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1896 3 Agosto 2015

 

 

El zapatismo 20 años después, I
Jaime Martínez Veloz

 

E pur si muove
Galileo

Ciudad de México.- Los números no mienten. Las estadísticas no tienen signo político, solo muestran resultados. En 1994 el EZLN se levantó en armas, enarbolando las causas que hoy documenta el Coneval.

Las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas.

Medio millón más de indígenas pobres en los 2 últimos años. Un aumento en 300 mil del número de indígenas en pobreza extrema.

Entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de pobreza y, particularmente, la de pobreza extrema entre la población indígena y no indígena.

El porcentaje de población indígena en pobreza pasó de 72.3 a 73.2%, esto es, 8.7 millones de personas; medio millón más que en 2012.

El porcentaje de pobreza extrema pasó de 30.6 a 31.8%, es decir, 3.8 millones de indígenas; 300 mil más que en 2012.

La población con al menos una carencia social pasó de 92.6 a 92.1%; y aquella con al menos tres carencias de 56.1 a 54.8%.

El rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a la seguridad social, la calidad y los espacios en la vivienda fueron las carencias sociales que se redujeron.

En sentido opuesto, las carencias sociales que se incrementaron fueron los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Esta última con la mayor variación al pasar de 34.4 a 38.8%; 600 mil personas más que en 2012.

La población indígena con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo pasó de 42.4 a 43.9%, y la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar pasó de 74.5 a 76.1%.

A pesar de las reformas jurídicas aplicadas y los cada vez mayores recursos destinados para su atención, los pueblos indígenas han tenido un avance muy lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos niveles de pobreza, mayores carencias sociales, menor nivel de ingreso, menor representación política y los que sufren la mayor discriminación, entre los diversos grupos.

El incremento de recursos financieros a este sector, no ha influido en la disminución de los niveles de pobreza de la población indígena, porque es ahí donde reside la necesidad de entender, que enfrentar este grave problema no es solo un asunto presupuestal; es un tema que requiere abordarse en el marco del contexto económico y jurídico en el que se produce, que permita incorporar los derechos de los pueblos indígenas excluidos hasta hoy, para que puedan ser ejercidos a cabalidad.

Ante esta realidad, las instituciones de la República y la sociedad en su
conjunto, tenemos la obligación de reflexionar sobre las causas de este grave fenómeno y construir las opciones para enfrentarlo.

Contexto económico
Los ajustes en la forma de conducir la economía nacional a partir de los años 80, implicaron modificar la política económica y social, a partir de la aplicación de medidas que buscaban dar cumplimiento a compromisos asumidos por México con organismos internacionales y gobiernos de países desarrollados, en aras de incrementar la apertura y desregulación de la economía, y reducir drásticamente la participación del Estado como actor preponderante en la conducción de los procesos de desarrollo nacional.

Las expectativas que en su momento se generaron con estas reformas eran las de lograr estabilidad macroeconómica, mayores tasas de crecimiento, incremento de la competitividad en los sectores y ramas de la economía que estarían vinculados a mercados internacionales; y además, que estos procesos tendrían un efecto redistributivo a partir de la reducción de las brechas salariales, tanto entre sectores como con nuestros socios comerciales, y de una mayor eficiencia en la aplicación del gasto, lo cual, en suma, se traduciría en una reducción de la pobreza y de la desigualdad.

A más de tres décadas, se puede afirmar que la realidad ha sido muy distinta a la proyectada.  

En los últimos 20 años, la economía ha tenido un comportamiento pobre que se refleja en un promedio de crecimiento anual de 2.6% para el caso del PIB, y de 1.3% al considerar el PIB per cápita.

En la historia económica reciente encontramos períodos con algunos destellos en el comportamiento económico; en el período del 2008 al 2013, el país creció en un 2%, nivel por encima del promedio del conjunto de países de la OCDE, que fue del  0.8%; sin embargo, el porcentaje del gasto público respecto del PIB fue de apenas el 27.2%, cuando el promedio del conjunto de países de la OCDE fue del 42%.

Los niveles productivos se mantuvieron estables, de esta forma se esperaría que las economías de las familias se comportaran de la misma manera, sin embargo no fue así. La problemática se encuentra en el contrato social, en donde la distribución de los beneficios solamente favorece al capital y no al trabajo.

En los últimos veinte años, el salario mínimo real tuvo un decremento del 27% y las fortunas de las 9 familias más ricas del país han crecido casi 10 veces entre 1996 y 2014, al pasar de un total de 13 mil trescientos millones de dólares en 1996 a 131 mil setecientos en 2014.

Ningún país aguanta una situación de esta naturaleza, sin pagar las consecuencias.
El crecimiento de la minería
Entre el año 2000 al 2010 se produjeron 420 toneladas de oro, cuando en tres siglos de Colonia sólo se produjeron 190 toneladas. Es decir en 10 años se produjo más del doble del oro que se produjo en más de tres siglos de la Colonia.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que en el periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos; de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 pesos ingresaron a las arcas nacionales por concepto de pago de derechos sobre minería, monto que representa sólo el 2.2% del valor total de la producción minera.

La industria minera multiplicó sus ganancias, y en paralelo causó un enorme daño  al medio ambiente y deterioro del tejido social de las comunidades, sin que sus resultados se vieran expresados en mejores niveles de desarrollo de los pueblos indígenas, como tampoco de las arcas nacionales.

 

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