ESTADO DE LOS ESTADOS
Terremoto político
Lilia Arellano

 

Cancún.- Nuevo León se ha convertido en un centro de atracción para la prensa internacional y las opiniones de diversos diarios tienen como colofón el señalamiento del hartazgo ciudadano.

De la desconfianza existente hacia los partidos políticos, de lo que el Washington Post califica como “el odio hacia los políticos en México”, sin por ello dejar de mencionar que es ésta una Nación cada vez más frustrada y desgastada por el status quo.

El que apareciera un candidato independiente para la gubernatura y el avance en las preferencias de los ciudadanos alcanzado ha puesto a esta Entidad de nuevo frente a los reflectores, como lo ha estado en otras ocasiones cuando las determinaciones que ahí se han tomado se aplican posteriormente a nivel nacional. Un claro ejemplo: el impuesto sobre nóminas.

Y si bien en el pasado reciente estas medidas surgidas en terrenos neoleoneses se circunscribían al área económico-financiera-tributaria, ahora el gran salto es hacia la política, en lo electoral. Es difícil definir a Jaime Rodríguez, alias “el bronco”, sobre todo cuando existe una andanada en su contra producto del temor que su triunfo provoca ya que se vería un empoderamiento de los ciudadanos que en nada favorece a los planes y objetivos del actual gobierno y menos aún a los partidos políticos que se verían amenazados en su existencia. Se critica el leguaje utilizado por este candidato y éste corresponde a quien aspira a gobernar, no al que se encuentra ya instalado en el poder por lo que para muchos la búsqueda de las simpatías a través de expresiones que el pueblo utiliza no es reprochable.

En la capital de ese Estado ya se encuentran corresponsales de diversos medios: El País, The New York Timex, The Wall Street Journal, Associated Press, USA Today, Bloomerg, entre muchos otros. Seguirán el proceso electoral paso a paso y en el caso del NYT las referencias hacia el candidato señalan: “”el bronco”, franco, frecuentemente vulgar y quiere dirigir Nuevo León”. Llama la atención que este tipo de calificativos fueron expresados y difundidos en los medios simpatizantes por los priístas cuando se les apareció Vicente Fox con un arrastre no esperado, aún y cuando existía la disponibilidad o el compromiso con el extranjero de llegar a un cambio en la conducción del país y que éste fuera hacia la derecha.

Sin duda alguna que las expresiones del guanajuatense fueron de arrastre electoral y es la fórmula que está siguiendo Jaime Rodríguez. Para el WP, este “candidato independiente se monta en el odio hacia los políticos en México” y es esta una de las más claras y reveladoras verdades ya que  hasta el día de hoy no existe una sola encuestadora que se atreva a marcar apoyos, predilección, respeto, simpatía de los ciudadanos por estas organizaciones que han demostrado estar a la vanguardia de la corrupción, ejerciéndola en todos los sentidos. El pasado priísta de este independiente es la base de todas las críticas a nivel nacional, y resulta una incongruencia cuando, entre líneas se apoya precisamente a la abandera del tricolor. O sea que ¿se tornó en bueno o en malo ser o haber sido militante del PRI?

Dicen estos dos influyentes medios de los Estados Unidos, que Jaime Rodríguez, cuyo origen es ranchero y quien ya ocupó una presidencia municipal en esa Entidad, ha sobrevivido a dos atentados, su renuncia al PRI y su participación en el proceso para lograr la gubernatura lo han convertido en un fenómeno electoral “que ha capitalizado el hartazgo a la corrupción y a los partidos políticos”. Dicen que en México, “el mundo político está ansioso por ver si este personaje altera el orden atrincherado, no solo en ese Estado sino también en una Nación cada vez más frustrada y desgastada por el status quo”.

Aunque no se diría que “están ansiosos”, sino verdaderamente preocupados por ese “atrincherado” con el que los partidos políticos han secuestrado la voluntad popular. Habrá que hacer notar que todos ellos dejaron atrás los procesos democráticos internos para la nominación de candidatos. Las formas que tienen registradas ante la autoridad revelan que se cubrieron todos los frentes, se marcaron las convenciones de delegados con el fin de que unos cuantos, dizque representativos de muchos más, fueran los que decidieran quien o quienes serían abanderados. Solo que éste esquema no es sino la forma de proteger al gran dedo, al que elige ya sea a nivel local o federal.

