando a los priistas al poder.
En definitiva, las posturas de los padres y sus aliados podrían calentar más el ambiente preelectoral pero, igual, provocar que el partido del Presidente recupere el estado.
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