ESTADO DE LOS ESTADOS
Guerra perdida
Lilia Arellano

 

Cancún.- Para combatir su grave problema de drogadicción, Estados Unidos utiliza un enfoque jurídico-represivo que exportó a Latinoamérica, especialmente Colombia y México, en donde se libra la “guerra contra las drogas”, que además se está perdiendo.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 1996 de Estados Unidos, dada a conocer en Miami, subrayó sus concepciones jurídico-represivas para América Latina y el Caribe. Pero los estadounidenses no están haciendo su parte, porque tan importante es luchar contra los campos de coca como reducir la demanda de drogas en territorio estadounidense. Este mercado es inmenso: 11 millones de “gringos” consumen cocaína, 30 millones fuman mariguana y 500 mil se inyectan heroína. De ahí la pujanza de una “industria” dispuesta a satisfacer esas “necesidades”.

La estrategia de la “guerra contra las drogas” data de 1986, cuando Ronald  Regan advirtió que las drogas ilegales eran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Esta política ha sido una estrategia mantenida casi inalterada por EU desde los años ochenta. Desde finales de esa década, la ayuda militar del gobierno de EU a México ha ido en aumento. La militarización se inició en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se incluyó a las Fuerzas Armadas en las acciones contra el narcotráfico, en el grupo coordinador ejecutivo del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).  Con Ernesto Zedillo se integró a las fuerzas armadas en el Consejo Nacional de Seguridad , que entre sus tareas incluía acciones contra el narcotráfico. Con Vicente Fox aumentó la presencia militar en las policías federales, incluso se nombró al general Rafael Macedo de la Concha como titular de la PGR.

A raíz del sexenio pasado, con la declaración de guerra de Felipe Calderón a los cárteles del narcotráfico, se incrementó la cooperación e involucramiento de Estados Unidos con las fuerzas militares mexicanas, con lo que se elevaron también los abusos de derechos humanos, y el número de asesinados a lo largo y ancho de nuestro territorio. Los miles de millones de dólares invertidos por México y EU en esa guerra elevó los niveles de violencia y la capacidad de combate los grupos criminales que tejieron redes de complicidad con los tres niveles de gobierno.

La Iniciativa Mérida o Plan México, es un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica (Belice,  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. En éste se involucraron el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) y, por parte de México, el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Los operativos militares contra los cárteles de las drogas iniciaron en Michoacán, y siguieron en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Se invirtieron más de siete mil millones de dólares en esta guerra tan sólo en los primeros 18 meses de la presidencia de Felipe Calderón. Las bajas sumaron miles, no sólo de militares y delincuentes, sino también de civiles inocentes. El gobierno estadounidense aportó 1,600 millones de dólares.

La violencia deterioró el tejido social de muchas ciudades. La crisis de seguridad pública afecta a millones de mexicanos. La afectación a los derechos humanos es recurrente.  Se ha llegado al grado de perder control territorial por parte de las estructuras institucionales. Según expertos, en más del 60 por ciento del país existen estructuras criminales capaces de controlar los negocios del crimen organizado. Se han formado grupos paramilitares de alto entrenamiento al servicio de los cárteles del narcotráfico: “Los Zetas”, son el ejemplo claro de esto. Se armaron para el choque y se incrementó la penetración del Estado y la compra de autoridades, sobre todo de policías.
El propio Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró el martes que existen “interrogantes alarmantes” sobre el “nivel de complicidad gubernamental” en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado. Las fosas comunes no relacionadas con los 43 normalistas, pero descubiertas durante las investigaciones de ese caso, “provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia gubernamental”. Ninguno de los 28 cadáveres encontrados hasta esa fecha en las fosas pertenecía a los estudiantes desaparecidos.

Después de los hechos de Tlatlaya, en el Estado de México, el Departamento de Estado suspendió la asistencia estadounidense al Batallón 102 del Ejército. Después del arresto de un oficial y siete soldados, el comando señaló que había “mayor aceptación de que los militares estaban involucrados. La masacre de jóvenes sicarios que se habían rendido en una bodega del municipio mexiquense, retrata a un Ejército que comete ejecuciones sumarias.

