Docentes “no idóneos”
Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- Durante los últimos meses, tanto en período laboral como vacacional, la lucha del Movimiento Magisterial Nuevo León ha estado presente en nuestra comunidad y se ha dejado sentir en rechazo a la reforma educativa.
Su planteamiento concreto es que la Secretaría de Educación cancele el examen de desempeño docente del Calendario de Evaluaciones INEE 2015, por no existir las condiciones necesarias para llevarse a cabo.
Además, ante los Congresos de diversos Estados de la República han planteado abrogar la “reforma educativa” por una verdadera reforma que contenga auténticas propuestas pedagógicas y metodológicas, que revise planes y programas de estudio, que tenga un carácter formativo y, sobre todo, que incluya al magisterio nacional en la elaboración de dichas reformas.
El planteamiento completo del Movimiento Magisterial Nuevo León se sostiene en ocho consideraciones, las cuales como maestra hago mías:
1.- Que las “reformas estructurales” lesionan de manera directa a la sociedad y su tendencia es la privatización de los grandes sectores sociales, donde se establecen políticas económicas que conllevan a la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, a la pérdida de la seguridad social para dar paso a la relación individual y administrativa, dejando a un lado las relaciones laborales y, con ello, se lesionan derechos adquiridos por los trabajadores.
2.- Que a pesar de implementar dichas “reformas”, el Estado se ha mostrado incapaz de convencer a la sociedad, ya que lejos de su aceptación ha logrado el rechazo de todos los sectores en donde se han insertado.
3.- Que la mal llamada “reforma educativa” es realmente una reforma laboral que el magisterio nacional rechaza categóricamente, por ser lesiva a los derechos laborales y por carecer de una propuesta pedagógica, ya que no reforma planes y programas de estudio, ni modelos, metodologías o técnicas de estudio, solamente es un pretexto de un examen para el despido de los maestros, de ahí su carácter punitivo, pretendiendo privatizar las educación al incluir el concepto “autonomía de gestión” en las escuelas.
4.- Que la calidad en la educación no se da por decreto. Para ello, se debe hacer un previo diagnóstico, cuantificar y cualificar resultados, hacer cambios estratégicos y dar una directriz del ciudadano que deseamos como nación, no por moda sexenal, sino por un proyecto nacional, con metas precisas y no ocurrencias, donde los agentes principales (familias, maestros y alumnos) participen de manera proactiva, pero también se evalúe la infra-estructura escolar no propicia para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5.- Que la evaluación estandarizada que el INEE pretende aplicar no es una evaluación formativa, más bien es el pretexto para etiquetar a los docentes como “no idóneos” y así condenar a los aspirantes de nuevo ingreso a no ser contratados o retirar del servicio docente a los maestros en activo a tareas administrativas, so pena de despedirlos sin ningún derecho laboral.
6.- Que la Ley General de Servicio Profesional Docente deroga todos los derechos adquiridos por los trabajadores y desconoce la calidad de “trabajadores” para convertirlos en “sujetos administrativos”.
7.- Que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el empleo magisterial son consideradas “condiciones administrativas” y dejan de ser derechos laborales, al establecer de manera unilateral en su artículo 67: “La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde al Instituto y a la Secretaría en el ámbito respectivo de sus atribuciones”.
8.- Que el proceso y desarrollo del Calendario de Evaluaciones presenta fallas y errores desde su planeación e implementación, tales como:
a).- No es un examen voluntario en la etapa de permanencia, se notifica mediante e-mail a los maestros que fueron “seleccionados” para presentar.
b).- No se notifica con prudente anticipación a los candidatos a evaluar.
c).- No existe una guía de estudios, ni bibliografía del examen.
d).- La contraseña de acceso a la plataforma no se envía 3 meses antes.
e).- No hay un manual de operación para directores y/o inspectores.
f).- Falta clarificar, publicar y difundir los criterios, rangos, puntajes o escala de valores de cada una de las etapas de evaluación del desempeño.
g).- No hay mecanismos de transparencia en el proceso de valoración del examen que garanticen honestidad e imparcialidad para el docente.
h).- No hay derecho de réplica para inconformarse contra resultados.
i).- No existe un padrón de maestros certificados para evaluar.
