Orwell y la ley Fayad
Ernesto Hernández Norzagaray

 

Mazatlán.- George Orwell, alguna vez llamó la atención sobre la dificultad de ver lo que está delante de nuestros ojos, por requerir un esfuerzo constante.

Y vaya, tenía razón el autor de 1984, la  novela mítica sobre el totalitarismo que adquiere vigencia sorprendente cada vez que un gobernante trata de adoptar medidas para el control ciudadano aun cuando se diga, como hoy lo hace el senador Omar Fayad, desde la “buena fe”.

La sociedad mexicana tiene amenazas y estás se han hecho cada vez más sofisticadas a través de la internet, sin embargo, si en aras de combatirlas se confiscan derechos sale más caro el remedio que la enfermedad.

Recordemos que las sociedades que se reconocen como democráticas están construidas en el reconocimiento de derechos, hoy se habla sorprendentemente de derechos de sexta generación correspondientes, ya no para usted o para mí, sino para los llamados seres tras-humanos, es decir, “personas con identidad genética-cognitiva-informacional alterada por las modificaciones geno-nano-robo-tecno”.

Entonces, cualquier iniciativa legislativa con inspiración democrática, debiera estar destinada a cumplir con el doble propósito: Combatir amenazas y garantizar principios de libertad e igualdad que son derechos de segunda generación. Del siglo XIX europeo, para no hacerlo más difícil, con los de última generación.

Así, cuando Omar Fayad Meneses, senador priista por el estado de Hidalgo, presentó recientemente a “título personal, no de mi partido”, una iniciativa para “Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos”, inmediatamente provocó una reacción en contra por considerar que sustantivamente trata de confiscar derechos, y fue tan fuerte la oleada de señalamientos, que literalmente terminó tirando la toalla y ofreciendo “quemarla”.

Sin embargo, siendo mal pensado el diseño de la ley y su presentación fuera de agenda legislativa, como ha dicho el diputado perredista Miguel Barbosa cuando afirma que “no es tema para discutirse en las próximas semanas”, lo que hace suponer que logró su objetivo inicial que era posicionar el tema en la opinión pública. 

Ahora, como lo ha aceptado el senador Fayad, irá por la opinión de especialistas para elaborar una nueva iniciativa que tenga un consenso básico o sea como en el beisbol: esto no se acaba, hasta que se acaba.

Es decir, la idea de ir contra los llamados ciberdelitos no se desecha, hay asuntos que deben blindarse para no afectar patrimonios o la seguridad de las personas, pero hay otros que son inadmisibles como los relativos a la libertad de expresión que no puede ser considerado como tal. 

Más, cuando en la red de internet, los ciudadanos han encontrado un espacio para informarse libremente y dialogar con pares sobre los temas más sentidos de la nación.

Existen en ella verdaderas comunidades de información, formación y toma de decisiones. Es decir, la red ha democratizado la opinión pública y es un resorte para la participación pública, y en razón de ello, es indispensable antes que limitarla ampliar su cobertura y garantizar el derecho a saber en libertad.

Fayad, al proponer está iniciativa, elaborada en colaboración con personal de la Secretaria de Gobernación y la Policía Federal que le da un carácter de Estado, como quedó constancia en el video de presentación, hoy la rechaza buscando, quizá, evitar que se considere que la iniciativa fue elaborada en la propia Secretaria de Gobernación y que este tema se encuentra en la agenda de gobierno.

Menos, todavía, que el gobierna busca tener control sobre los cibernautas y lo que circula en la red, de la misma manera que hoy se tiene en los medios de comunicación convencionales como lo demuestra el affaire de la llamada Casa Blanca que terminó con el despido de Carmen Aristegui de MVS.

Desafortunadamente para el promotor de la iniciativa el blindaje atentaba contra derechos consagrados por la carta constitucional cuando propuso en el artículo 21:

A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días del salario mínimo vigente.

Evidentemente este tipo de intimidación existe en la red y debe ser combatida con todos los medios al alcance del Estado, pero debe ser garantizando el derecho a la libertad de expresión, porque bajo esa figura perfectamente se podría alcanzar a voces disidentes derivando en múltiples ocasiones en conductas criminales, incluida la muerte, como acaba de suceder con un bloguero de Ciudad Juárez.

Más aún, cuando en los artículos 22, 23 y 24  de la iniciativa, se contemplaba el perfil de una ley mordaza para quienes ejercen el periodismo. Expresamente el capítulo que lleva por título “Delitos contra la Divulgación Indebida de Información de Carácter Personal”, es decir, con este articulado se obliga a que el periodismo de investigación no difunda información sin, ojo, la anuencia de quien pudiera estar señalado en actos de corrupción o violación de derechos humanos.

Por si fuera poco, el usuario que circule este tipo de información, podría ser encarcelado en el caso de un retweet políticamente incorrecto. Con estos artículos perderíamos todos y la red se volvería intransitable en un país con serios problema de corrupción y escándalos políticos.

Sé que la ley ya no será la misma, sin embargo, en este país ocurre con mucha frecuencia que cuando se busca socializar temas legislativos espinosos se hace el ruido mediático y construyen consensos, y a la hora de aprobar esa ley, algo queda de lo que supuestamente no se quería y la ciudadanía pierde en beneficio de intereses del poder.

En definitiva, si bien es necesaria una ley capaz de atacar los ciberdelitos, ésta no debe derivar en un control sobre todo el sistema informático, lo que en caso contrario, da consistencia a otra de las frases magistrales de George Orwell:

El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez.

Y, así las cosas, hay que sostener el esfuerzo para no dejar de ver este tipo de decisiones públicas.