Ni los partidos políticos cumplen con su cometido de convencimiento con los ciudadanos a través de su ideología y con posiciones de formación de cuadros y de búsqueda de financiamientos que eviten que su costo sea cada vez más alto para todos los ciudadanos, ni mucho menos tienen prácticas democráticas en su interior. Las concertaciones, los arreglos eliminando las urnas, su penetración en órganos que se suponía sería exclusivamente ciudadanos como es el caso del antiguo IFE y del “moderno” INE, lo que también influyen en los Tribunales, hablan por sí solos de una lucha que está fuera, totalmente, de lo que se supone deben ser los resultados de un proceso electoral.

Si a lo anterior le agregamos que, de nueva cuenta, cada vez que se queda al desnudo, al descubierto, el enriquecimiento sin explicación de los funcionarios públicos, de los gobernadores, de los alcaldes, se argumenta que se trata de “guerra sucia”, de “enfrentamientos por el poder” o en el caso de Lorenzo Córdoba y sus expresiones racistas “quieren desgastar al Instituto”, la burla que todo ello encierra conforma la base de ese hartazgo ciudadano. Las fortunas inexplicables ahí están, debidamente exhibidas y con tanta impunidad que ahora, en el caso de Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León y de su parentela ya recurrieron los denunciantes a los registros sobre depósitos y propiedades que existen en Estados Unidos.

Para los que señalan una y otra vez que seguimos en el país del “nopasanada”, tal parece que es el momento de que “algopase”. Aunque para ello la trinchera protectora de los partidos y del gobierno en turno ya se extendió a las autoridades electorales al dejar éstas en el limbo lo concerniente a los topes de gastos de campaña de los independientes. Esa indefinición en plena disputa y una vez que se ha recorrido el mayor tramo en las campañas no es sino la forma en la que posterior a la elección podrían hasta anular el triunfo de “el bronco” y paralelo a ello garantizar que a la familia Medina no se le toque un centavo y mucho menos se le lleve a ocupar un sitio frente al Ministerio Público.

El empoderamiento de los ciudadanos es “el coco” de los políticos en estos días y tal vez lo sea para la gran elección del 2018.

¡JUSTICIA!
Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Villa Purificación, son nombres de tragedias y crímenes de lesa humanidad, en la que están involucrados tanto el crimen organizado como las fuerzas armadas del país, y cuya impunidad ponen en evidencia que el Poder Judicial de México simplemente no funciona. Es un poder cerrado, introvertido, con poca transparencia en su ejercicio y reacio a recibir críticas. Ha sido atacado por la corrupción que ha afectado la calidad de la justicia en México. Esto ha hecho que atraviese por una clara crisis de confianza y legitimación. Su desempeño ha sido reprobado por la ciudadanía que ve los procesos judiciales engorrosos, sin transparencia y donde la impunidad es el fantasma que ronda desde el inicio los juicios. Es un tema cotidiano conocer la liberación de criminales por parte de los jueces, o cómo entorpecen y paralizan la impartición de justicia en otros caos.

Ocho meses han pasado de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y las investigaciones no avanzan, lo que ha lanzado a las calles a los familiares de los jóvenes estudiantes y otras organizaciones que se manifiestan exigiendo ¡¡justicia!! no sólo en la capital del país sino en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Todo parece indicar que la administración de Enrique Peña Nieto, dañada en su imagen internacional y nacional por estos hechos, le apuesta al paso del tiempo y al olvido de estos trágicos hechos que no encuentran respuestas satisfactorias, en lugar de procurar la adecuada administración y procuración de justicia.

A tan sólo dos semanas de las elecciones del domingo 7 de junio,  los padres de los normalistas, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos se manifestaron la mañana de este martes desde diversos puntos de la capital de la República: Indios Verdes, Zaragoza, Tasqueña y el Auditorio Nacional. Desde esos lugares avanzaron  hacia el Zócalo capitalino. Entre sus reclamos destaca que no se realicen los comicios en el Estado de Guerrero, porque no existen las condiciones necesarias para un evento electoral de esta índole. Amenazan con bloquear las elecciones en la entidad.

Con una altavoz, los manifestantes advertían que “no vamos a cansarnos hasta encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, no es posible que Enrique Peña Nieto permita las desapariciones  forzadas de nuestros compañeros”. Los reclamantes mostraban retratos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Agentes de tránsito intentaban agilizar el tránsito, mientras un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevolaba la zona. En el operativo de vigilancia participaron 2 mil 600 agentes, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Las familias de los normalistas desaparecidos se niegan a aceptar la versión oficial. De ahí la importancia de la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se ha sumado a las labores de investigación para dar claridad al caso, por lo que se nombró al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que viajó a México para indagar los hechos.  Éstos han presionado a las autoridades federales para poder reunirse con militares. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el lunes que en los próximos días habría una respuesta de las autoridades a esa petición.