En cuanto al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, un amplio reportaje de la revista electrónica “The Intercept”, revela que “mientras más y más cadáveres no identificados eran exhumados el otoño pasado y la comunidad internacional miraba con horror los eventos, ciertas verdades sobre el Estado mexicano comenzaron a salir a la luz. Lejos de ser un incidente aislado, la desaparición de 43 jóvenes en una noche de violencia fue única por la atención recibida en los medios. La historia de los estudiantes es simbólica de la crisis en México de desapariciones no resueltas, fosas clandestinas y la integración del crimen organizado en los cuerpos policíacos y la política”.

La investigación de “The Intercept” ha revelado los esfuerzos  conjuntos del gobierno federal para enfocar la culpabilidad a los actores municipales, aunque existe evidencia de un expansivo círculo de responsabilidad. Oficiales de mayor rango en la ciudad de México han presentado un estrecho y manipulado escenario de un masivo secuestro cometido por oficiales locales y llevado a cabo por sicarios en el área de Iguala”. “Pero evidencias en los archivos propios del gobierno indican un caso de desaparición forzada, el cual incluye –distinto al delito de secuestro- la participación activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el Estado carga responsabilidad”.

GUERRA INÚTIL
Todos los días, los diarios dan cuenta de la captura de cargamentos de droga y arrestos de presuntos narcotraficantes, en su mayoría peces chicos que se proponen salir de la pobreza con actividades ilícitas. Las policías redoblan los mecanismos de control y represión al gigantesco negocio de las drogas. Las cárceles están llenas de “mulas” y correos. En la tarea se involucra cada vez más a los ejércitos. Los parlamentos endurecen las legislaciones. Este es el tema obligado en las agendas de las cumbres presidenciales y en las reuniones de cancilleres.

En México y Colombia se han dado duros golpes a los cárteles de la droga. Pero estos esfuerzos, acciones y medidas resultan insuficientes. El negocio de los estupefacientes no disminuye. Unos capos caen, pero inmediatamente otros lo reemplazan. El poder que han adquirido los capos de la droga es insospechado. Los dineros calientes están presentes en las campañas electorales, así como en el sistema bancario y financiero.

En el decenio de 1980, el tráfico de heroína y cocaína aumentó rápidamente, en la década de los 90 se estabilizó. Los decomisos llegaron a menos de un tercio de lo producido. Pero el consumo no disminuyó.

La prioridad de la lucha anti-drogas de Estados Unidos es México, tras la detención de los jefes de las mafias de Colombia. Los cárteles mexicanos abastecen al 50% del mercado estadounidense. Investigaciones de la UNAM indican que las bandas de traficantes que operan en México obtienen ganancias de entre 15,000 y 30,000 millones de dólares, de los cuales 800 se destinan a sobornar a las autoridades.

Paulatinamente, los militares mexicanos se han subordinado a los estadounidenses en esta guerra. A cambio reciben equipos y entrenamiento. Conceptos como la soberanía nacional han sido borrados para dar paso a la “cooperación internacional”.

La “guerra contra las drogas” ha permitido el crecimiento de la economía del narcotráfico, un gran negocio de alrededor de 25 mil millones de dólares anuales que perciben los narcotraficantes mexicanos gracias al mercado estadounidense. Se ha beneficiado la industria del armamento (procedente principalmente de EU) y los traficantes de armas, así como las agencias como la DEA (Drug Enforcement Administration) o el FBI (Federal Bureau of Investigation), cuyos presupuestos están garantizados mientras la guerra siga. 

Los grandes perdedores son países como México y Colombia, donde la violencia del narco ha significado la pérdida de territorio frente al crimen organizado, ingobernabilidad, degradación social y grupos paramilitares. Además de la corrupción en detrimento de sus instituciones.

De no modificarse la estrategia seguida hasta el momento en el combate a los cárteles de la droga, pronto tendremos unas fuerzas militares desprestigiadas y un caos generalizado por el desorden público causado por el terrorismo de las mafias actuales y las emergentes.

Mientras no se legalicen las drogas, el margen de maniobra es reducido y se mueve en un mismo esquema con más o menos intensidad. La mejor posibilidad para reducir el actual paradigma es la legalización-regulación de la producción, tránsito, comercialización y consumo de las drogas, en particular la mariguana.

