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1862 16 Junio 2015

 

 

Uber y la economía compartida
Eloy Garza González

 

San Pedro Garza García.- Uber es una aplicación para dispositivos móviles. No es un servicio de taxi concesionado. Cuando los sindicatos o permisionarios pidieron que Uber se sometiera a la regulación vigente, pidieron reglamentar la nada.

La neutralidad de la red impide que la autoridad pública pueda meter mano en cualquier aplicación de smarthpone. Igual pasa en el caso de Uber, por más marchas, estrangulamientos viales y demás medios de presión que emprendan los sindicatos obreros.

Pero si Uber no puede regularse, tampoco puede reconocerse legalmente mediante iniciativas para modificar la Ley del Transporte. El anverso sólo existe si hay reverso. ¿Cómo quiere entonces Luis David Ortiz, legislador independiente del Congreso local, considerar a Uber dentro del sistema de transporte privado de Nuevo León?

El mismo error de Luis David Ortiz lo comete el Gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo quiere Miguel Mancera regular una aplicación de smarthpone que trasciende países y a la cual puede sumarse cualquier permisionario de taxi, sin excepción? Sería como si la SCT pretendiera normar Whatsapp o Telegram y legalizarlos en el mismo rubro del servicio de mensajes de Telcel.

Por eso, flaco favor le hace la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a Uber y otras startups parecidas como Cabify, reconociendo los servicios de estas “empresas de transporte eficiente”. Para empezar, ni Uber ni Cabify son empresas de transporte eficiente ni deficiente, simplemente no son empresas de transporte; son aplicación para mejorar la coordinación entre conductores y pasajeros de estos medios de movilidad urbana. No registran a conductores como taxistas, sino como vehículos de renta con conductor. Esta diferencia es más que semántica.   

Ahora bien, cabe reconocer que el criterio jurídico que ubica a Uber no fuera de la Ley, sino al margen de cualquier legislación, se ha respetado en México más que en otros países aparentemente democráticos. Alemania, por ejemplo, ha decidido prohibir el uso de Uber en todo su territorio (aunque con la atenuante como dejar en libertad a Uber Black, que utiliza los ya célebres coches negros de alta gama). En España, Telefónica ha decidido bloquear “por sus pistolas” la web de Uber y la aplicación en los smartphones de sus clientes (aunque desbloquear esta app es tan sencillo como volver a darla de alta en Play Market o en App Store de iPhone).   

En el fondo, se olvida que el mejor remedio gubernamental para acabar con el nudo gordiano de Uber es no metiendo mano. Y es que si la revolución digital comienza a abrir mejores oportunidades de calidad de vida, ¿por qué vamos nosotros mismos a cerrarlas? No nos neguemos al nuevo modelo de negocio en expansión denominado “economía compartida”, que ha revolucionado el mundo empresarial. Bienvenido el futuro digital y fuera los sindicatos analógicos.

 

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