Del Auditorio Nacional partieron estudiantes integrantes del Frente Popular de la Ciudad de México, telefonistas y bomberos en resistencia; desde Tlalpan, salieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente, que llegaron a bordo de microbuses y quienes fueron quitando propaganda electoral a su paso. En pancartas portaban leyendas como “Fuera Peña”, “¿Dónde están nuestros hijos?”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “El Ejército los tiene”, “Castigo a los responsables”, y “Nos faltan 43”; en la calzada Zaragoza y calle 75, una centena de maestros mexiquense inició la manifestación; en el paradero de Indios Verdes un contingente de al menos 400 personas bloqueó las salidas de transporte público que se dirigen al Estado de México y después inició su marcha.

Un estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, manifestó que “se exige a las autoridades federales que presenten información y la relatoría de sus acciones para localizar a los estudiantes de Ayotzinapa”.  Agregó que “la información es difusa y reservada y los familiares necesitan que les digan a ciencia cierta qué pasó con los estudiantes”.

El lunes por la noche, el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a dar respuesta a la petición de una reunión con militares solicitada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la CIDH para dar seguimiento a las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Durante la reunión, el funcionario les informó que en los próximo días el Estado Mexicano dará respuesta oficial a la solicitud que el GIEI ha realizado para sostener una entrevista con integrantes del Ejército Mexicano”.

En dicha reunión participaron por parte del GIEI, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Ángela María Buitrago, mientras que por parte de la Segob, asistieron Osorio Chong, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el coordinador de asesores, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje.

Derivado de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del año pasado, relativos a la desaparición de 43 estudiantes normalistas, se han registrado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un total de 179 víctimas de violaciones de derechos humanos.

Jaime Rochín del Rincón, el comisionado presidente del CEAV, reportó que en el caso de los integrantes del club de futbol “Los Avispones” (que fueron atacados en Iguala), la Comisión Ejecutiva registró a 98 víctimas directas e indirectas, a quienes se les brindó atención multidisciplinaria y fueron sujetos de un programa de intervención individualizado. Agregó que otras personas se han acercado a la CEAV para solicitar apoyo en virtud de haber sido víctimas de hechos delictivos del fuero federal, relacionados con homicidios, amenazas y la privación ilegal de la libertad.

MATANZAS E IMPUNIDAD
Una prueba contundente de la inoperancia del Poder Judicial en México la presentó el investigador y antropólogo social de la Universidad de Alabama, en Birmingham, Chris Kyle, quien ha estudiado la inseguridad en el municipio de Chilapa, Guerrero, desde hace siete años. Desde que una suerte de “hiperviolencia narca” se disparó en esta zona amapolera de Guerrero a finales de 2013, una persona es asesinada en promedio cada 5 días.
Resume que en total, en apenas 1 año y 8 meses, 105 chilapenses han sido baleados, decapitados, desmembrados, apuñalados, ahogados y hasta lapidados, entre muchas otras formas de perder la vida. Eso sin contar los desaparecidos  que rondan los dos centenares. En 2014, este municipio de 112 mil pobladores tuvo una tasa de homicidios estratosférica, cercana a 54 por cada 100 mil habitantes que le habría llevado a ubicarse entre las 20 ciudades más peligrosas del mundo, de no ser una localidad tan alejada de la atención nacional e internacional.

Con al menos 3 matanzas en lo que va del 2015, Chilapa ya va en ruta de duplicar y demoler el récord del año anterior. Hasta el 20 de mayo había 47 homicidios contabilizados, tendencia que sugiere que el año terminará rondando las 100-110 ejecuciones. Kyle tiene registros pormenorizados de la muerte de albañiles, amas de casa, panaderos, campesinos, políticos, policías, comerciantes, taxistas, estudiantes, empresarios, ganaderos, vendedores de colchones, taqueros y hasta paleteros.

Prácticamente la totalidad de estos asesinatos permanecen impunes, lo que habla de la inutilidad de las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia en los tres niveles de gobierno.

CNDH INVESTIGA CASO TANHUATO
Por lo que toca a los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el municipio de Tanhuato, Michoacán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja y solicitó a las autoridades que estarían involucradas a rendir informes pormenorizados de su actuación. Consideró que la gravedad y trascendencia de las imputaciones que se formulan exigen que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor celeridad posible, sin afectar la seriedad y responsabilidad que se requiere.
En un comunicado, “la CNDH repudia el clima de violencia e inseguridad que en los últimos cinco meses se ha vivido en algunos estados de la República, dentro del cual se han generado diversos hechos que demandan ser plenamente aclarados, como son los de Tanhuato y los ocurridos el pasado 6 de enero en Apatzingán, también en el Estado de Michoacán”.
Reiteró la necesidad de que todas las investigaciones que se realicen cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, para evitar incurrir en violaciones a derechos humanos y se propicie que efectivamente se llegue a la verdad.