ABOLIR ESTRATEGIA PROHIBICIONISTA
Tras su reciente visita a México, la semana pasada, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que en la próxima reunión de la ONU sobre narcotráfico en 2016, Colombia y México actuarán juntos para abolir la estrategia prohibicionista promovida desde hace medio siglo por EU.
En Estados Unidos la producción, venta y uso de mariguana con fines medicinales o recreativos ya son legales en más de la mitad de su territorio, mientras en Latinoamérica se sigue criminalizando esta droga.
“El mundo tiene una oportunidad única”, dijo, para replantear el enfoque del problema del narcotráfico en la sesión especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), a celebrarse en 2016 en Nueva York.

Santos advierte que un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) puede causar que los narcos mexicanos intenten ocupar los espacios que esa guerrilla abandone en el mercado de drogas. “Si se llega a un acuerdo final, las FARC se han comprometido a contribuir de manera efectiva con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno”.

De acuerdo son el semanario “Proceso”, Santos pidió al presidente Enrique Peña Nieto actuar de manera coordinada en la reunión de la ONU en 2016 para reformar la política antidrogas prohibicionista y represiva que tanta violencia ha provocado en ambos países.

La visita de Estado produjo acuerdos importantes, entre ellos la firma del memorando de entendimiento entre México y  Colombia para el establecimiento de una relación estratégica; el acuerdo de colaboración en materia académico-diplomática entre las cancillerías de ambos países, así como el acuerdo de cooperación mutua en materias de seguridad y defensa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina de México y el Ministerio de Defensa de la República de Colombia.

Santos y Peña Nieto reiteraron que Colombia y México trabajan para lograr una mayor colaboración y eficaz combate al narcotráfico y al crimen organizado. Un acuerdo de cooperación en materia de seguridad para combatir de manera recia el narcotráfico y las bandas criminales fue uno de los principales logros de la visita oficial del presidente colombiano.
Todo lo anterior como muchos de los acuerdos que se firman entre los titulares de los máximos poderes definen la intención de realizar muchas acciones conjuntas, desgraciadamente casi ninguna tiene efectos prácticos por lo que los resultados son inexistentes y en algunos casos, como en los acuerdos comerciales, perjudiciales para México.

DE LOS PASILLOS
El INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información) ordenó a la PGR (Procuraduría General de la República) dar a conocer una versión pública de los interrogatorios que recientemente realizó a 20 militares como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Por considerar que se trata de una violación grave de derechos humanos es inoperante la causal de reserva invocada por la dependencia argumentando de que se trata de una investigación en curso.
La organización “México ¿cómo vamos?” reveló que gobernadores salientes en nueve entidades federativas fracasaron en atender necesidades clave de la población. El organismos evaluó variables como crecimiento económico, generación de empleo, seguridad, deuda pública y nivel salarial en las nueve entidades que sostendrán elecciones para gobernador el próximo 7 de junio y demostró las fallas de las administraciones salientes. Los gobiernos de Rodrigo Medina en Nuevo León; Ángel Aguirre y Roberto Ortega en Guerrero; Fausto Vallejo y Salvador Jara en Michoacán; Marcos Covarrubias en Baja California Sur; José Calzada en Querétaro; Mario  Anguiano en Colima; Guillermo Padrés en Sonora; y Fernando Ortega en Campeche, fueron reprobados en esta evaluación.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,  Rodrigo Alpizar Vallejo, señaló que hoy tres de cada diez empresarios han detenido sus inversiones porque están a la espera de saber que sucederá con la violencia e inseguridad que se vive en el país, además de conocer los resultados de las elecciones de junio. Los sectores en donde más se ha observado ese freno han sido en los fabricantes de materiales para la construcción, las industrial metal-mecánico, de galvanoplatía, mueblería, bienes de capital y los talleres de forja.

Según las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Salud, ahora resulta que fue una bacteria lo que causó la muerte de dos niños en la comunidad de La Pimienta del municipio de Simojovel, Chiapas, así como las complicaciones en la salud de otros 29 niños tras ser vacunados el viernes pasado. De acuerdo con los primeros resultados oficiales de la investigación,  las muertes y complicaciones no fueron causadas por un defecto de las vacunas,  sino por la presencia de contaminación externa. Las autoridades defienden que las vacunas no estuvieron defectuosas o químicamente mal, pero al hacerlo exhiben que no hay la suficiente limpieza y cuidado en las clínicas oficiales, en donde debería de prevalecer por sobre todas las cosas condiciones higiénicas.