Ni olvido ni silencio
Luis A. González Tule
Cuernavaca.- El asesinato de Rubén Espinosa, fotoreportero y activista que huyó de Veracruz por amenazas de muerte, es la cara más cruel de un gobierno intolerante que utiliza sus tentáculos para callar a quienes denuncian sus abusos de poder.
De un gobierno que elimina al transmisor de una realidad que le incomoda, que calla la voz de quien busca defender un derecho consagrado pero inalcanzable que es la libertad de expresión.
Y en este caso los tentáculos del gobernador de Veracruz, César Duarte, se extendieron hasta la capital del país para matar al mensajero. Para acabar con el artista que lo retrató de cuerpo entero en una foto que ilustró la portada de la revista Proceso en su edición 1940, y que Ignacio Carvajal describió en el portal SinEmbargo: “Ojos inyectados. Mirada extraviada. Labios entreabiertos. Orejas para atrás igual que las aguzan los perros al acecho. El ceño adusto tras las gafas y una gorra de policía…”.
Es una realidad que la integridad del periodista en México nunca ha estado garantizada para los que rechazan las dádivas del poder. Frases célebres como la de López Portillo son el reflejo de una escuela de políticos intolerantes: “no pago para que me peguen”, dijo en alusión a las denuncias de corrupción publicadas en Proceso.
Pero desde principios de la década pasada la situación se volvió alarmante. Tan sólo en Veracruz, desde que Duarte llegó a la gubernatura, van 15 periodistas asesinados.
La organización Reporteros sin Fronteras ubica a ese Estado como el principal foco rojo para los que viven de la profesión, y a México en la posición 148 de 180 países en su clasificación mundial de la libertad de prensa 2015. Por encima de países con conflictos internos como Afganistán, de la nación con el porcentaje de homicidios más alto a nivel mundial (Honduras) y de monarquías de corte absolutista como Marruecos.
Reporteros sin Fronteras advierte lo que bien sabemos: México fue el país más mortífero del Continente Americano; continúan las amenazas, los secuestros, la impunidad y la corrupción. Además de que los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos son ineficaces e incapaces de responder a las demandas de los periodistas.
La muerte de Espinosa y de las otras cuatro mujeres junto a él no debe quedar impune ni convertirse en una estadística más en la lista de periodistas caídos. Lamentablemente, poco puede esperarse de las investigaciones que realice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuando la “justicia” está politizada. Cuando el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha hecho todo lo necesario para encubrir al PRI. El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez es la mejor evidencia.
Menos aún se puede esperar que el gobierno de César Duarte sea investigado si no ha sido capaz de dar respuesta por los 14 asesinatos de periodistas cometidos en esa entidad en lo que va de su mandato. Aunque quizá ahora sí tenga razón su Secretario de Gobierno Erick Lagos, cuando supuso que el asesinato de Gregorio Jiménez, un periodista de medios locales, “nada tiene que ver con el ejercicio del periodismo […] sino con una venganza o un ajuste de cuentas”. Quizá ahora sí fue un ajuste de cuentas, pero del gobierno de Veracruz contra Rubén Espinosa y que acabó con la vida de cuatro activistas más.
La Federación Mexicana de Futbol ya sentó un precedente al retirar al Piojo Herrera como director de la Selección nacional por agredir a un periodista. ¿Cuándo se presentará ante los tribunales a César Duarte por los crímenes que ha cometido? Frente a cualquier tipo de violencia en contra de quienes denuncian los abusos del poder político, frente a la barbarie del uso ilegítimo de la fuerza del Estado, ni olvido ni silencio, exigimos castigo y estado de derecho.