Al municipio de Tanhuato se trasladó Ismael Eslava Pérez, primer visitador general, a fin de dar continuidad a la investigación que se lleva a cabo.

DE LOS PASILLOS
Dicen que “juego que tiene desquite, ni quien se fije”. Y eso es precisamente lo que está fomentando el gobierno federal al convocar a quienes han perdido a sus familiares, pero del lado de la autoridad, es decir militares, federales, judiciales, policías municipales o estatales, a manifestarse, a realizar marchas de “solidaridad”, dejándole el claro a los ciudadanos que ellos se han visto sacrificados en su vida diaria, también se han desintegrado sus familias y todo ello por defender la Ley, por buscar una mayor seguridad para la población. Ya se verá si tal acción no les resulta contraproducente ya que en casi todas las investigaciones se ha tenido como resultado la complicidad entre autoridades y mafias y en el caso de enfrentamientos están todas las masacres registradas, la última arrojó un 42 por uno que sigue en el total “sospechosismo”.

Lo que más ha hundido a Monte Alejandro Rubido por los hechos en Tanhuato, es la mención a un “protocolo”. Señalan los comisionados en esa operación llevada a cabo el 22 de mayo en el rancho “El Sol” en los límites de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, que los civiles, supuestos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, los recibieron a plomazos, con armas de alto poder. Solo que, seguramente, digo yo, resultaron muy buenos para, también dicen, despojar a los propietarios de ese lugar de sus pertenencias pero buen tino para disparar no tenían. O sea que les dieron armas pero no entrenamiento y no le pegaban ni a un roble a veinte centímetros de distancia. Hasta al helicóptero que acompañaba al operativo le dispararon y tampoco le dieron. Fue una lluvia de plomo inútil porque los mataron los buenos, los uniformados que si les atinaron. ¿Estarían dormidos los malos? Si se tratara de operativos como parte de estrategias que en verdad desmontaran el poder de la delincuencia tendría el reconocimiento absoluto de la sociedad. Esta forma de justicia, a nadie agrada porque ahora es contra supuestos mafiosos ¿y después?...

La operación de Uber y Cabify en el Distrito Federal tiene su fondo. Por una parte y tal como lo señalamos en su oportunidad se trata del negocio de unos cuantos sin ninguna inversión y a través de un sistema que no es garantía alguna de seguridad o de protección ya que todos los trámites para que se cobre y facture, para poder recibir instrucciones de traslado de estas aplicaciones se realizan a través del correo y nadie sabe en donde se ubican estas empresas que, seguramente, buscaron tener un domicilio fiscal. Los taxistas están ciertos de que esta es la forma en la que se busca que tengan las autoridades un registro de sus ingresos y de ahí se parta para el cobro de nuevos impuestos. O sea que los han usado para todo, desde promociones comerciales o políticas, como voceros, también la han hecho de policías sobre ruedas en el terreno legal, como por las mafias para recomendar las casas de citas más famosas o los lugares en donde se vende droga. Las protestas hasta parecerían válidas frente al escenario que los trabajadores del volante enfrentan…

Con los comicios federales y locales a la vuelta de la esquina, apenas este martes el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos por los que se aprueban los registros de las plataformas electorales presentadas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT). Dichos convenios fueron tomados en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 28 de enero de 2015, los cuales indican que proceden los registros ante este organismo de las plataformas electorales que sostendrán los candidatos en los comicios federales a celebrarse el próximo 7 de junio…

Otra víctima más de la violencia electoral lo es Salvador Méndez, regidor de Chignahuapan y coordinador de campaña de un candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 2, quien fue asesinado de dos disparos  la noche del lunes en ese municipio del Estado de Puebla. Dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra Méndez cuando abandonaba las oficinas del PRI municipal de esa localidad. El dirigente nacional del PRI, César Camacho, exigió desde Manzanillo, Colima, que las autoridades poblanas investiguen este crimen, que presentan tintes políticos y “que ocurre en el enrarecido clima electoral en el estado, propiciado por las propias autoridades poblanas”. El líder priísta demandó que la policía de Puebla deje de intervenir ilegal e inescrupulosamente en el proceso electoral, como la ha venido haciendo, amedrentando, persiguiendo, espiando.